El presunto plan de ataque a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, dentro del Centro Penitenciario de Minga Guazú sigue teniendo derivaciones. Se conoció la separación de tres agentes penitenciarios sancionados, según confirmó el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, en comunicación con Radio Universo 970 y el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, a La Nación/Nación Media.

Maciel reiteró que la alarma se encendió al principio de este mes al detectarse comportamientos y movimientos inusuales dentro del área de máxima seguridad del centro penitenciario.

Los agentes apartados estaban asignados al módulo donde está la celda de Insfrán en el momento en que se detectaron las conductas irregulares. Para el viceministro Rubén Maciel, la arista más crítica del caso apunta a la complicidad interna.

Por su parte, el director de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña, aclaró que el presunto intento de atentado contra Tío Rico es una alegación de los defensores del citado.

Reiteró que los tres agentes fueron sometidos a sumarios y “sancionados con traslado que es una de las sanciones posibles” y, al mismo tiempo, “mejorar las condiciones de seguridad dentro de este pabellón de máxima seguridad”, en el que se encuentra Miguel Ángel Insfrán.

“Fueron trasladados al Penal Regional de Ciudad del Este tres funcionarios, en un proceso de reorganización y mejora operativa, coincidente con el fin de la intervención y el nombramiento de un nuevo director de la penitenciaría”, explicó Peña.

Con respecto al incidente donde supuestamente se quiso atacar a Tío Rico, el coronel Rubén Peña explicó que “el 11 de mayo pasado, 7 personas privadas de libertad, recluidas en el mismo módulo con Miguel Insfrán, lograron salir de sus celdas y se dirigieron hacia el sector donde está el señor Insfrán”. “Sin embargo él estaba en una comparecencia telemática a esa hora y su integridad nunca estuvo comprometida. Posteriormente se tomaron medidas administrativas contra las PPL que abandonaron sus celdas”, agregó Peña.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns y Gustavo Santander Dans, se trasladaron este jueves hasta Pedro Juan Caballero, donde desarrollaron una agenda de trabajo en el Palacio de Justicia local.

La visita de los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial de Amambay se enmarcan en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, orientados a descentralizar y mejorar el servicio de justicia en todo el territorio nacional, explicaron.

Las altas autoridades, en primer lugar se reunieron con el Consejo de Administración local, que informó sobre la gestión administrativa y jurisdiccional, así como sobre las propuestas de fortalecimiento para optimizar la labor institucional.

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A continuación, Diesel y Santander presidieron el acto de juramento de ley de 11 nuevos profesionales del derecho en el salón de Juicios Orales del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.

Y para finalizar, las autoridades judiciales asistieron a la apertura del diplomado en el área especializada de la Niñez y la Adolescencia, cuya disertación estuvo a cargo de la doctora Bettina Ovando, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Capital.

Durante el acto, la magistrada abordó los principios de la jurisdicción especializada de dicho fuero. Participaron de manera presencial magistrados y funcionarios.

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Este lunes, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en un presunto hecho de sicariato en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. El hombre fue atado por desconocidos en plena vía pública y fue auxiliado por vecinos, pero al llegar al centro asistencial se constató su fallecimiento.

Según el reporte policial el hecho se registró cerca de las 14:00 de hoy en el barrio María Victoria de la citada ciudad, en un ataque donde se vieron involucrados dos vehículos. Una camioneta Fiat Toro blanca con chapa brasileña, en el que iba la víctima fatal y un automóvil de la marca Toyota tipo sedan de color gris.

La víctima fatal fue identificada como João Morel, de 46 años, de nacionalidad brasileña, que es propietario de una local de chapería y pintura. Este aparentemente estaba camino a entregar el rodado a uno de sus clientes cuando fue interceptado por los criminales.

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Testigos indicaron que el hombre iba en la camioneta blanca y fue interceptado por el automóvil de color gris del cual descendieron los presuntos sicarios con armas de gruesos calibres y abrieron fuego en su contra. Luego de cometer el hecho huyeron raudamente del sitio.

Morel fue gravemente herido y rápidamente fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo llevaron hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, pero los médicos confirmaron que falleció. Tomó intervención la comisaría 1ª y el Ministerio Público quienes buscan dar con los atacantes.

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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.