La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este analiza una nueva denuncia por presunto daño patrimonial en la administración del exintendente Miguel Prieto, que está comenzando a salir a la luz gracias al reclamo de los ciudadanos. En este caso tiene que ver con el proyecto de construcción de cinco “Plazas Vivas”, o “plaza modelos”, que fue adjudicado por el exintendente poco antes de que sea destituido del cargo y ejecutado por sus sucesores aliados.

Al respecto, el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana, explicó que en el contrato que figura en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con ID 445444, realizado por la Unidad de Contratación de Ciudad del Este por sistema de Adjudicación de lotes, es por un monto total de 20.607.545.199 guaraníes, fue adjudicado en junio del año 2025 debiendo haber culminado en 180 días o a fines de diciembre del 2025, pero recién este año se inauguraron 2 de las 5 plazas previstas.

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Indicó que hicieron un análisis preliminar del contrato y detectaron que los precios cuestionados en varios ítems tienen diferencias de hasta 526 % frente a referencias de mercado y elementos que no fueron ejecutados, porque no se encuentran en las plazas ya inauguradas.

Sánchez explicó que la licitación para la construcción de las plazas fue adjudicada durante la administración de Miguel Prieto, mientras que la ejecución y los pagos se desarrollaron durante las gestiones posteriores en la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Estamos notando un daño patrimonial severo, porque más o menos se está calculando, con relación al tema de mediciones, para ser contundente, pero los precios que se encontraron, viendo el contrato, que solamente figura la descripción del ítem y el precio global, pero no figura cantidad de metros cuadrados, ni la dimensión, no hay ningún elemento que en este caso pueda corroborarse con el precio que figura en el documento”, explicó.

Mencionó que desde Contraloría Ciudadana analizan los documentos y se prepara una denuncia por presunto daño patrimonial, que será presentada ya posterior a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, porque no quieren que este tema sea utilizado como supuesto ataque electoral.

“Estamos preparando la denuncia para presentar ante la Fiscalía; vamos a esperar que termine este proceso electoral, para que no digan que es supuestamente una cuestión electoral. Aclaro, nosotros en la Contraloría Ciudadana no tenemos ningún vínculo ni político, ni mucho menos electoral con ninguno de los gobiernos”, precisó.

Mencionó que en la organización están personas afiliadas al Partido Colorado, al Partido Liberal; incluso gente de Patria Querida, Cruzada Nacional y otros que fueron aliados de Miguel Prieto en su momento, pero luego tomaron distancias al observar las graves irregularidades de su gestión.

El abogado Sánchez, explicó que luego de recibir los reclamos de los vecinos de los barrios donde se están proyectando estas plazas, comenzaron a revisar los documentos del contrato y comparar los precios de mercado.

Tomando solo el caso del Parque Viva del barrio Pablo Rojas, encontraron que al solicitar un presupuesto de una empresa china proveedora del parquecito o juegos infantiles con tobogán gigante, similar al que fue colocado en esta plaza, el presupuesto que dispuso Prieto para la compra de este parque y juego infantil de procedencia china fue por un monto de 532.643.760 guaraníes.

“Cuando hicimos las consultas el presupuesto que me pasaron fue de más o menos 85 millones de guaraníes, que ya incluye mano de obra y colocación. Incluso, el que me pasaron fue más grande que ese parque que está en el Pablo Rojas. Pero ellos hicieron en este caso que el costo sea de 532 millones de guaraníes, una verdadera locura”, cuestionó.

Otra de las cuestiones que llamó la atención al momento de analizar el contrato, es que figuran varios ítems que debían ser ejecutados o entregados, pero que al observar en las plazas no se encuentran esos elementos presupuestados.

“Por ejemplo, ítem 76, dice: colocación de carrusel en el parquecito, presupuesto G. 7.108.200, pero no existe el carrusel, la famosa calesita. También dice: mesada y bancos de hormigón armado; pero en el lugar no existe ninguna mesada de hormigón armado; pero, sin embargo, se pagó también, que figura en el contrato firmado que deberían entregarse y no se entregó”, acotó.

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El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.

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La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.

Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.

En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.

El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.

En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.

El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.

A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.

Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

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Una nueva acusación se presentó contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña.

El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.

Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certifican la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos.

En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.

Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado se inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como Tía Chela, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones

• Jorge Torres Romero

Uno de los grandes problemas de cierta prensa y de buena parte de la oposición paraguaya no es solamente lo que denuncian, sino aquello que eligen no denunciar con la misma intensidad. Porque cuando la indignación depende del nombre, del partido o del sector político del acusado, deja de ser indignación y se convierte en conveniencia.

El caso de Hernán Rivas es un buen ejemplo. Para determinados medios y dirigentes opositores se transformó en un escándalo mayúsculo: portadas, horas de radio y televisión, editoriales, entrevistas y una sucesión interminable de cuestionamientos.

Perfecto. La prensa tiene que investigar, preguntar y exigir explicaciones. Para eso está. El problema comienza cuando esa misma vara desaparece frente a los casos que afectan a los propios.

¿Dónde está semejante nivel de indignación cuando se habla de las denuncias e investigaciones que rodearon la administración de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este?

Magdalena Montiel, desde la Contraloría Ciudadana, expuso públicamente y paso por paso lo que, según sus denuncias, constituía un modus operandi para manejar y desviar dinero de los contribuyentes esteños. No habló simplemente de sospechas lanzadas al aire: describió procedimientos, personas, mecanismos y una supuesta estructura montada alrededor de los recursos municipales.

Todo eso merece, como mínimo, la misma curiosidad periodística. Sin embargo, cuando las denuncias alcanzan a una figura convertida en símbolo de la oposición, aparecen los silencios, las relativizaciones y hasta las defensas.

Y allí surge una pregunta inevitable: ¿la corrupción es repudiable siempre o solamente cuando el acusado pertenece al adversario político?

Porque no se puede levantar la bandera de la transparencia de lunes a viernes y guardarla en un cajón cuando el cuestionado pertenece al sector político que uno simpatiza o pretende instalar como alternativa. La corrupción no tiene color.

Si Hernán Rivas debe responder, que responda. Si existen elementos suficientes para investigarlo, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero exactamente la misma exigencia debe aplicarse a Miguel Prieto y a cualquier otro dirigente político.

No puede existir una justicia moral selectiva.

Lo más llamativo es observar a sectores que construyeron durante años su discurso alrededor de la lucha contra la corrupción terminar justificando, minimizando o mirando hacia otro lado frente a denuncias gravísimas porque afectan a uno de sus principales referentes electorales.

Ese comportamiento tiene consecuencias.

La gente observa mucho más de lo que algunos creen. Percibe cuándo un medio investiga y cuándo milita. Percibe cuándo un dirigente reclama justicia y cuándo simplemente utiliza la corrupción como garrote contra sus adversarios.

Después se preguntan por qué determinados sectores de la prensa pierden credibilidad. Después se preguntan por qué la oposición, pese a contar con amplificación mediática, no consigue transformar esa exposición en mayoría electoral.

Tal vez una parte de la explicación esté precisamente allí: no se puede construir credibilidad reclamando una vara para los enemigos y otra para los amigos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.