Hoy es el quinto día de paro y manifestación contra la suba del combustible por parte de los camioneros en distintos puntos del país. En la zona de la ruta Luque-Emboscada, los cierres intermitentes de 5 minutos se acordaron con la Policía Nacional para que no haya tanta congestión.
Al respecto habló el comisario Emilio Alfonso y confirmó acerca del acuerdo llegado con los manifestantes. Lo que inicialmente se estaba haciendo cada 10 minutos esta mañana, lo acordado fue de 5 minutos para que no se genere una fila larga de vehículos.
“Apenas 5 minutos. Hablé bien con ellos, saben que no pueden coartar el derecho de terceros, ellos comprenden, pero tienen que hacerse sentir también. Nosotros estamos acá para garantizar la manifestación de ellos, pero cuando coartan el derecho de terceros, nosotros tenemos que actuar. Conversé con el dirigente y acató mi pedido y ya salieron nuevamente de la ruta”, expresó en contacto con “A punto” del canal GEN - Nación Media.
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Así también, el comisario confirmó que ya no hay personas retenidas contra su voluntad el día de hoy. “Absolutamente no, eso nosotros ayer ya hemos solucionado en este punto de la manifestación. Desde la tarde-noche de ayer, ni un vehículo retenido, eso nosotros estamos controlando. Si encontramos un vehículo retenido, inmediatamente vamos a liberar para que continúe su viaje”, aseguró.
Este acuerdo es mientras se espera alguna conversación entre el Gobierno y los representantes del gremio de camioneros. Hasta el momento, la reunión que se desarrolló esta mañana en el Ministerio del Interior con los camioneros no tuvo avances y quedó en cuarto intermedio.
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Argentina: policías tomaron una sede en Misiones en reclamo de aumento salarial
Policías, expolicías y familiares tomaron ayer viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial. Manifestantes se concentraron frente a las sede a las 16:30 e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede.
Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta, informa la emisora Cadena 3. A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia que se sumaron al acuartelamiento.
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La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto. Mientras, sectores como el de salud y educativo se sumaron a las reivindicaciones salariales de los policías.
Huelga general
El pasado 9 de mayo el presidente de Argentina, Javier Milei, enfrentó la segunda huelga general contra el “ajuste brutal” de su gobierno, que paralizó servicios de transporte por tierra, mar y aire; así como instituciones educativas, financieras y comercios en todo el país.
Convocado por la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), el paro de 24 horas no previó una movilización en las calles y tuvo la adhesión de trabajadores estatales, de salud, turismo, tranviarios y del subterráneo de Buenos Aires, entre otros.
La CGT acusa al gobierno del ultraliberal Milei de carecer de “diálogo social” e implementar “un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.
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Fuente: Europa Press - AFP
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FMI allana desembolso de USD 800 millones a Argentina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que su personal técnico llegó a un acuerdo con Argentina sobre la octava revisión del paquete de ayuda que allana el desembolso de casi 800 millones de dólares, días después de la segunda huelga general en el país. En 2022 el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino acordaron un programa crediticio en virtud del cual el país sudamericano recibe 44.000 millones de dólares a 30 meses a cambio de que aumente sus reservas internacionales y reduzca el déficit fiscal, de 3 % del Producto Interno Bruto en 2021 a 2,5 % en 2022, 1,9 % en 2023 y 0,9 % en 2024.
El FMI está satisfecho con el plan del presidente ultraliberal Javier Milei porque “ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa”, afirma en un comunicado emitido el lunes pasado.
Destaca sobre todo “el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano”. Un superávit logrado con miles de despidos y el deterioro de salarios y jubilaciones en un país que atraviesa una fuerte recesión económica, con una inflación que roza el 290 % interanual.
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La organización internacional considera que las autoridades argentinas “han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones”. En la calle las protestas se suceden desde que Milei asumió el cargo en diciembre pasado con un plan “motosierra” para recortar el gasto.
El Fondo afirma que se llegó a “un entendimiento sobre las políticas para seguir afianzando el proceso de desinflación, reconstituir las reservas internacionales, apoyar la recuperación y mantener el programa firmemente encauzado”.
El acuerdo queda sujeto a la aprobación del directorio, que se reunirá en las próximas semanas. No precisa la cantidad del desembolso, pero un portavoz del FMI confirmó a la AFP que corresponde a la prevista en el programa, es decir casi 800 millones de dólares.
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“Mejores de lo esperado”
Los resultados son “mejores de lo esperado”, pero “es necesario que continúen realizándose esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, afinar los marcos de política monetaria y cambiaria, así como atender los cuellos de botella para el crecimiento”, estima la organización financiera.
Los expertos del Fondo y el equipo del ministro de Economía argentino Luis Caputo acordaron metas para avanzar en las reformas. Se mantiene el objetivo de alcanzar el equilibrio sin financiación neta del banco central, reducir los subsidios y reforzar el control del gasto.
Se estima que las reformas actuales “cuidadosamente secuenciadas servirán para apuntalar la recuperación económica” y solventar los obstáculos a la productividad, la inversión privada y el empleo formal. Asegura además que la política monetaria “evolucionará” para bajar la inflación y la cambiaria “se hará más flexible”.
Milei quiere levantar en cuanto pueda el llamado cepo cambiario, es decir un control de cambios vigente desde 2019, que limita el acceso a dólares en un país con inflación históricamente alta en el que la divisa estadounidense oficia de valor refugio para los ahorros. Pero para eso calcula que necesita unos 15.000 millones de dólares (aparte de los acordados en el programa crediticio). El Fondo no menciona que vaya a prestarle más dinero.
Fuente: AFP.
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Hirieron a 26 policías en manifestación de estudiantes en México
Al menos 26 policías resultaron heridos este lunes por el lanzamiento de cohetes pirotécnicos por parte de estudiantes de la escuela de maestros Ayotzinapa que protestaban frente al palacio presidencial, en Ciudad de México, por la desaparición de 43 alumnos de esa institución en 2014. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dijo en un comunicado que los policías resultaron heridos por esquirlas de los cohetones.
“Paramédicos atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos. Todos fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada que requieren”, dijo.
La dependencia añadió que los manifestantes se retiraron del lugar tras la manifestación. Imágenes de la prensa mexicana muestran a los manifestantes lanzando cohetes pirotécnicos a una de las puertas del palacio presidencial mientras policías con equipo antimotines intentan protegerse.
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La manifestación ocurrió luego de que ocho militares presuntamente implicados en la desaparición de 43 estudiantes de esa escuela del estado de Guerrero (sur) en 2014 salieran de prisión para seguir su proceso en libertad. A inicios de marzo, un grupo de manifestantes de Ayotzinapa irrumpió por la fuerza en la sede presidencial para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes.
Ese día, los manifestantes derribaron una puerta del palacio con una camioneta para después ingresar al mostrador donde se registran los visitantes mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su habitual rueda de prensa matutina. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Solo fueron identificados restos de tres de ellos.
La pesquisa del anterior gobierno (2012-2018) -conocida como “verdad histórica”- apuntaba a que fueron detenidos por policías municipales en colusión con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con enemigos.
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Tras asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río, según esa versión, rechazada por las familias y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el caso. Una vez asumió el poder en 2018, López Obrador creó la Comisión para la Verdad (COVAJ) a fin de realizar una nueva pesquisa.
En ese marco, la Fiscalía ordenó el arresto de 132 personas, incluidos 14 militares y el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de la “verdad histórica”, quien fue trasladado a prisión domiciliaria a mediados de abril. La COVAJ aseguró en octubre pasado que el Ejército estuvo al tanto del secuestro y la desaparición, y reiteró que fue un “crimen de Estado”.
Fuente: AFP
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Avanza plan piloto de reinserción de personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.
Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.
Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.
A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.
El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.