Luego de recibir un pedido de auxilio a través del sistema 911 por agresión, efectivos de la Comisaría 20 Metropolitana acudieron al llamado y encontraron a la víctima y joven madre de un menor de edad con rastros visibles de violencia, procediendo a la aprehensión del victimario, un abogado, por orden fiscal. El hecho ocurrió en una vivienda de Asunción.
El hermano de la víctima manifestó su preocupación por redes sociales y el estado en que encontró a la hermana, mencionando que por milagro puede contar lo sucedido, ya que la mujer sufrió lesiones en diversas partes del cuerpo y principalmente en el rostro por parte de su pareja.
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En ese sentido, la fiscal Ruth Benítez formuló imputación en contra del abogado por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar. Asimismo, requirió su prisión preventiva. La Fiscalía a través de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar actuó de inmediato, dando contención a la víctima y solicitando medidas de protección para la misma.
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Semanas atrás también fue denunciado un abogado por violencia familiar, por lo que la misma fiscal acudió al llamado de auxilio para rescatar a la víctima. En el lugar se encontró un arsenal de armas de fuego, por lo que el hombre también fue detenido e imputado por sus acciones.
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Ciberestafas: delincuentes usan promos de gancho y se valen de códigos de seguridad para acceder a cuentas
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, compartió hoy una guía para no caer en estafas y explicó en qué consiste la “ingeniería social”.
“Ingeniería social es cuando el delincuente tiene un cúmulo de información acabada de la persona para poder atacar”, detalló este martes en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En ese sentido, mencionó que el estafador sabe tu nombre y apellido, número de teléfono, tiene tu fotografía, conoce lugar de trabajo, quienes son tus compañeros de trabajo, incluso a qué colegio van tus hijos o donde trabaja su señora o tu esposo. “Tiene información privilegiada”, indicó.
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Incluso sabe qué telefonía usás. “Por eso cuando llama, le llama por su nombre y se presenta como funcionario de dicha telefonía y ofrece un gancho apetecible como saldo ilimitado, internet con alta velocidad, no pagar por tres meses, bajar la promoción”, señaló.
El segundo paso consiste en hacer confirmar el código de seguridad. Te dice que para acceder a la promoción vas a recibir un código por mensaje.
“Es para que la persona pueda recibir un código de seguridad que luego utilizan ellos para quedarse con el WthasApp la cuenta bancaria u otro servicio que envía un token al usuario para activarse posteriormente”, precisó el experto.
El código se recibe en el correo electrónico o en el WhatsApp y ese código es lo que el ciberdelincuente necesita para “secuestrar” el WhasApp, añadió.
De manera a no caer en engaños, recordó que están las llamadas gratuitas de las telefonías con las cuales se pueden llamar a confirmar si existe dicha promoción. Pero nadie llama a confirmar la veracidad del ofrecimiento.
“Yo tengo que cortar toda llamada en ese momento, porque nadie garantiza que sea de la telefonía o la entidad o de la empresa que te están llamando”, apuntó el especialista.
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Lambaré: turba de vecinos y familiares de aprehendidos en barrio Pantanal atacó a policías
Agentes de la Comisaría 17.ª Central fueron víctimas de un violento incidente en el barrio San Isidro, conocido como Pantanal, de Lambaré, cuando vecinos y familiares de tres aprehendidos intentaron impedir que la patrullera se llevara a los sospechosos hasta la comisaría.
Fueron atacados por una turba durante un procedimiento realizado alrededor de las 18:00 del domingo por un presunto hurto de una motocicleta en inmediaciones de las calles San Ignacio y Saraví. Un hombre que sufrió el robo de su motocicleta siguió a los supuestos delincuentes hasta la entrada del barrio Pantanal y ahí dio aviso a la policía.
Cuando llegaron los agentes, pidieron refuerzos e ingresaron al sitio y visualizaron a algunas personas transportando dos biciclos de dudosa procedencia. Uno de los ocupantes, que estaba remolcando la moto, cuando los agentes se acercaron, abandona la motocicleta aparentemente hurtada.
A partir de eso, los intervinientes ingresan a la zona y logran la aprehensión de tres sospechosos: Cristofer Garcete Delvalle (19), Cristian Nahuel Reyes (23) y Hernán Salvador Benítez (19).
El problema se originó cuando la policía intentó sacar a los aprehendidos del barrio; tanto los familiares como los vecinos se opusieron al procedimiento e intentaron evitar que los agentes se lleven a dichas personas.
Golpearon el móvil de la policía, pusieron una motocicleta como obstáculo, arrojaban piedras y se colgaban de la patrullera que sufrió daño en una de sus puertas. Los agresores también intentaron romper el parabrisas.
Debido a la presión de la turba, los policías optaron por retirarse y levantar las evidencias. Además, trasladaron a los aprehendidos a la sede de la Comisaría. Pero por seguridad, luego fueron derivados a la Comisaría 1.ª. de San Lorenzo.
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La motocicleta denunciada como hurtada es una Leopard HB 110 Buzz, de color gris, año 2021, matrícula 272AAKE, que fue recuperada durante el procedimiento. También fue incautada una motocicleta Kenton GL 150, modelo 2019, de color rojo, con matrícula 723HEF.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras una alerta del Sistema 911 y, con información proporcionada por la víctima, localizaron a los sospechosos cuando circulaban por la zona. Uno de ellos abandonó la motocicleta hurtada y huyó hacia un pasillo, ingresando posteriormente a una vivienda.
Los intervinientes lograron aprehenderlo luego de una persecución, aunque durante el procedimiento se produjo la resistencia de varias personas del lugar, quienes intentaron impedir el traslado del sospechoso. Posteriormente, rodearon la patrullera policial, lanzando objetos contra el móvil y colocando una motocicleta detrás para bloquear su salida.
Finalmente, los agentes lograron salir del lugar y aprehendieron a los otros dos sospechosos, trasladando a los tres hasta la sede policial junto con las evidencias. El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal n.º 01 de Lambaré, Nora Cubilla.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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