Un hombre se encuentra desaparecido desde ayer en horas de la tarde luego de ir a pescar en un arroyo de Caaguazú, departamento de Caaguazú. Recién hoy se iniciaría su búsqueda por el cauce hídrico luego del reporte de la Policía Nacional a la Fiscalía.
De acuerdo con la fiscal Norma Salinas, aún se desconoce la identidad del ciudadano que fue visto por última vez en el arroyo 3 de Noviembre que cuenta con 40 kilómetros de extensión. Aparentemente, el hombre se encontraba acompañado de otra persona que habría escapado del sitio por temor. “Me llamó el comisario sobre una persona perdida. Según la información, lo vieron bracear y luego ya no se vio el cuerpo. Es un arroyo tipo río, 40 kilómetros dicen que tiene”, expresó la fiscal.
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La agente del Ministerio Público reportó que contará con especialistas en búsqueda desde este viernes debido a que la oscuridad de la noche no contribuye a encontrar a la persona desaparecida.
“Es un arroyo tipo río, muy profundo. Hoy vamos a solicitar a personas experimentadas que puedan colaborar con una embarcación. La Policía solo sabe que fue a pescar. Todavía no tengo el informe con su nombre. Anoche no podíamos salir porque es un camino de tierra, cuesta mucho si no tenemos luz para trasladarnos”, afirmó Salinas en contacto con 1080 AM.
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Gobierno evalúa instalar mesa de diálogo para atender reclamos de cañicultores
El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Cañicultores, quienes reclaman al Gobierno el cumplimiento de obras paralizadas, el reajuste de precios por tonelada y el inicio inmediato de la zafra. Del encuentro participaron Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, y César Sosa, gobernador del Guairá.
“Esto es una problemática social, hay miles de familias que dependen directamente del cultivo de la caña de azúcar; las reivindicaciones son completamente válidas. Tenemos las esperanzas de que se llegue a una mesa de trabajo que finalmente termine levantando las medidas de fuerza que finalmente afectan los derechos de terceros“, dijo Soto en entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.
“Entiendo yo que se va a establecer una mesa de diálogo porque esto no será inmediato, algunas cosas se solucionarían rápidamente, mientras que otras tendrían un plazo más largo. Debemos valorar la predisposición que tuvo el vicepresidente en llamar al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que atienda los reclamos del sector cañero”, indicó.
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Entre los principales reclamos está la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.
Otra solicitud es el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. El último requerimiento guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.
“Se llegó hasta este punto por la falta de diálogo. Queremos llegar a una solución, que el sector cañero se pacifique, que los cañicultores estén en sus chacras trabajando y no en las calles. El presidente Santiago Peña y su gobierno ya han demostrado que quieren estar al lado del sector cañero”, remarcó Soto.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, señaló que lo que piden “es una estabilidad laboral y eso será el nuevo tren de molienda, al tener esto ya estaremos como pequeños productores muy agradecidos al gobierno. Esperamos una voluntad política, para sentarnos a dialogar y ver soluciones". Se aguarda que en el transcurso de la fecha los cañicultores mantengan un encuentro con el titular de Petropar.
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Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
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También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos para concretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán la comisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
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Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
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Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
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Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.