El secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A), Gabriel Espínola, dijo que debe cumplirse el aumento salarial del 16% para los docentes y si el Gobierno no cumple, la única alternativa que tienen es salir a las calles.
De esta manera, los docentes esperan que en octubre se dé el aumento del 16% y en enero del 2022 otro 8% para llegar al salario básico profesional y, en caso de continuar la negativa del Gobierno, en octubre los educadores irán a huelga indefinida.
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“Toda vez que al día 30 de setiembre no se tenga una información diferente a lo establecido en la ley. Lo que se estableció fue que si se dan las condiciones en cuanto a la recaudación, se va a dar lugar al aumento del salario”, mencionó.
El representante del gremio aseguró que todas las condiciones legales están dadas para que el aumento del salario del 16% se liquide en el primer mes. Así también, comentó que se dice que las binacionales entregaron plata. “Yo creo que están tratando de utilizar esos recursos para las elecciones”, mencionó en contacto con la 1020 AM.
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Así también, Espínola manifestó que no tienen ninguna reunión prevista y tampoco tienen por qué irse a una reunión. “A no ser que Hacienda nos diga que vamos a cobrar en sobre. El Ministerio de Hacienda ya contempló más de G. 500 mil millones para completar el salario. Más que un acuerdo, se trata de una normativa, eso debe cumplirse”, enfatizó.
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Nueva Ruralidad: Indert reinvindica derechos de campesinos marginados de la titulación de tierras
El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), elimina las trabas burocráticas históricas que impedían el acceso a la propiedad formal a los ancianos, docentes y personal de salud de comunidades rurales. Reivindicando de esta forma, los derechos de campesinos marginados de la titulación de tierras.
El primer centenar de beneficiados en el marco de la “Nueva Ruralidad” prioriza a la tercera edad, informó el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz. Mencionó que los expedientes se encontraban paralizados, en muchos casos desde el año 2015, debido a interpretaciones administrativas restrictivas.
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Señaló que la medida corrige una situación injusta por la cual se bloqueaba la titulación a pobladores rurales bajo el concepto de “perfil positivo” (por cobrar la pensión de tercera edad, tener cobertura médica familiar o desempeñarse como docentes o enfermeros rurales). “De esta forma, se restituyen los derechos constitucionales de acceso a la tierra a los mencionados beneficiarios”, indicó.
Restricciones injustificadas
Ruiz Díaz mencionó que en el caso de personas de tercera edad, se levantaron las trabas a personas de 70 y 80 años que figuraban en el sistema cobrando la pensión de adultos mayores, pero que siguen viviendo y cultivando en sus comunidades.
Asimismo, se eliminó la restricción a los que prestan servicios esenciales. Explicó que se garantiza la titulación a docentes y enfermeros que residen en las colonias rurales, asegurando que los servicios públicos (escuelas y Unidades de Salud Familiar) permanezcan en el campo.
“La iniciativa responde a una instrucción expresa de la Presidencia de la República para eliminar los obstáculos administrativos que vulneren la garantía constitucional del acceso a la tierra", remarcó.
El titular del ente agrario señaló que los siguientes pasos administrativos consistirán en la reglamentación específica para formalizar que los profesionales rurales (docentes, enfermeros) puedan mantener la titularidad de lotes agrícolas siempre que ejerzan la posesión efectiva y la producción en esos inmuebles.
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Manifestación del personal de IPS: piden aumento salarial y que el Consejo se reúna en CDE
- Ciudad del Este. Agencia regional
Trabajadores contratados y permanentes de las seis unidades médicas del Instituto de Previsión Social de Alto Paraná, se manifestaron hoy frente a los hospitales y puestos médicos del IPS. Piden aumento salarial y que el Consejo de Administración se reúna por lo menos una vez en Ciudad del Este.
La convocatoria fue del Sindicato de Funcionarios del IPS de Alto Paraná (Sifipsap). Estuvieron hasta el medio día agrupados con carteles frente al Hospital Regional de Ciudad del Este y las unidades sanitarias de Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú, Santa Rita e Itakyry.
El reclamo principal es levantar lo que califican como congelamiento salarial de un porcentaje mayoritario del personal, ya sea de enfermería, servicios generales, técnicos y también médicos, según dijo Isidro Mareco, secretario general del Sifipsap.
Indicó hoy que, además del aumento salarial, hay muchas situaciones que los funcionarios quieren hablar con el presidente del IPS, doctor Isaías Fretes y por eso lo están esperando en Alto Paraná.
“No solamente queremos que venga, sino que sea un día de trabajo y que el Consejo de Administración realice su reunión acá en la zona, para que todos los sectores hagan conocer sus preocupaciones”, refirió el secretario general del Sifipsap. Agregó que no será suficiente dos horas para que, tanto el personal como los representantes de los aseguradores se hagan escuchar.
Mareco refirió que la decisión tomada entre los trabajadores es continuar con la movilización el próximo viernes y así sucesivamente, avanzando en acciones más fuertes hasta que sean escuchados.
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Revés judicial para el gobierno de Milei por recortes a fondos para universidades
La Corte Suprema de Argentina dejó firme este jueves una medida preventiva que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario, norma que el presidente había vetado al aducir que iba en contra de su política de austeridad fiscal.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la aplicación de la ley, de acuerdo al documento judicial.
El fallo de la Corte implica la actualización salarial a docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de becas estudiantiles que habían sido discontinuadas.
La ley, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y ratificada después por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca la aplicó.
La decisión de la Corte busca zanjar un conflicto que lleva más de dos años entre el gobierno y las universidades públicas, y que dio lugar a masivas manifestaciones en defensa de una mayor financiación para la educación superior.
“Fue un camino largo y difícil”, dijo en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al celebrar que la sociedad “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social”.
El gobierno se mantuvo en silencio. El Poder Ejecutivo había condicionado, por decreto, que el cumplimiento de la ley dependa de que el Congreso garantice cómo financiarla.
Un tribunal mantiene una causa abierta para resolver si ese decreto es constitucional, según un amparo colectivo presentado por las universidades.
El fallo de la Corte Suprema de este jueves obliga al Ejecutivo a cumplir la ley hasta tanto se resuelva esa cuestión de fondo.
A principios de junio la secretaría de Educación había propuesto un aumento salarial del 24,33 % a los docentes y la reposición de algunas partidas para gastos de funcionamiento.
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos dos años los salarios cayeron 40 % y se produjo la renuncia de cientos de profesores.
La última de cuatro marchas federales en defensa de la ley de financiamiento universitario tuvo lugar el 13 de mayo pasado, cuando una multitud se congregó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.
- Fuente: AFP
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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