A tempranas horas de este miércoles, un funcionario de los grupos Nación y Multimedia fue detenido y posteriormente retenido por camioneros ubicados en el km 30 de la Ruta PY 2 cuando se encontraba camino a Ciudad del Este.
Se trata de un chofer que transportaba los diarios de este miércoles al este del país, que no pudo avanzar hacia su destino en tiempo y forma porque fue obligado por los camioneros a detener la marcha y bajarse del vehículo. El mismo mantuvo una discusión con los “piqueteros” y les aclaró varias veces que no es camionero.
Sin embargo, fue agredido y amenazado por los camioneros, que también evitaron que baje los diarios en la ciudad de Santa Rita. Luego lo obligaron a ponerse en la fila y le dijeron que hasta las 7 de la mañana permanecería en el lugar, reteniéndolo allí de manera ilegal.
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Seguidamente, le manifestaron que a esa hora continuaría su camino, pero de regreso a Asunción y no a su destino original, y que en caso de no hacerlo así le romperían el móvil de los medios para los cuales trabaja. “Hoy no se leerá el diario en CDE”, subrayaron los piqueteros.
También le prohibieron bajarse del móvil, tomar fotos o realizar cualquier otro movimiento, amenazándole en todo momento con romper el parabrisas e incluso el vehículo.
Finalmente, poco antes de las 7 horas, fue liberado y pudo continuar su camino. No obstante, el daño ya está hecho. Estos sujetos cometieron una serie de delitos contra un ciudadano que se encontraba cumpliendo con su trabajo, al detenerlo, agredirlo, amenazarlo y retenerlo contra su voluntad; además, frustraron la llegada en horario de los diarios a toda una población.
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Acusan a funcionario de DNIT y personal de la Marina por lesión a un adulto y un menor
- Ciudad del Este. Agencia regional
El funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Osvaldo Carísimo Bustamente y el personal del Área Naval del Este, Gumercindo Ramírez Achneider fueron acusados por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de Ciudad del Este, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de funciones y privación de libertad.
Los acusados habían sido imputados tras ser vistos en un video viralizado cuando agredieron a un adulto y a su hijo, un menor de 14 años en la cabecera del Puente de la Amistad. El fiscal pidió el juicio oral y público.
El hecho se había registrado el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este, durante un control de ingreso al país. En ese momento, un hombre mayor de edad y su hijo, de 14 años, circulaban a bordo de un automóvil Toyota Sienta, de color blanco, cuando fueron retenidos por los intervinientes para una verificación.
Durante la verificación se produjo un forcejeo, momento en que el funcionario citado habría utilizado la fuerza para intentar sacar al conductor del habitáculo.
El adolescente quiso defender a su padre y, según el relato fiscal, fue sujetado del cuello, golpeado en la cabeza, a la altura del oído, y tomado del cabello.
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La acusación también sostiene que el funcionario de la DNIT ingresó al vehículo por el lado del acompañante y habría actuado con violencia para sacar al conductor del rodado. El procedimiento fue grabado y divulgado en redes sociales.
Tras el procedimiento a cargo del personal de la Aduana y de la Marina, el conductor fue aprehendido y trasladado hasta la sede del Área Naval, donde permaneció privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00.
La conducta atribuida al funcionario de la DNIT fue calificada como lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, mientras que al agente de la Marina se le atribuye lesión corporal y el de privación de libertad, en calidad de autor.
Como evidencia material, la Fiscalía ofreció grabaciones del procedimiento contenidas en discos y un dispositivo de almacenamiento proporcionado por la Dirección General de Aduanas, además de filmaciones remitidas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Amílcar Antonio Marecos.
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Fiscales piden protección urgente ante presunta amenaza de Giuzzio
Este martes, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de las presuntas amenazas que habrían recibido por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”. Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio habría proferido amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso. En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
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El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
“Vamos a hablar después”
La presunta amenaza contra los agentes fiscales mencionados, ocurrió al finalizar la jornada de juicio ayer lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce. “Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales, previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa.
Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de septiembre a las 10:30.
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Riera advierte que el dinero del crimen organizado es la mayor amenaza para la democracia
El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.
En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.
Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.
“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.
Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.
Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.
Acabar con el microtráfico
El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.
Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).
“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.
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Fernando de la Mora: tras brutal agresión a alumno, padres piden al MEC intervención del colegio
Este miércoles, padres del un colegio de la ciudad de Fernando de la Mora se manifestaron y pidieron intervención de la institución educativa luego de que un alumno fuera brutalmente golpeado por una turba de extraños. Denunciaron que la ola de violencia es el día a día y que las autoridades académicas no hacen nada para detener la situación.
El hecho de agresión se reportó durante la tarde de ayer, martes, cuando los alumnos estaban saliendo de la institución y a uno de ellos lo esperaba un grupo de 4 a 5 jóvenes que lo agredieron a golpes. Uno de los implicados lo golpeó con una piedra a la altura de la cabeza, lo que le provocó un sangrado.
“No es la primera vez que pasamos por una situación similar dentro y fuera del colegio. En esta oportunidad ocurrió con chicos que no son del colegio, pero vinieron bajo el mandato de una alumna. Se presume que esta chica se sentía acosada por este alumno y le pidió que vengan a pegarle y fueron bastante agresivos”, detalló una madre, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que hoy miércoles también se reportó otro caso de violencia dentro de la institución y que lamentablemente el director general no está haciendo mucho para frenar esta situación.
“El director dice que todo está bien y le hace llegar esa información a los interventores, cuando en realidad no existe un régimen de disciplina, no hay orden y no existe un celador, los chicos se pasean por la institución y no entran en sus salas de clase. Se tiene identificado a los estudiantes que crean problemas”, apuntó.
Agregó que como padres tienen miedo de lo que pueda ocurrir a futuro, por lo que piden que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que intervenga el colegio. “Pedimos auxilio y que se haga algo mediante el Ministerio, que se pueda intervenir como corresponde de manera urgente antes de que pase algo peor”, puntualizó.
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