Un hombre se hizo pasar por paciente del Instituto de Previsión Social (IPS) para ingresar al hospital y apoderarse de una computadora. Ocurrió en Ciudad del este. La Policía logró detener al sospechoso y ahora ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Según los intervinientes, en los últimos días son constantes las denuncias de los asegurados y familiares que acuden hasta el centro asistencial y reportan el hurto de sus prendas personales.

Lo llamativo es que el sujeto logró burlar el sistema de seguridad que involucra a guardias privados y al personal de la Policía Nacional. Según los datos, el desconocido entró por la puerta principal del hospital de IPS de Ciudad del Este y llegó hasta una oficina y donde se alzó con una computadora.

“El sujeto entra por la puerta grande y sale por la puerta grande. Y nadie se percató de que una persona sospechosa haya salido con una computadora bajo el brazo y no haya informado a la Policía”, cuestionó el comisario Mariano Sosa.

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El detenido identificado como Hugo Antonio Arguello (34) fue derivado a la comisaría jurisdiccional y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Hace un mes que salió de la cárcel y ya nuevamente incurrió en una acción delincuencial. Tiene tres antecedentes por hurto agravado, según su legajo policial.

La Policía pide a los ciudadanos que colaboren con la seguridad, reportando cualquier hecho llamativo que observe a su alrededor sobre todo en un hospital donde acuden muchos pacientes.

El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.

“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.

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El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.

Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.

- Reformas

La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.

- Innovaciones

Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.

Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.

También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.

Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.

- Concesiones (artículo 31)

1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.

2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.

3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.

5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.

6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.

- Provisión de flotas

La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).

El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).

- Tarifas

1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.

2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.

3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.

4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).

Fuente: MOPC

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La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.

El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

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