Al menos siete desalojos de comunidades se han desarrollado en los últimos tres meses (mayo-julio). La violencia fue el denominador común en la mayoría de las intervenciones policiales-fiscales. El Instituto Paraguayo del Indígena no ha dado respuestas a los reclamos de los nativos.
En todos los casos, las comunidades indígenas reclaman que el territorio ocupado corresponde a sus tierras ancestrales. Esto significa que son áreas en donde los han vivido siempre, desde sus antepasados. Para los indígenas, además, no se trata simplemente de tener un pedazo de tierra, sino de la supervivencia cultura, social y espiritual de la identidad que tienen.
Sin embargo, todas las intervenciones fiscales y policiales que terminan con un desalojo derivan de una orden judicial. Estas medidas obedecen a denuncias planteadas por quienes aseguran son los dueños de las tierras en donde habitan estos indígenas. En cada uno de los casos, se presentaron supuestos títulos de propiedad.
El 5 de julio pasado se hizo una audiencia pública sobre desalojos contra comunidades indígenas en el país. Fue convocada por la comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores. En la ocasión habló Hipólito Acevei, en representación de la Federación Nacional por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAP), quien dijo que los desalojos contra las comunidades indígenas ya no resulta extraño para ellos, ya que se han convertido en un acontecimiento sistemático “que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo”, dijo Acevei.
El dirigente campesino recordó lo ocurrido con la comunidad Ka’a Poty, en donde la Policía actuó con extrema violencia. “Señalamos igualmente que, en muchos casos, los desalojos también fueron acompañados por supuesta seguridad privada sin orden judicial”, afirmó don Hipólito.
Dijo que hay indígenas que viven en otras tierras consideradas ancestrales que además tienen el título de dominio legal por parte del gobierno paraguayo, ya sea a través del INDI o del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que hoy tienen temor de que también sean desalojados, ya que está demostrado que cuando cualquiera reclama judicialmente, la justicia desconoce el derecho ancestral y jurídico del dominio y posesión de las tierras de las comunidades indígenas afectadas, cuya ocupación ya se viene dando desde tiempos inmemoriales.
“Podría seguir enumerando los casos de dolores y violaciones de desalojos, pero este espacio de audiencia pública debemos aprovechar para plantear propuestas”, añadió Acevei.
Finalmente, Acevei solicitó que el Poder Ejecutivo promulgue el decreto que habilita el Plan Nacional de Pueblos Indígenas-PNPI, elaborado por los representantes de 19 pueblos indígenas del país. Este proyecto llevó 6 años de trabajo y fue entregado al presidente de la República, Mario Abdo, el 20 de abril del 2021 pasado.
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Estos son los desalojos a comunidades indígenas recientes:
13 de mayo: Comunidad Cerrito, del pueblo Avá Guaraní, Minga Porã, Alto Paraná. Un contingente policial desató un violento desalojo contra las 85 familias. Los indígenas alegan que 1.750 hectáreas pertenecen a sus tierras ancestrales. Siguen esperando hasta hoy que el Instituto del Indígena (Indi) haga la verificación de la propiedad.
1 de Junio: Comunidad Indígena Yvy Porã, de Santa Rosa del Aguaray, departamento San Pedro. Luego que fueron desalojados, los indígenas se ubicaron al costado de la ruta, con sus cosas. Hubo denuncias incluso de que las fuerzas policiales se llevaron sus pertenencias.
9 de junio: Comunidad indígena Acaraymi, del pueblo Ava Guaraní, en el distrito de Hernandarias, Alto Paraná. Las 150 familias de esta comunidad reclaman desde hace años estas tierras ancestrales. El último desalojo violento dejó como consecuencia varios indígenas con golpes y heridas. El Indi hasta ahora no ha resuelto la situación legal de este reclamo.
16 de junio: Comunidad Ka’a Poty 1, del Pueblo Avá Guaraní, de la zona de Itakyry, Alto Paraná. Los indígenas fueron desalojados violentamente. Los policías destruyeron el templo de los nativos, una escuela indígena reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias y las chozas en las que vivían.
7 de julio: Comunidad Cristo Rey, del pueblo Avá Guaraní, de Ybyrarobana, de Canindeyú. Los indígenas reclaman que unas 800 hectáreas que aseguran hacen parte a sus tierras ancestrales. Al menos 100 familias de esta comunidad ahora están viviendo en calles aledañas.
8 de julio: Comunidad Ka’avusu, del pueblo Avá Guaraní, distrito de Itakyry, Alto Paraná. Cerca de 60 familias piden que se respete sus tierras ancestrales en la zona denominada Zanja Pipuku. También en este caso la Policía actuó con mucha violencia.
12 de julio: Comunidad Yvypyte, del pueblo Pa’i Tavyterã, Amambay. El senador Fulgencio Rodríguez denunció a través de su cuenta de twitter la invasión de estas tierras y la expulsión de las familias indígenas que viven en esas tierras ancestrales.