La Policía Nacional reportó un asalto tipo comando, donde una banda de criminales interceptaron un camión que llevaba 26 mil kilos de carne, sobre la ruta PY03 en el departamento de San Pedro; estos se apropiaron de todo el cargamento. En horas de la madrugada de hoy sábado, agentes de investigaciones encontraron el tractocamión, pero sin su remolque.

Según el reporte de los intervinientes, el hecho se registró cerca de las 21:00 de ayer martes, a la altura del kilómetro 94 en el departamento de San Pedro, en el límite con el departamento de Cordillera. Un grupo de hombres a bordo de una camioneta cerró el paso al camión que era guiado por Cristiniano Vera Almirón, de 58 años.

El conductor fue reducido, maniatado y luego lo subieron a la camioneta, se apoderaron del camión y luego lo abandonaron en una cuneta, quedando bajo custodia de dos personas, quienes horas más tarde recibieron un llamado y lo dejaron. Vera logró salir de la cuneta y pidió ayuda a los que pasaban por el lugar.

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Al radicar su denuncia, la víctima indicó que eran unos cuatro hombres los que lo atacaron, tres descendieron de la camioneta y uno quedó como conductor. Luego uno de ellos tomó el camión marca Scania de color naranja, que llevaba un contenedor blanco cargado con 26.000 kilos de carne vacuna.

Cerca de las 4:00 de este miércoles, agentes del departamento de Investigaciones encontró el camión en la zona de Villeta, pero ya no llevaba el contenedor perteneciente al frigorífico Frigonorte, que partió desde Pedro Juan Caballero con destino al puerto Caacupemí, en Mariano Roque Alonso.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y agentes de Investigaciones están realizando el trabajo para identificar al los responsables. Además, están recolectando imágenes de cámaras de seguridad para hace el seguimiento de los maleantes.

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Leonardo Machado Orihuela, hermano del excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado Orihuela, se encuentra imputado y con prisión preventiva tras ser denunciado por un supuesto caso de abuso sexual contra una adolescente en el departamento de San Pedro.

El caso salió a la luz en enero pasado, en la localidad de Villa del Rosario, donde la familia de una joven de 17 años lo acusa de haber cometido reiterados abusos entre diciembre y enero.

De acuerdo con la denuncia, la víctima trabajaba como empleada doméstica en la vivienda del procesado, circunstancia que habría sido aprovechada para perpetrar los hechos. La abogada de la familia, Gisselle Auada, sostuvo que incluso la esposa del acusado habría tenido conocimiento de la situación sin intervenir.

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Siempre según la versión de la parte denunciante, Machado habría intentado evitar que el caso trascienda ofreciendo inicialmente una vaca lechera y posteriormente la suma de G. 50 millones a cambio de silencio, propuestas que fueron rechazadas.

Tras la formalización de la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, el fiscal Walter Melo Acosta resolvió imputarlo por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación.

El vínculo familiar con un exjefe policial genera preocupación en el entorno de la víctima, que teme eventuales influencias en el proceso. Por ello, la defensa solicitó celeridad en la causa y pidió que se avance hacia la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.

Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada, en Asunción, mientras prosiguen las diligencias del Ministerio Público.

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Apuntando hacia un país más industrializado, avanza el proyecto de crear un parque industrial en el departamento de San Pedro, donde ya se tiene identificada una zona para el desarrollo del complejo, a través del cual se busca atraer inversiones y generar empleos.

En ese contexto, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, recibió al gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, ocasión en la que conversaron acerca del desarrollo de un parque industrial en el segundo departamento. El proyecto forma parte de una estrategia para impulsar la industrialización en Paraguay.

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En el encuentro las autoridades destacaron la importancia de avanzar en un ordenamiento territorial claro y sostenible, que brinde previsibilidad a los inversionistas y garantice condiciones adecuadas para el desarrollo de industrias a largo plazo.

“Es clave que los industriales tengan previsibilidad. Una vez que instalan sus industrias, deben contar con la certeza de que podrán operar por 20, 30 o 40 años sin cambios en el ordenamiento territorial, evitando costos adicionales que afectan la inversión”, expresó. Riquelme remarcó que el objetivo del Gobierno es llevar la revolución industrial al interior del país, promoviendo el desarrollo productivo en departamentos con alto potencial como San Pedro.

El jefe departamental valoró el acompañamiento del MIC y destacó que el proyecto responde a una visión de transformación estructural para el departamento. Mencionó que ya se cuenta con una zona identificada para el desarrollo del parque industrial, sobre la cual se trabajará en un proyecto ejecutivo, con miras a consolidar un espacio competitivo y atractivo para futuras inversiones.

Actualmente, operan ocho parques industriales en Paraguay, de los cuales seis son privados, uno es mixto y uno público, según datos del MIC. En tanto, está en desarrollo un parque industrial y logístico en la ciudad de Filadelfia, Chaco paraguayo.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.