El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Vecinos de Ypané exteriorizaron su preocupación por la contaminación del cauce del arroyo Avaí, que ya está generando problemas de salud en la comunidad. Se quejaron de que las autoridades locales minimizan el problema y no están tomando medidas para proteger las condiciones de vida de los habitantes del lugar.

Un equipo periodístico del canal GEN y Universo 970/Nación Media se trasladó al sitio y recogió la denuncia de los residentes del barrio Sol Naciente, en el citado distrito del departamento Central. Los más afectados son aproximadamente 200 alumnos de la escuela Tres Nacientes, ubicada cerca del arroyo donde se arrojan desechos cloacales.

“Este arroyo cae en el río Paraguay y pertenece a Ypané y Villeta. La verdad que hace como doce años estamos así, aquí pescábamos antes. Hace 22 años que vivo acá y este era un arroyito lindo”, recordó el señor Eugenio Ruiz Díaz, un antiguo morador de la zona.

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Comentó que hay siete territorios sociales en la zona y sospechan que los residuos cloacales provienen del asentamiento Paso Pucú. “Hay también una inmobiliaria y supuestamente ahí se descarga la cloaca, hay un tubo, hay otro arroyito que cruza todo Guarambaré y ese entra acá. Y en ese arroyo dicen que ellos tiran sus desechos”, expresó.

Según la profesora Graciela Ojeda, la hora más crítica es por la mañana. “A veces demasiado fuerte ya es y provoca vómitos y dolores de cabeza en los alumnos. Es muy hediondo y no pueden hacer sus tareas. Las profes tienen que cerrar todas sus puertas porque es insostenible el dolor”, refirió.

La educadora contó que desde el año 2016 se remitieron sendas notas de denuncias del caso a la Municipalidad de Ypané para que disponga una intervención, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas a sus reiterados reclamos.

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La población de Encarnación vive con miedo por el auge de construcciones de edificios, principalmente en la zona costanera de la ciudad. Preocupa la falta de fiscalización municipal sobre las obras y que solo se cobren multas, permitiendo que continúen los trabajos, como aparentemente ocurrió con el edificio siniestrado donde murieron dos personas el miércoles por la noche.

“Estamos consternados, preocupados y muy tristes con lo que ocurrió con estas dos mujeres que perdieron la vida”, dijo la abogada Perla Riveros, presidenta de la Coordinadora Ciudadana de Encarnación al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Según la representante de los ciudadanos encarnacenos, “hay surgido como hongos” los nuevos edificios, hecho que preocupa a la comunidad. “Más asustados estamos ante un audio que está circulando que se hizo viral acá en la ciudad donde se le escucha supuestamente la voz del intendente diciendo de que hubieron varias construcciones y que él no pidió nada a cambio”, expresó.

Afirmó que evidentemente las construcciones “no tienen un control exhaustivo”. “Y se estima que se estén manejando favor con favor para que se puedan habilitar estas construcciones”, subrayó.

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Desde la Contraloría Ciudadana buscarán conversar con los parlamentarios de ambas cámaras para se pueda actualizar la regularización de las normas mediante una nueva legislación que beneficie por igual a todos los municipios del país. Así también, se dará apoyo a la investigación fiscal.

“Vamos a exigirle al intendente que dé las explicaciones pertinentes, convenientemente convencido de lo que dicen. Porque evidentemente hasta indolente es la actitud del municipio, desentendiéndose en su responsabilidad en este tema”, expresó.

La abogada Riveros responsabilizó al intendente Luis Yd sobre el siniestro ocurrido, al acceder a una modificación del proyecto inicialmente presentado por la firma constructora. “Acá pasó algo demasiado grave porque hablan los mismos concejales de que tenían permiso para hacer cinco pisos. Que esta gente haya venido y encontrado dos pisos más y hayan habilitado eso previo pago de multa, sin haberse cerciorado que las estructuras estaban capaces para aguantar ese nuevo peso, es un acto criminal. Y hoy estamos pagando ese acto criminal de desidia con dos vidas humanas”, remarcó.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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