El ministro del Interior, Enrique Riera, encabezó una reunión de trabajo con representantes de las varias instituciones, a fin de avanzar en la coordinación de acciones orientadas al fortalecimiento institucional del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y a la atención integral de las comunidades indígenas.

Del encuentro participaron representantes del Ministerio Público, la Policía Caminera, el subcomandante de la Policía Nacional, Ramón Javier Morales, el jefe policial de la zona de Caaguazú y autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Estas instancias de cooperación consolidan el compromiso del Estado en la construcción de políticas sostenibles que garanticen los derechos de los pueblos originarios, promoviendo inclusión, respeto y soluciones efectivas para problemáticas históricas que hoy comienzan a ser atendidas con seriedad. Trabajando en la promoción de políticas públicas sostenibles que garanticen los derechos de las comunidades nativas.

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Desde el Ministerio del Interior resaltaron que la intención es fomentar la inclusión y el respeto de los derechos de las comunidades indígena promoviendo soluciones efectivas para los problemas históricos de estas comunidades originarias.

Destacan que con el fortalecimiento del Indi que consideran crucial para asegurar que las comunidades nativas reciban una atención adecuada y pueda integrarse de manera efectiva a la sociedad, respetando sus tradiciones y culturas.

Mencionan que los esfuerzos conjuntos resaltan la importancia de abordar las necesidades de las comunidades indígenas con seriedad y compromiso asegurando que se escuchen sus voces y se respeten sus derechos. Durante esta reunión también se desatacó la voluntad del Gobierno de Paraguay de trabajar de manera colaborativa en este ámbito.

“Esta iniciativa refleja un enfoque renovado que busca soluciones inclusivas y efectivas a cuestiones que han sido históricamente desatendidas. El compromiso de las autoridades es un paso importante hacia un futuro más justo para los pueblos originarios del Paraguay”, concluye el informe oficial.

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En la mañana de este jueves se presentó en la sede del Ministerio Público la mujer detenida tras asesinar a su hijo de solo 42 días de nacido. El hecho se había registrado ayer miércoles en horas de la tarde en el barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby.

La presunta autora del suceso fue identificada como Tania Alejandra Elena Giménez Ocampo, de 21 años de edad, quien, si bien se presentó para su audiencia ante la fiscal Laura Guillen, la misma se abstuvo de declarar.

Si bien se trata de un caso de filicidio, la carátula de la causa abierta para la investigación es la de homicidio doloso, por lo cual se podría exponer a una pena privativa de libertad de entre cinco a veinte años, dependiendo de las circunstancias y agravantes que se tengan en cuenta a la hora del juicio.

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Paralelamente a la investigación abierta para aclarar en qué circunstancias se habría dado el homicidio del pequeño, las autoridades intervinientes también han ordenado que la mujer sea sometida a una serie de pruebas psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si la misma se encontraba en un estado mental vulnerable en el momento de cometer el hecho.

Según las declaraciones de la pareja de la joven, la misma le habría enviado varios mensajes sobre que acabaría con la vida del bebé y posteriormente con la suya, y que posteriormente le envió imágenes sobre el hecho, por lo que alertó a la Policía Nacional para que interviniera, ya que el mismo se encontraba en su lugar de trabajo.

Al llegar los efectivos policiales, encontraron a la mujer sentada en la cama cubierta de sangre y sosteniendo al menor en sus brazos, y los intervinientes tuvieron que arrebatarle al bebé para que fuera auxiliado, ya que ella no quería soltarlo.

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La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.

Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.

Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.

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El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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