Identifican a más de 100 personas que viajaron desde el exterior a Paraguay y que no cumplieron con la cuarentena obligatoria de 5 días establecida para intentar mitigar el ingreso masivo de la variante delta del COVID-19 al país. Salud Pública confirmó la circulación comunitaria tras detectar seis casos de la contagiosa cepa, mientras unas 40 muestras se encuentran “bajo la lupa”.
La doctora Marlene Santos, directora de Asistencia Médico Legal del Ministerio de Salud, informó que alrededor de 100 viajeros no cumplieron con el protocolo sanitario. Estas personas recibirían 40 jornales de multa, equivalente a un total de G. 3.522.040 por el incumplimiento de la medida sanitaria. A otros 264 viajeros actualmente no logran ubicar, por lo que se exponen a la misma sanción.
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“Tengo en sumario a 396 personas, pudimos notificar a 194. De los notificados, aproximadamente 100 no presentaron documentos; es decir, que no cumplieron con el protocolo, ingresaron al país violando el Código Sanitario y la resolución del Ministerio de Salud. En muchos casos la dirección que dieron no coinciden”, expresó Santos.
La profesional médica manifestó que para ingresar al país uno debe presentar el PCR negativo, en el plazo de cuarentena que es de 5 días y luego de eso la persona debe volver a hacerse un hisopado. Aseguró que la ficha del viajero es una declaración jurada y que en caso de que la información presentada sea falsa se trata de una falta que comete la persona que firmó el documento.
“Esas personas que no presentaron ninguna documentación van a ser sancionadas. En el sumario que estoy instruyendo y que ya presenté pido una sanción de 40 a 60 jornales. La sanción por el incumplimiento del protocolo sanitario es de una multa de hasta 40 jornales”, afirmó la médica, en contacto con 1080 AM, esta mañana.
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Químicos y técnicos alimentarios respaldan sanciones de Dinavisa a minimercado
La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.
A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.
El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.
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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.
Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:
La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.
Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.
A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.
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Proteger al consumidor es esencial para un mercado formal, dice UIP
La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) intensificaron los controles en comercios del país, tras detectar la venta de productos vencidos, en mal estado y con alerta sanitaria vigente.
Ayer informaron que detectaron irregularidades en una conocida cadena de minimercados, con reetiquetado e incluso, productos vencidos. Por ende, la Sedeco ordenó la suspensión de todos los locales de este minimercado que opera las 24 horas del día, de lunes a lunes.
Al respecto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado donde sostienen que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo.
Exponen que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, además de fortalecer y promover la competencia.
“Estos procedimientos deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo, evitando impactos irreversibles en las cadenas de valor, empleo y las inversiones. En un país donde el sector productivo es el motor de desarrollo, resulta clave equilibrar la regulación con la sostenibilidad empresarial”, afirman.
Mencionan que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.
También aseguran que es necesario contemplar el impacto económico y social que pueden generar medidas desproporcionadas y la información y comunicación pública sobre estos procesos deben manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general.
“Por ello, la UIP alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo”, finaliza el texto.
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Alexandre de Moraes afirma que ignorará las sanciones de EE. UU. por el caso Bolsonaro
El juez de la corte suprema de Brasil a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro afirmó este viernes que va a “ignorar” las sanciones de Estados Unidos, y que la justicia brasileña “no se doblegará” ante las “amenazas”.
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El gobierno de Donald Trump le impuso el miércoles sanciones económicas al magistrado Alexandre de Moraes, al que acusa de una “caza de brujas ilegales contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”.
Después de esas medidas, y de una subida arancelaria a las exportaciones brasileñas confirmada el jueves por Washington, el poderoso juez se pronunció durante una sesión muy esperada del plenario del Supremo Tribunal Federal.
En un tono duro, durante un discurso transmitido en vivo por las emisoras brasileñas, Moraes dijo que va “a ignorar las sanciones” y “continuar trabajando”.
“No solo esta corte, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no se doblegarán ante las amenazas”, añadió el juez.
Moraes, a quien Estados Unidos ya había revocado la visa, fue objeto de sanciones financieras personales en virtud de la ley Magnistky, un instrumento para castigar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.
Según la Casa Blanca, Moraes “ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos” en coordinación con otros jueces de la alta corte brasileña.
Soberanía no se negocia
Las sanciones contra Moraes abarcan el bloqueo de todos sus eventuales activos en Estados Unidos y la prohibición de ciudadanos y empresas estadounidenses de hacer negocios con él. Una fuente judicial brasileña dijo, sin embargo, a la AFP que “el juez no tiene bienes en Estados Unidos”.
La corte suprema “siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia”, enfatizó este viernes Moraes.
El magistrado también denunció a quienes, siendo brasileños, han actuado “de manera cobarde y traicionera con la finalidad de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado”.
Fue una mención velada al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien, radicado en Estados Unidos, lleva adelante un eficiente lobby ante el gobierno Trump en defensa de su padre y contra los poderes Ejecutivo y Judicial de Brasil.
El juez abrió recientemente una investigación contra Jair Bolsonaro y su hijo por presunta “obstrucción” del proceso contra el expresidente, al impulsar “actos hostiles” contra Brasil.
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En el marco del proceso, el exjefe de Estado de extrema derecha (2019-2022) debe llevar una tobillera electrónica, además de la prohibición de usar redes sociales, entre otras.
Fuente: AFP
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Ucrania propone a Rusia retomar conversaciones de paz
Ucrania propuso a Rusia una nueva ronda de conversaciones de paz la próxima semana, declaró el sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un intento de relanzar unas negociaciones estancadas desde principios de junio. Las dos rondas de negociaciones celebradas en Estambul entre Rusia y Ucrania no lograron avances hacia un alto el fuego, pero sí al menos un acuerdo para canjear prisioneros y devolver los cadáveres de soldados muertos.
El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano, Rustem Umerov, “informó que propuso la próxima reunión con la parte rusa para la semana que viene”, dijo Zelenski en su discurso vespertino. “Hay que acelerar el impulso de las negociaciones”, añadió. Zelenski también reiteró su disposición a sentarse cara a cara con Putin, afirmando que “es necesaria una reunión a nivel de liderazgo para garantizar realmente la paz, una paz duradera”.
En las conversaciones del mes pasado, Rusia esbozó una lista de duras exigencias, entre ellas que Ucrania ceda más territorio y rechace toda forma de apoyo militar occidental. Ucrania las calificó de ultimátums inaceptable y cuestionó el sentido de seguir negociando si Rusia no está dispuesta a hacer concesiones.
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El Kremlin afirmó a principios de este mes que está dispuesto a continuar las conversaciones con Ucrania, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a Rusia 50 días para alcanzar un acuerdo de paz o enfrentarse a sanciones. Trump prometió además la entrega de más ayuda militar a Ucrania, para ayudarla a defenderse de los ataques rusos, cada vez más voluminosos.
En las últimas semanas, Rusia escaló la intensidad de sus ataques aéreos diarios a las ciudades ucranianas, y su empuje en la línea de frente. Este mismo sábado, tres personas murieron en Ucrania por los misiles y drones disparados desde territorio ruso, dos de ellas en la región central de Dnipropetrovsk, y una tercera en la localidad costera de Odesa.
Por su lado, Rusia tuvo que suspender la circulación de sus trenes durante cuatro horas en la región meridional de Rostov, a causa de un ataque ucraniano con drones en el que resultó herido un trabajador ferroviario. Como parte de los acuerdos de Estambul, Ucrania recibió los cadáveres de 1.000 soldados muertos, el jueves, y Rusia recibió 19 de manos ucranianas.
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Nuevas sanciones europeas
El Kremlin dijo este viernes que hará todo por “minimizar” las consecuencias del 18º paquete de sanciones acordado este viernes por la UE, focalizado en el petróleo ruso, y avisó de que tendrá “efectos negativos” para los países suscriptores. “Obviamente habrá que analizarlo [el nuevo paquete de sanciones], para minimizar las consecuencias”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su sesión informativa diaria con la prensa, en donde participa la AFP.
“Pero además de eso, cada paquete añade un efecto negativo para los países que se unen” a la aplicación de las sanciones, añadió. “Hemos declarado en varias ocasiones que consideramos como ilegales esas restricciones unilaterales, y que nos oponemos a ellas”, recordó Peskov. Y enfatizó que en Rusia “ya nos hemos adaptado a la vida bajo sanciones”.
El nuevo paquete impuesto en represalia por la ofensiva en Ucrania contempla entre otros rebajar un 15% el tope del precio del petróleo ruso exportado, respecto al precio medio del mercado. El tope al precio del petróleo ruso es una iniciativa que parte del G7, y que busca limitar los ingresos que Rusia obtiene de la venta de su petróleo en todo el mundo, incluyendo países como China e India. El mecanismo consiste en prohibir a las empresas marítimas y las compañías de seguros que tratan con Rusia que exporten por encima de ese tope.
Fuente: AFP.