El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

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El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.

“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.

Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.

Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.

“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.

Antes de fin de año, la Policía Nacional incorporará cámaras corporales a sus agentes y mejorará la dotación de las patrulleras, como parte de un proyecto para equipar a las fuerzas de seguridad interna del país.

El equipamiento también incluirá la compra de cámaras corporales (bodycam) para que los agentes en la primera línea de acción registren sus actuaciones para garantía de los ciudadanos y respeto a los derechos humanos, conforme al plan impulsado por el Gobierno a través del Ministerio del Interior.

Con el uso de la tecnología se busca grabar los distintos operativos que realizan de manera diaria y que ayudarían en transparentar la labor de los uniformados.

De acuerdo con el plan, las cámaras serán destinadas al uso de los policías que están en la primera línea y del Grupo Lince, para grabar sus actuaciones para garantía de los ciudadanos respecto a los derechos humanos.

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La tecnología también implica el uso de inteligencia artificial para el análisis de imágenes e identificar acciones sospechosas para su notificación inmediata a agentes policiales y del Grupo Lince.

Como un plan piloto, la Comandancia de la Policía ya había adquirido cien cámaras corporales que estaban siendo utilizadas desde hace unos años por los agentes durante los eventos deportivos y por efectivos del Grupo Lince.

Uno de los agentes que utiliza las cámaras corporales es José Giménez, quien tomó la decisión personal de incorporar esta herramienta a su labor en zonas peligrosas de la ciudad de Asunción.

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Este lunes 23 de junio se inicia el proceso de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista y exviceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez. Para el acto de apertura estará acompañado por el ministro del Interior, Enrique Riera.

Se está previendo la presencia de un importante resguardo policial de la sede municipal, al momento en que se instale el equipo interventor, teniendo en cuenta que, desde hace unos días, aliados del intendente Miguel Prieto empezaron a montar un puesto en las inmediaciones del palacete municipal.

Además, a través de las redes sociales están realizando convocatorias para manifestarse en contra de la intervención, según comentó a La Nación/Nación Media el dirigente liberal Iván Airaldi.

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No obstante, mencionó que varias nucleaciones sociales esteñas, entre ellas la Contraloría Ciudadana, que es la principal promotora de las denuncias contra la administración de Prieto, estarán acompañando la instalación del interventor Ramón Ramírez y su equipo.

“Tengo entendido que va a haber un importante resguardo policial para ese momento, por el hecho de que también los seguidores de Miguel Prieto han instalado una carpa frente a la municipalidad, denominado ‘carpa de resistencia’, y están amenazando de que van a hacer actos de violencia cuando se instale el interventor”, comentó.

Refirió que desde el momento que se han instalado la carpa de los seguidores de Prieto, han informado a los organismos de orden público, la Policía Nacional, para que tomen las medidas preventivas. Igualmente, señaló que han informado sobre todos los mensajes que están circulando en redes sociales y las amenazas sobre eventuales tumultos a la hora de que el interventor tome la conducción de la municipalidad.

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Una comitiva fiscal y policial realizó un allanamiento en el barrio Santo Domingo de Presidente Franco y halló evidencias de que la vivienda operaba como un aguantadero de robacoches. Varias víctimas llegaron hasta ese lugar y pudieron recuperar sus vehículos robados recientemente.

El fiscal Gabriel Segovia informó que pudieron llegar hasta el sitio tras una denuncia de hurto de una camioneta ocurrido el 19 de junio por la noche. “Estuvimos trabajando con la Policía hasta que pudimos llegar a este lugar donde por suerte encontramos la camioneta que ya estaba siendo desarmada en la parte del tablero. Y nos encontramos también con la sorpresa de que encontramos partes de otros dos vehículos”, detalló a C9N.

“Evidentemente este vehículo fue cortado por la mitad, está la parte de enfrente y de atrás. Lo que no sabemos es si corresponde al mismo vehículo o no. Pero prácticamente están ahí, el caño de escape, el tren delantero, asiento, palanca de cambio, cablerío completo”, expresó. Se convocó al personal de Criminalística a fin de confirmar si las piezas encontradas corresponden solo a uno o varios rodados.

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El agente del Ministerio Público dijo que aparentemente el inmueble era alquilado por los delincuentes que utilizaban para el desarme de los vehículos. “No hay cama, no hay sillas, nada no hay. Evidentemente dejan acá el vehículo por un tiempito hasta que se enfríe como dicen normalmente. Y después vienen a proceder al desarme”, refirió. Se encontraron una cantidad de autopartes, chasis y asientos de vehículos en la propiedad intervenida.

Alejandro Franco, propietario de la camioneta a punto de ser desarmada se mostró emocionado al recuperar su medio de movilidad. “Gracias a Dios y a los policías, estoy emocionado, porque este es mi elemento de trabajo. La verdad que pensé que ya no iba a encontrar”, manifestó.

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