Tras un allanamiento, personal de la Policía Nacional detuvo este viernes a una mujer identificada como Yamila Meza, condenada prófuga con orden de captura por el robo de 500.000 dólares de la empresa para la cual trabajaba. La misma fue condenada a cuatro años de pena privativa de libertad por el Tribunal de Sentencia en el 2019.
Posteriormente, la afectada apeló la condena, pero la misma fue confirmada en el Tribunal de Apelaciones de la capital, por lo que la misma debía cumplir con dicha condena, pero se mantuvo prófuga desde ese año logrando eludir a policías durante más de 3 años.
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El requerimiento fiscal y de la querella revocó la medida cautelar de la prisión domiciliaria, ya que la mujer cambió de domicilio y estaba con paradero desconocido. Meza no se presentó a la Justicia para cumplir con su condena que debe realizar en la penitenciaría nacional de mujeres Buen Pastor.
El robo fue cometido cuando la condenada se desempeñaba como gerente de ventas de la firma JGA SRL, firma comercial que era su empleadora, de la cual robó el monto de G. 1.700 millones producto de las operaciones comerciales de la empresa.
La misma procedía a los cobros para la firma comercial en la cual trabajaba, pero no rendía a la empresa el total de lo percibido, un total de 587.528 dólares, daño patrimonial acreditado en juicio oral por el Ministerio Público a través de las pericias contables del Laboratorio Forense. El procedimiento fue acompañado por efectivos de Investigación de Delitos de Asunción.
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Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
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Fiscalía podría requerir datos vía exhorto a Seychelles
El abogado José Fernández Zacur, experto en derecho penal económico y lavado de dinero, opinó sobre la investigación del periodista argentino Luis Gasulla, publicada en el portal PeriodismoyPunto, que expuso las presuntas cuentas bancarias ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“Seychelles ya no tiene el nivel de opacidad bancaria que tenía. Ya tienen sancionada una ley de asistencia jurídica mutua en materia penal que les obliga a contestar pedidos de asistencia de cooperación penal internacional, particularmente en materia de cuentas bancarias, contenidos, saldos movimientos. Esta es una legislación interna de Seychelles”, indicó Fernández Zacur en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El informe publicado en el portal de PeriodismoyPunto, por el periodista Luis Gasulla, mediante datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a documentación bancaria internacional, refiere que Abdo Benítez y López Moreira habrían ocultaron la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
CONVENCIÓN DE PALERMO
“Seychelles también está adherido desde hace un buen tiempo a la Convención de Palermo contra el crimen organizado internacional de Naciones Unidas contra la corrupción. Ya no es aquel paraíso opaco de otros tiempos. Tienen por adopción de normas internacionales y vigencias de normas internas la obligación de contestar solicitudes de asistencia internacional”, reiteró el experto en leyes.
El abogado detalló que, de generarse una investigación por parte del Ministerio Público, la institución podrá requerir informaciones vía exhorto. “Esta sería una buena opción, por la ley propia de Seychelles que mencioné, se puede hacer directamente por Cancillería. Si no contestan por esta vía se recurre a otra, uno va acomodando su investigación en base a las contingencias que va teniendo”, dijo.
“Esto no solamente puede ser interés del Paraguay, también puede ser de otras jurisdicciones. Los ciudadanos estamos interesados en saber si existe ese dinero y en caso de que exista, saber si vienen de valores que son de todos”, refirió Fernández Zacur.
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Indicios colectados comprometen al imputado en autoría del crimen de niña
El comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, informó sobre el avance de las pericias en torno al crimen de la niña de 11 años que derivó en la imputación del sospechoso Marcelo Giménez Duarte.
Se refirió a las evidencias colectadas hasta el momento que podrían sindicar su autoría en el hecho que conmocionó a toda la comunidad de Isla Sakã en el distrito de Yegros, Caazapá.
“El fue detenido en la noche del 21, justamente tras ser encontrado el cuerpo de la niña. Sobre el ciudadano Marcelo Giménez recae la sospecha más fuerte sobre la supuesta autoría del hecho, al tener en cuenta los indicios que fueron recabados”, dijo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Se colectaron evidencias tanto en la casa del sujeto durante el allanamiento fiscal-policial realizado el día de ayer martes y además del lugar donde se halló el cadáver, conforme expresó.
“Se hallaron prendas de vestir, aparatos telefónicos, también envoltorios de caramelos, colillas de cigarrillo, una cajetilla de cigarrillos. Como así también la zapatilla de color rosa de calce 37 y que presumimos es de la niña”, mencionó.
El policía detalló que “una buena cantidad de colillas de cigarrillo” fue levantada como prueba del domicilio del presunto homicida, así como de la escena del crimen. “Coincidentemente de la misma marca una buena cantidad como también coinciden en la marca y tipo de envoltorio que corresponde a los caramelos”, puntualizó.
Estas coincidencias de elementos que se pudieron recoger como indicios, precisamente llamó la atención de los investigadores.
“No llegamos aún a la certeza de autoría o supuesta autoría de esta persona, pero prosiguen las investigaciones. Justamente nosotros no cerramos la investigación. No descartamos también la supuesta autoría de otra persona y estamos trabajando intensamente en este caso”, subrayó.
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Fiscalía confirma que iniciará una investigación contra Abdo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la institución a su cargo iniciará una investigación al expresidente Mario Abdo Benítez por los supuestos USD 21 millones no declarados que tiene en un paraíso fiscal, específicamente en Seychelles, África. Ante la relevancia de la información dada a conocer por medios argentinos, afirmó que necesitan recolectar elementos para determinar si existe la presunción de un hecho punible
“Tiene que haber una investigación preliminar a cotejar esas informaciones y todo lo que sale en primera plana, se recurre a la fuente, normalmente si el hecho punible amerita se conforma un equipo de trabajo y el resultado de esa investigación ameritará la toma de una decisión”, indicó en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Rolón aclaró que recién están en la etapa inicial y que aún hay mucho trabajo por delante ya que cuando se cuenta con informaciones de esta característica y que afectan a personas de gran trascendencia como lo es un expresidente de la República, se debe actuar de forma equilibrada y evaluar toda los datos de modo a evitar que el caso se contamine. “Nos toca, es difícil y arduo“, sostuvo.
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La etapa preliminar de la pesquisa hacia el exmandatario podría desencadenar en la conformación de un equipo, esto si se determina que el caso es muy complejo, explicó el fiscal general. “La Fiscalía debe hacer lo que le corresponde, comenzar a realizar los trámites ordinarios de la investigación para que esos elementos iniciales de esa información se conviertan en evidencia“, detalló.
La información difundida por el medio de comunicación argentino PeriodismoyPunto habla de que el expresidente tendría USD 21 millones en Seychelles. El dinero no ingresó de un solo depósito, sino que se hizo de manera fraccionada y tendría como origen otras empresas. “Es el mecanismo que se hace en todo el mundo para lavar dinero“, advirtieron periodistas argentinos.
Desde la Fiscalía no se intentó sacar relevancia a la investigación periodística y aseguró que se trabajará de modo a determinar la veracidad. “Son realidades que el Ministerio Público debe cotejar, la formulación de garantías de nuestra Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento procesal exige ese tipo de información para que los requerimientos del fiscal tengan sustento y que el juez penal pueda otorgar la requisitoria que se plantea”, expuso.