Una mujer denunció al propietario de un garaje que agredió verbal y físicamente a tres adolescentes que esperaban el colectivo frente a su vivienda en la ciudad de Asunción. Al parecer, los menores estaban obstaculizando la entrada de vehículo y el propietario quería ingresar, por lo que decidió golpearlos.

Según el reporte policial, el hecho se registró ayer viernes en Barrio Obrero, cuando estos jóvenes salieron del colegio y aguardaban por un bus sobre la avenida Félix Bogado. Sin embargo, estuvieron parados frente al portón de acceso vehicular de una vivienda.

En un momento dado, llegó el propietario de la casa y presuntamente no podía ingresar su vehículo debido a la presencia de los estudiantes. Esto enfadó al sujeto, que bajó del rodado y comenzó a discutir con los jóvenes e incluso golpeó a uno de ellos, pero ellos no entendían el motivo de la agresión.

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“Las víctimas son menores de edad. La madre que denunció el hecho afirmó que ellos estaban aguardando el transporte público sobre la avenida entre Quinta y Sexta Proyectadas, pero que el agresor quiso entrar a su domicilio donde los menores estaba esperando”, detalló el subcomisario Hugo Silva en entrevista con canal Trece.

“Los estudiantes estaban obstaculizando el ingreso al garaje y esta persona se habría ofuscado por esto, descendió de sus vehículo y comenzó a agredirlos”, indicó. Refirió que aún no lograron identificar al hombre, pero cuentan con la dirección para poder poder dar seguimiento al caso. Además, ya se facilitó imágenes que fueron captadas donde consta el número de chapa del rodado. El caso fue comunicado al Ministerio Público.

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La Cámara de Diputados se prepara para debatir en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que eleva de 8 a 20 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan crímenes. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y plantea modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los proyectistas, como el senador Javier Zacarías Irún, justifican la propuesta en el aumento de hechos delictivos protagonizados por menores. Señalan que existen casos de adolescentes que actúan “con premeditación y extrema violencia” y que el crimen organizado utiliza a jóvenes como ejecutores, aprovechando las penas reducidas previstas actualmente.

De acuerdo con la exposición de motivos, esta situación “socava la autoridad del Estado y expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”. Además de endurecer las sanciones, la propuesta incorpora medidas complementarias.

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Entre ellas, evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del infractor, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, que combine sanciones con programas de rehabilitación y reinserción, aplicación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica al momento de dictar sentencia.

Entre los fundamentos, los autores citan el artículo 20 de la Constitución Nacional, que ordena que las penas tengan por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. También apelan al Pacto de San José de Costa Rica, alegando que si los adolescentes gozan de las mismas garantías que los adultos, deben asumir también “las mismas obligaciones y consecuencias”.

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La propuesta contempla que en caso de un hecho calificado como crimen por el “derecho penal común, la duración máxima de la medida será de veinte años”. Si obtiene la aprobación en Diputados, el proyecto quedará sancionado y representará un giro drástico en la política penal juvenil del país.

La propuesta de una comisión parlamentaria en Francia para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 15 años sigue una tendencia mundial lanzada por Australia, pero hasta ahora no se ha encontrado una solución técnica infalible para llevarla a cabo.

El uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes ha suscitado preocupación en los últimos años, sobre todo en lo que respecta al tiempo que pasan frente a las pantallas y la falta de moderación en los contenidos. Según Lucile Coquelin, profesora de Ciencias de la Información y la Comunicación, existe “un riesgo considerable de exposición a contenidos claramente inadecuados para menores”, como “comentarios misóginos”, “imágenes violentas” y “discursos extremos”.

También señala el riesgo de su propia exposición “mediante fotos, videos e información de carácter personal” que luego pueden utilizarse en su contra. En junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya afirmó que quería prohibirlas a los menores de 15 años frente “una epidemia de acoso en estas redes y el desequilibrio en la relación entre niños y niñas”.

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Australia dio un paso importante a finales de 2024 al votar la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Esta ley, que entrará en vigor el 10 de diciembre, ofrece no obstante pocos detalles sobre sus modalidades de aplicación. A finales de julio Reino Unido puso en marcha una nueva normativa que obliga a aplicar controles estrictos de edad a las páginas web, redes sociales y plataformas de videos.

En Noruega, el gobierno se fijó el objetivo de establecer la edad mínima de acceso a los 15 años, pero por ahora no definió un plazo límite ni una hoja de ruta para su aplicación. En Francia, una ley aprobada en junio de 2023 estableció una “mayoría digital” a los 15 años, pero nunca entró en vigor debido a las dudas sobre su conformidad con la legislación europea. Desde principios de año, se ha impuesto a los sitios web pornográficos una estricta verificación de la edad de los internautas.

En China, donde internet está estrictamente controlado, existen desde 2021 medidas de restricción del acceso a los menores, con la obligación de identificarse mediante un documento de identidad. Los menores de 14 años no pueden pasar más de 40 minutos al día en Douyin, la versión china de TikTok, y el tiempo de juego en línea de los niños y adolescentes está limitado.

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Para Olivier Ertzscheid, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad de Nantes (Francia), la aplicación de estas medidas plantea esencialmente problemas de compatibilidad entre el derecho y la técnica. “Desde el punto de vista jurídico, esto ya existe: cuando te registras en una plataforma, te piden tu edad”, señala. Pero para establecer un control eficaz, “estamos obligados a abrir una brecha en el ámbito del respeto a la vida privada”, comenta.

Algunas aplicaciones, como la red social francesa Yubo, recurren a la empresa británica Yoti, que ha desarrollado un sistema de evaluación de la edad basado en la inteligencia artificial a partir de una imagen. Pero este tipo de dispositivos son muy poco frecuentes. La Comisión Europea anunció a mediados de julio que ponía a disposición de cinco países de la UE, entre ellos Francia y España, una herramienta informática para la verificación de la edad.

Varias aplicaciones como TikTok ya comprueban una edad mínima en algunos casos, como para iniciar un directo o comercializar servicios digitales, señala Lucile Coquelin. Pero la plataforma de video breves se niega por el momento a generalizar esta medida a todas las cuentas, ya que, según declaró en su comparecencia ante una comisión parlamentaria francesa en junio, “esta reflexión” debe hacerse “a nivel de todas las plataformas”.

Fuente: AFP.

Un equipo de funcionarios de la brigada “Chalecos rojos” del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) dio aviso al Ministerio Público de una posible vulneración de derechos de dos niñas menores de 13 años en uno de los campamentos ubicados en el tramo de la ciudad de Bella Vista, en el marco de la celebración del Mundial de Rally.

La agente fiscal, Carina Sánchez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, se constituyó en la zona para interiorizarse sobre la situación de las menores y colectar elementos que guarden relación con hechos punibles denunciados.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, ambas menores ya no se encontraban en el lugar debido a que el padre de una de ellas y padrastro de la otra se dieron a la fuga con las mismas. Debido a esto, se procedió a la ubicación del domicilio de estas personas en las inmediaciones de la zona, logrando finalmente dar con ambas niñas.

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Las mismas fueron entrevistadas por psicólogas de la Unidad Especializada y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y posteriormente las trasladaron hasta el centro asistencial más cercano para la evaluación física correspondiente, de manera a contar con el informe completo de su situación.

Tras los trabajos de rigor, la agente fiscal solicitó a la defensora de la Niñez de turno que una de las niñas sea trasladada hasta el centro de protección del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de resguardar la integridad de la pequeña y continuar con trabajos de investigación en el marco de la denuncia.

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