La Corte ratificó la decisión del Tribunal en Primera Instancia que había establecido la reincorporación de Emigdio José Benítez (bombero desde el 2003), José Virgilio Rivas (desde 1985), Gustavo Céspedes (desde 1986), Carlos Lezcano (desde 1988), Rodrigo Rojas (desde 1999) y Cristian Tabarez (desde el 2004).
Estos bomberos accionaron judicialmente contra la expulsión que había decretado contra ellos el Tribunal de Conducta del CBVP-amarillo, el 23 de enero del 2017. Este órgano institucional estaba en ese entonces bajo el total control del directorio manejado a su vez por el clan Valdez, con Rafael Valdez como presidente, que en ese entonces ya cumplía 12 años en el cargo y 16 como miembro del directorio.
La expulsión de estos bomberos fue el primero de una “barrida” generalizada que hizo el tribunal, cumpliendo órdenes del directorio. En poco tiempo, el tribunal terminó expulsando y suspendiendo en sus funciones a unos 300 bomberos amarillos. Todos, de alguna u otra forma, cuestionaban el manejo poco transparente que tenía Valdez al frente del directorio.
Según el Acto Interlocutorio (AI) 1858 del 17 de diciembre pasado, pero que se dio a conocer ayer, la Corte Suprema ratificó el S.D. Nº 627 del 29 de agosto del 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno, mediante el cual los citados bomberos ya habían sido reincorporados. Sin embargo, las autoridades del CBVP-amarillo habían apelado la medida, evitando que los mismos sean reincorporados.
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Ahora es la propia Corte la que ordena que estos bomberos vuelvan a ser miembros activos de esta organización. Con esto, queda ver cómo actuará el nuevo directorio –encabezado por Luis Rojas– sobre la situación de los otros casi 300 bomberos que habían sido expulsados por el clan Valdez.
La noche de la revolución de los bomberos
El 20 de setiembre del 2016 marcó un presente histórico en la vida constitucional del CBVP-amarillo. En la noche de ese día, un grupo importante de bomberos se manifestó frente al cuartel general en Villa Morra para exigir a los miembros del directorio –que se reunían en ese momento– transparencia en el manejo administrativo del CBVP.
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Esto a raíz de una serie de denuncias que se venían publicando en el diario La Nación sobre millonarias irregularidades en la gestión financiera de los bomberos amarillos, cuyo directorio recibía millonarios aportes del Estado paraguayo –unos G. 5.000 millones al año, en promedio– pero que no se reflejaba en la situación de las compañías. Con las primeras publicaciones de La Nación aparecieron una serie casi interminable de denuncias contra Valdez y su gestión.