En una rápida movida ubicaron como intendente de Ciudad del Este a Pedro Acuña, secretario del destituido Miguel Prieto y denunciado como principal articulador del esquema de coima en el caso de la costanera Ñande Renda. El concejal Acuña, hoy intendente exprés, está investigado por la presunta retención del 10 % de cada orden de pago liberada al contratista.

En Ciudad del Este cie­rran filas para man­tener en la sucesión de cargos a serviles en el esquema corrupto instalado por el des­tituido intendente Miguel Prieto.

Dieron paso a Daniel Pereira Mujica para que salga a hacer su campaña proselitista y reubicaron al concejal Pedro Acuña, secretario de Prieto, como intendente de Ciudad del Este. En condiciones norma­les el hecho pasaría desaperci­bido, sin embargo, el prontua­rio y las denuncias que pesan sobre el reasignado exprés generan muchas sospechas de su gestión. Acuña es un leal de Prieto, primeramente, secretario suyo en la municipalidad, luego privilegiado como con­cejal. Es uno de los discípulos del exintendente destituido por corrupción que de vivir en una pequeña piecita alqui­lada pasó a ostentar los lujos después de involucrarse en la gestión de Prieto. Acuña pasó a la fama con el sonado caso de la construcción de la costanera Ñande Renda que había sido denunciada ante el Ministe­rio Público como una contrata­ción sobrefacturada por valor de G. 13.000 millones.

Las investigaciones del caso develaron que detrás de los serios indicios de desfalco con precios inflados operó un esquema de coima que retenía porcentajes de los pagos y en el que Acuña está sindi­cado como uno de los prin­cipales articuladores, según testificó el mismo contratista adjudicado, Enrique Vázquez. Filtraciones de audios habían colocado por este caso en el ojo de la tormenta al secretario de Prieto. Las grabaciones difun­didas en su momento revela­ron cómo apretaron al provee­dor y cómo lo condicionaron a despojarse de parte del dinero que le correspondía por el con­trato de obras que se adjudicó.

El empresario Vázquez no escatimó su testimonio. Brindó detalles de la presunta operación de coimas con la adjudicación de la mencionada costanera y hundió a los leales de la administración Prieto.

Vázquez mencionó que Prieto se cuidó muy bien de no apa­recer en el esquema. Dijo que habló pocas veces con el exin­tendente y que las conversa­ciones sobre la logística de la obra y del manejo del dinero era con los secretarios. Pedro Acuña y Víctor Lugo, princi­palmente fueron sindicados por el empresario como los chicos 10 %.

“Lugo y Acuña me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al banco y ellos me esperaban afuera del banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la costa­nera Ñande Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”, señaló el empresario en su testifical.

La Municipalidad de Ciudad del Este anunció este martes la elección del concejal Pedro Acuña (Yo Creo) como nuevo intendente municipal, por parte de la Junta Municipal, tras la renuncia de Daniel Pereira Mujica para enfocarse a su campaña con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

El candidato del partido Yo Creo, explicó en conferencia de prensa realizada para anunciar oficialmente su salida de la institución municipal, que “el equipo político entendió que en estos seis meses se demostró capacidad de gestión” para presentar la renuncia antes del tiempo establecido.

En cuanto a la elección del abogado Pedro Acuña, dijo que cuando asumió la intendencia en diciembre del 2025, se encontró con G. 120 mil millones en negativo y, ahora, si es reelecto “será importante encontrar la institución en orden”.

La designación del nuevo jefe comunal interino fue en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de esta mañana, donde se incluyeron sobre tabla la comunicación de la renuncia de Daniel Pereira Mujica y la elección de su reemplazante. María Portillo, del PLRA y Jaime Méndez, de la ANR no asistieron a la sesión.

Los colorados Federico González (candidato a concejal) y Richard Alfonzo (candidato a intendente) dieron quórum a la sesión y votaron a favor de Pedro Acuña para intendente municipal. El oficialismo hizo a “tambor batiente”, a sabiendas que si hay más tiempo no podría obtener la intendencia interina.

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El hoy pre-candidato colorado a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro, será convocado a ocupar la banca dejada por Pedro Acuña en la Junta Municipal, teniendo en cuenta que había sido proclamado como suplente uno de Yo Creo.

Guerín dijo haberse Sorprendido por la actitud de sus colegas

El concejal colorado Ernesto Guerín dijo estar “sorprendido por la actitud de mis colegas” en alusión a Federico González y Richard Alfonzo. Informó que pidió a su bancada abandonar la sesión porque de esa manera no iba a poder ser electo el concejal de Yo Creo, pero no fue así.

Asimismo, refirió que “es evidente que Yo Creo preparó todo rápido, no comunicó con anticipación que se iba a incluir la renuncia y se trató hoy en la sesión en forma rápida, pero que nosotros podíamos haber truncado y no se fue así”.

Por su parte, el concejal Jaime Méndez dijo, “supe de antemano que iban a elegir al Intendente Interino. No asistí por eso. Totalmente en desacuerdo con mis colegas que votaron a favor”, al tiempo de felicitar a los que se retiraron, Ernesto Guerín y Liz Magnolia Pereira.

Miguel Prieto, líder del partido y con un tendal de procesos judiciales por supuestos hechos de corrupción, no asistió a la conferencia. Está más ocupado en hacer campaña a nivel nacional.

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, explicó que los carteles en Ciudad del Este, que la semana pasada mostraron imágenes ofensivas, provienen de una irregular concesión del usufructo de la franja de dominio que se realizó en junio del 2021 bajo la gestión del exministro abdista Arnoldo Wiens, sin licitación y con canon cero en perjuicio del Estado, mediante un contrato privado firmado en una escribanía con la empresa Fast Print.

“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, buscando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos y ceder el usufructo de algo que es imposible ceder, porque la ley le respalda y le obliga la MOPC al cuidado de la franja de dominio”, indicó la ministra, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

La ministra también negó que, en el caso de los carteles en Ciudad el Este, el MOPC haya autorizado la instalación de las estructuras, afirmando que se encontraban en la vía pública con autorización de la municipalidad esteña. El 29 de mayo, las pantallas digitales exhibieron una imagen creada con la figura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el futbolista albirrojo Gustavo Gómez, mezclando política y fútbol para denigrar al país.

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Tras la revelación del convenio suscrito en el 2021, en el periodo de Arnoldo Wiens en el MOPC, se dio a conocer ahora el acta notarial en la que se distribuyen los porcentajes de ganancia entre los socios de la empresa Fast Print, en que aparecería Francisco Arístides Clerch Almada, un cercano al exministro y actual precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez.

La firma que explotaba la cartería es Fast Print, representada por Ceferino Antonio Díaz, fue habilitada en 2021 para la instalación, mantenimiento y administración de pantallas LED y carteles publicitarios en el corredor de acceso a Ciudad del Este, además de la gestión de equipos, software y limpieza del área intervenida.

De acuerdo con un acta notarial conocida recién ahora, la distribución de beneficios establecía que el 40 % de las ganancias correspondía a José Armando Fuentes, mientras que el 20 % era asignado a Clerch Almada, quien no figura como propietario de la empresa, pero sí como beneficiario de los ingresos.

“No hay absolutamente ninguna autorización del MOPC a estos carteles que están colocados, todos, absolutamente todos son irregulares. Lo que sucede en el municipio es otra circunstancia. Escuché las declaraciones de la presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este responsabilizando al MOPC de la cartelería, cuando tengo todas las facturas y los tributos que los dueños de los carteles le pagaban al municipio”, indicó Centurión.

“Nosotros rechazamos contundentemente y no autorizamos absolutamente ninguna colocación y aquellos que tienen luminaria, son porque tienen las patentes municipales y tienen los permisos municipales”, ratificó la ministra de Obras.

El contrato de concesión con esta empresa en particular se rescindió tras el cambio de Gobierno, sin embargo, el MOCP enfrentó varias acciones judiciales de las empresas, con amparos judiciales en algunos casos, para no retirar los carteles. Igualmente, la mayoría de las cartelerías en la vía pública se encuentran en la misma situación.

“Nosotros tomamos la administración en el 2023, pocos meses después procedimos a identificar la cartelería y comenzar a desmontar estos carteles, ahí nos vienen a la carga los afectados y nos dicen que hay un convenio vigente entre el MOPC, no es ni siquiera un convenio, es una concesión de usufructo de la franja de dominio de toda la República del Paraguay con esta empresa Fast Print”,

Una vez asumido el nuevo periodo, se realizaron los análisis de las licitaciones correspondientes, contraprestación para el Estado, los términos, y otros aspectos. “Todo irregular, todo bajo una nebulosa y efectivamente en condiciones que no corresponden y violando la ley de tránsito, la ley del MOPC y la actuación que tenemos sobre la franja de dominio de todas las rutas nacionales y las departamentales. Se revocaron cada una de las concesiones y una vez quedando firme esta decisión se procedió al retiro de los carteles en varios puntos”, detalló la ministra.

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La Cámara de Apelacio­nes rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien pidió que el juez de garantías Humberto Otazú sea apar­tado de la causa.

El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimo­nial de más de G. 306.188.500. Los jueces de segunda ins­tancia concluyeron en su argumentación que no exis­ten motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, el magistrado Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a jui­cio oral y público tal como establece la ley.

Además, el Tribunal de Alzada citó a Prieto para que acuda el 10 de junio próximo a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal.

El objetivo de la diligencia es analizar la aplicación de posibles sanciones por los supuestos recursos dilato­rios planteados durante el largo proceso. La ley esta­blece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situa­ciones graves o reiteradas.

En la causa Tajy, los fisca­les Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por pre­sunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licita­ciones públicas para bene­ficiar a empresas vincula­das, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al muni­cipio de Ciudad del Este mediante pagos por mer­caderías inexistentes.