Este viernes, personal de la Patrulla Caminera se encuentra en varios puntos del país donde se realizan los cierres de ruta y reporta que aún se registran bloqueos por parte de camioneros que reclaman un abaratamiento de hasta G. 1.500 del precio del combustible. Sin embargo, disminuyeron en cantidad con respecto a los últimos días.
El tráfico está lento en ruta PY02, a la altura del Shopping San Lorenzo, donde ya se observa la presencia de camioneros que ocupan media calzada de la vía de tránsito. En tanto que a la altura del km 16, en la zona del ex-Aratirí se está habilitando un carril, lo mismo a la altura del km 29 de Itauguá, dos de los puntos más conflictivos.
“En la zona norte es donde se están acrecentando los cortes. En el resto del país amanecimos con cierta tranquilidad. El bloqueo hoy no es tan grave como ayer y anteayer. Tenemos cierta tranquilidad”, expresó el inspector general Adolfo Ortega, de la Patrulla Caminera, esta mañana, en contacto con Universo 970 AM, de Nación Media.
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Mientras que entre Limpio y Emboscada, los manifestantes se encuentran al costado de la ruta realizando cortes intermitentes. Así también, sobre el km 322 en Santa Rosa del Aguaray, campesinos están a un costado de la ruta y realizan cierres con el apoyo de camioneros que vienen cada tanto a apoyarles.
El representante de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, manifestó que el gremio solicita la reducción de precio de hasta G. 1.500 por el litro del combustible en reunión con autoridades del Gobierno, que quedó en cuarto intermedio sin lograr ningún acuerdo, este viernes.
Desde esta madrugada, los buses de corta, mediana y larga distancia reanudaron sus viajes desde la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), pese a los cortes de ruta, debido a que existe el compromiso de los camioneros de dejar circular a colectivos.
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Peña anuncia baja del precio del diésel en Petropar
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la baja en el precio del diésel desde este miércoles 1 de julio en las estaciones de servicio que operan bajo el emblema de Petropar. Se trata de la primera reducción desde el repunte generado por los conflictos en Oriente Medio, desde fines de febrero pasado.
“En Petropar seguimos trabajando para acompañar a las familias paraguayas y a quienes todos los días impulsan nuestra economía. Por eso, desde hoy, el Diesel Porã baja a G. 7.990 por litro”, publicó esta mañana el mandatario en redes sociales.
“Cada reducción en el precio del combustible significa más alivio para el bolsillo de la gente, más oportunidades para quienes producen y más impulso para el desarrollo del Paraguay”, amplió Peña.
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Postura de Petropar
Por su parte, el titular de Petropar, William Wilka, conversó con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/Nación Media y explicó que la reducción se llevó adelante gracias a la tendencia que se está dando en el mercado, aunque reconoció que se volvieron a dar algunas subas. “Desde el día de hoy 1 de julio estamos haciendo una baja de G. 210 el litro en el gasoil común y estamos dando el primer paso y señales de manera a poder acompañar despacito la tendencia del mercado que está mostrando un comportamiento a la baja”, dijo.
En cuanto a los demás productos carburantes que comercializa la empresa estatal, indicó que esperan ejecutar disminuciones “en la brevedad posible”. Por cautela no quiso dar detalles ni plazos, sobre lo mencionado. Puntualmente, sobre el Diesel Porã, explicó que ahora el precio está por debajo de la competencia, que había igualado el costo días atrás.
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Gobierno boliviano recuperará la región del Chapare, bajo el control de Evo Morales
El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del exmandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.
“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró ayer miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. “Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones”, añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia. Aseguró además que “todo volverá a la patria”. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, sostuvo.
La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas. El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.
Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que, si el gobierno intervenía la región, “aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Aseguró además que sus partidarios “se van a defender”.
El expresidente sostiene que el actual gobierno, “con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil”. El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.
Fuente: AFP.
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Paraguay se une a declaración conjunta a favor de la democracia en Bolivia
El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.
El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.
Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.
“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.
Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.
“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.
Evo insinúa una “guerra civil”
En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.
“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.
Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.
“No negociamos”
Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?
Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.
P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?
R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.
P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?
R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.
P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?
R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.
P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?
R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.
P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?
R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.
P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?
R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.
Con información de AFP.
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Bolivia despeja carreteras tras siete semanas de bloqueos
Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.
Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.
El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas. “Nuestras carreteras han sido liberadas”, señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.
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En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de “socavar y derrocar” al gobierno representan una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” de Bolivia.
“Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional”, añaden en el texto.
El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la “izquierda radical” en Bolivia. El crimen organizado “busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, declaró.
El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.
Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.
Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.
- Fuente: AFP
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