Policías de la Comisaría 3ra. detuvieron a 7 personas por el asesinato de un joven de 18 años a raíz de múltiples golpes recibidos por parte de una turba durante un partido de fútbol disputado en una plaza de la compañía Yka’a, de la ciudad de Luque, hace dos semanas.
El trágico hecho se inició cuando el joven identificado como Anthony Gabriel López habría intentado defender a un amigo que fue golpeado durante el encuentro deportivo, en ese momento el grupo agresor le propinó la mortal golpiza que finalmente ocasionó su deceso.
Hoy serán trasladados hasta el Ministerio Público para realizar una declaración indagatoria ante la fiscala Marta Ortiz. En la investigación por homicidio doloso del joven, anteriormente ya se detuvo a un pastor identificado como Roberto Martínez, organizador del partido de fútbol, quien fue imputado por omisión de auxilio.
“Tenemos un total de 8 personas detenidas; están acá en la comisaría a disposición de la Fiscalía. Son integrantes de uno de los equipos que estaban participando del encuentro y posteriormente ocurrió el hecho lamentable”, dijo Feliciano Ferreira, jefe policial de la Comisaría 3ra. de Luque.
Los detenidos fueron identificados como Juan Núñez, Jorge Núñez Franco, Everson Núñez, Héctor Núñez, Jam Carlos Montiel, Ángel Areco Gubetich y Édgar Gabriel Ovelar. “La carátula del caso de los 7 detenidos es homicidio doloso y el pastor por omisión de auxilio”, expresó el comisario.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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Muerte súbita en Luque: docente falleció al mando de su camioneta
Una mujer falleció al mando de su camioneta, en pleno centro de Luque, aparentemente a raíz de un infarto fulminante. La víctima fue identificada como Gloria Beatriz Moreno Ríos, de 63 años, de profesión docente, vecina del Cuarto Barrio.
El presunto caso de muerte súbita se registró este martes alrededor de las 7:00, en las calles Héroes del Chaco y Carlos Antonio López, detrás del estadio Feliciano Cáceres del Sportivo Luqueño.
Los intervinientes llegaron al sitio tras ser alertados por lugareños y encontraron a la conductora sentada frente al volante con las puertas abiertas y las piernas fuera del vehículo.
La mujer se habría sentido mal en el trayecto y descendió del vehículo para pedir ayuda debido a aparentes problemas de salud. Al volver a su rodado se produjo su repentino deceso, según testimonio de vecinos.
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Convocaron a bomberos voluntarios, quienes llegaron al lugar para asistir a la víctima, pero tras la verificación correspondiente constataron su deceso. Posteriormente, se dio aviso a las autoridades policiales y el hecho se encuentra en etapa de investigación a fin de confirmar las causas exactas del fallecimiento.
Asimismo, se contactó con familiares a fin de comunicarles la triste noticia. La fallecida pudo ser identificada por los intervinientes a través de documentos personales que portaba en una cartera hallada en el interior de la camioneta.
La víctima no presentaba señales de violencia y se descarta que haya sido victima de delincuentes. Ante esta situación, los investigadores indagaron si la misma padecía de enfermedades de base que pudieran desencadenar su repentino deceso. Todo apunta que sufrió una descompensación a raíz de un paro cardiaco. No obstante se aguarda el informe forense.
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Violencia en el fútbol: batalla campal en Luque deja un policía herido y un árbitro agredido
Una jornada que debía ser deportiva terminó en un episodio de violencia desmedida en la ciudad de Luque. Al finalizar un partido de la categoría reserva, disputado este domingo 21 de junio, se registró una batalla campal que dejó como saldo un agente de la Policía Nacional con una herida de gravedad y a un árbitro víctima de agresión física.
Según el informe preliminar de las autoridades, el incidente tuvo su génesis alrededor de las 13:00, cuando integrantes de ambos equipos iniciaron una pelea que rápidamente escaló de intensidad, involucrando a los simpatizantes presentes en las gradas.
El jefe policial interviniente detalló que, pese a los esfuerzos iniciales por controlar la situación mediante técnicas de persuasión, los efectivos fueron superados en número por la cantidad de personas involucradas.
En medio del tumulto, un uniformado resultó con una lesión en la cabeza que requirió ocho puntos de sutura, mientras que uno de los jueces del encuentro confirmó haber sido blanco de agresiones físicas durante el desorden.
Sin detenidos hasta el momento
A pesar de la magnitud de los disturbios, el procedimiento policial no arrojó personas aprehendidas. Los responsables del operativo señalaron que la escasez de personal frente a la multitud impidió realizar detenciones en flagrancia.
La víctima de la agresión ya ha formalizado la denuncia correspondiente.
Por su parte, la Policía Nacional adelantó que los antecedentes del caso serán remitidos al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones pertinentes y la identificación de los responsables de este nuevo episodio de intolerancia en el fútbol regional.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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