Reconoció a su hija, pero renunció a sus trabajos para no pagar la prestación
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El hombre adeuda 190 millones por la prestación de alimentos a su hija, una adolescente de 14 años. El sujeto en cuestión ya cuenta con orden de captura. Presumen que fija domicilio en la ciudad de Luque, pero no se sabe el paradero exacto.
La deuda del padre es la suma de 5 años sin brindarle la prestación a la menor. La madre de la joven se dedica a la venta de comidas para solventar los gastos del hogar, mientras el padre se encuentra prófugo; el mismo debía desembolsar 2 millones mensuales.
Cuando se contaba con la orden de embargo del sueldo para el progenitor, el mismo decidía abandonar el trabajo para no efectuar sus pagos obligatorios como dispone la ley para la menor. El hombre trabajó hasta el 2017 en el Poder Judicial.
Luego se empleó en el Ministerio de Justicia, pasó por el mismo proceso de posible embargo salarial, por lo que el sujeto en el 2019 volvió a dejar su función en dicho establecimiento. El acusado por no abonar la prestación de alimentos ya fue declarado en estado de rebeldía.
El defensor público manifestó que la única manera en que un padre no abone los recursos por prestación de alimentos sería si el mismo tuviese algún impedimento físico o mental. De esta manera, se vería que algún familiar cercano del mismo pague por la prestación.
Según la abogada del caso, es probable que el hombre esté usando otro nombre para trabajar o que estaría guardando sus recursos económicos con un prestanombre, pero el acusado no es un hombre acaudalado.
Una mujer sacó un arma y disparó en el Palacio de Justicia de Luque
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Una mujer ingresó con arma de fuego al Palacio de Justicia de Luque en una audiencia de prestación e intentó disparar contra su expareja, según datos preliminares. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves. Supuestamente, la mujer evadió el control de metales para meter el arma.
“Ambos tenían audiencias referentes a prestación alimentaria y estaban aguardando ser llamados para prestar declaración correspondiente”, expresó el comisario principal José Santacruz en diálogo con la 1020 AM.
Añadió que en un momento dado se inició una discusión entre la pareja, cuando la mujer, quien estaba con un bebé en brazos, metió la mano en la cartera y sacó un arma presumiblemente calibre 22. La supuesta víctima dijo que cuando pidió ayuda no había ningún personal policial, y que tuvo que ser asistido por un abogado.
“El hombre salió corriendo al patio y presuntamente la mujer realizó tres disparos. Gracias a Dios no hubo heridos ni fallecidos. La mujer ya se encuentra en carácter de detenida a disposición del Ministerio Público”, informó el jefe policial.
La fiscal Liz Medina tomó intervención en el caso. “La mujer le disparó y el muchacho se agachó y no pasó a mayores. Tuvieron una audiencia en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, ella le siguió y le disparó”, mencionó.
Agregó que se incautó un arma tipo revólver y se tomó muestras de la mano de la mujer. También fueron convocadas autoridades de instituciones de la Niñez y la Adolescencia atendiendo que hay un menor de edad de por medio.
Se supo que el hombre fue denunciado por la mujer por presunto abusoinfantil, pero el supuesto autor ya se encuentra libre nuevamente. Sin embargo, el mismo habría argumentado que fue sobreseído porque según afirmaciones del hombre se trató de una denuncia falsa en su contra. La investigación sigue en curso.
Abogado deberá cumplir condena en Tacumbú tras incumplir prestación de alimento
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La jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, revocó el beneficio de la suspensión de la condena impuesto al abogado Manuel Radice y ordenó su captura inmediata. El profesional había sido condenado a dos años de cárcel por incumplimiento del deber legal alimentario, sin embargo, debido a que no respetó las condiciones establecidas para mantener dicho beneficio, la medida fue revocada y ahora deberá cumplir su pena en la penitenciaría de Tacumbú.
La magistrada sostuvo en su resolución que Manuel Enrique Radice Zárate no posee predisposición para acatar los mandatos de la justicia. Consideró que el abogado ha incumplido de manera grave y repetida las obligaciones impuestas, a pesar de haber sido intimado y de habérsele otorgado la oportunidad de comparecer ante los estrados judiciales para ejercer su derecho a ser oído o acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.
Según el fallo, Radice se apartó del propósito del beneficio procesal durante un año y diez meses, restando menos de dos meses para culminar su periodo de prueba (fijado para el 9 de mayo de 2026).
Asimismo, la resolución refiere que el condenado vulneró el derecho a la asistencia alimentaria de sus tres hijos menores, incumpliendo no solo el Artículo 225 del Código Penal, sino también lo estipulado en la Constitución Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia y tratados internacionales que protegen el interés superior del niño. La jueza concluyó que se han agotado los mecanismos legales para garantizar tanto los fines constitucionales como los derechos del condenado.
Durante el procedimiento realizado en el lugar se constató que las instalaciones de la guardería no cumplían con las condiciones que establece la ley.FOTO: GENTILEZA
Allanan guardería de Luque por caso de maltrato infantil
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En la ciudad de Luque, una comitiva fiscal y policial llegó hasta una guardería que fue denunciada por maltratar constantemente a los pequeños bajo cuidado. La denuncia fue presentada por dos exfuncionarias del lugar y se contó con la intervención del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).
Según la fiscal Laura Ramírez, las personas que realizaron la denuncia indicaron que en el sitio maltrataban física y psicológicamente a los niños. Además, los alimentaban con comida en mal estado y que no era apta para su edad. En el recinto atendían a menores de entre 0 y 4 años.
“Tenemos imágenes y videos que fueron incorporados a la carpeta fiscal y remitidos al Juzgado. Estamos en una etapa incipiente, no puedo dar mucha información. Cuando me constituí al lugar, vi que había una cámara, pero los padres me manifestaron que había sido instalada hace pocos días”, manifestó Ramírez.
La fiscal refirió que hasta el momento hay dos personas imputadas en el caso; esta sería la propietaria de la institución y su nuera, que era trabajadora. La imputación obedece a presunto maltrato a niños y adolescentes bajo tutela.