La Embajada de Taiwán celebra la firma del contrato privado entre el Gobierno paraguayo y la empresa Vaxxinity, cuya vacuna se desarrolló con una plataforma innovadora y biotecnología taiwanesa-americana, la cual será una opción más de inmunizante para Paraguay y el mundo.
Paraguay accederá a un millón de dosis anti-COVID-19 denominadas UB-612, creadas por la empresa de biotecnología de Estados Unidos, Vaxxinity Inc. Esto, tras la suscripción del nuevo contrato entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la empresa americana.
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Los biológicos aún no tienen aprobación para su uso de emergencia. Sin embargo, el temprano contrato permitirá a Paraguay ser uno de los primeros países en acceder a las dosis que se están desarrollando por Vaxxinity Inc. Se prevé que para julio la vacuna UB-612 reciba la aprobación para uso de emergencia
La empresa de biotecnología Vaxxinity, de los Estados Unidos, con sede en Dallas, Texas, fue formada a partir de la empresa taiwanesa United Biomedical Inc., una organización pionera responsable de innovaciones en vacunas durante más de tres décadas. La misma opera en Asia, Europa y América.
En este complejo contexto de atención médica, Vaxxinity ha utilizado con éxito su plataforma patentada de tecnología de péptidos sintéticos para desarrollar la primera vacuna multitopo basada en péptidos (proteínas contra el COVID-19).
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La ANNP toma el control y terminará las obras del Puerto de Asunción
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) recuperó el control de los históricos galpones del Puerto de Asunción y se encargará de completar las obras de puesta en valor, luego de rescindir el contrato que mantenía con la empresa Mundo Nuevo por incumplimientos contractuales.
El presidente de la institución, Julio César Vera Cáceres, confirmó la decisión durante una entrevista con Radio Nacional del Paraguay y explicó que la firma no presentó un documento fundamental exigido en el marco del acuerdo. Esta situación habilitó a la ANNP a dar por terminado el contrato anticipadamente y por justa causa, sin obligación de indemnización.
El inicio
Según explicaron, el proyecto había comenzado en 2024, tras una convocatoria pública en la que Mundo Nuevo fue la única empresa oferente. Aunque los trabajos registraban avances importantes, la salida de una de las principales contratistas, en medio de los acontecimientos que afectaron a Ueno y a empresas vinculadas con el grupo económico relacionado con la adjudicataria, generó dificultades para continuar con el emprendimiento.
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“Se iniciaron los trabajos y tengo que reconocer que han trabajado bastante bien”, manifestó Vera Cáceres, quien también señaló que, tras los requerimientos realizados por la institución, no se recibió una respuesta satisfactoria. La notificación de rescisión fue comunicada esta semana y, desde entonces, la ANNP retomó el manejo pleno de las instalaciones.
En cuanto al avance de las obras, el galpón principal, destinado a eventos, se encuentra prácticamente terminado, con una ejecución cercana al 98 %, mientras que los otros tres depósitos alcanzaron alrededor del 70 %. La intención es completar las tareas pendientes mediante una futura licitación, con recursos contemplados en el presupuesto del próximo año. “Lo mejor para los intereses de la institución es que la institución ya termine lo faltante”, sostuvo.
Los trabajos forman parte de un proyecto de revitalización del Puerto de Asunción y su entorno, que busca incorporar espacios gastronómicos, culturales y artísticos, además de estacionamientos y otros servicios. Vera Cáceres recordó que tres de los cuatro galpones tienen reconocimiento patrimonial de la Secretaría Nacional de Cultura y que las intervenciones respetaron las características originales de estructuras que datan de finales de la década de 1920. “Va a coadyuvar a darle vida nuevamente al casco histórico de nuestra ciudad”, concluyó.
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Familias campesinas avanzan hacia la propiedad definitiva de sus tierras
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) concluyó una nueva gira por los departamentos de Guairá y Alto Paraná, durante la cual alrededor de un centenar de beneficiarios de la reforma agraria suscribieron los documentos necesarios para acceder a sus títulos de propiedad, informó la agencia IP.
Uno de los puntos destacados de esta recorrida fue la colonia Ko’e Rory, ubicada en Juan E. O’Leary, Alto Paraná, donde numerosas familias campesinas pudieron completar la firma de sus documentos. Con este paso, quedan más cerca de obtener la titularidad legal de los terrenos que ocupan y trabajan.
Las jornadas se extendieron durante tres días y fueron calificadas como positivas por Luis Alberto Reguera Rolón, gerente de Colonias y Tenencias del Indert. Los equipos técnicos de la institución llegaron también a las localidades de:
- Vy’arendá, en Minga Porã
- Ko’ê Pyahú, en Minga Guazú
- y Tembiaporá, en Itakyry.
Beneficiarios de Guairá
La gira incluyó igualmente al departamento de Guairá, donde pobladores de las colonias San Francisco, El Triunfo y Coronel Roberto Cubas, del distrito de Paso Yobái, firmaron sus respectivos documentos en la sede municipal. Posteriormente, la actividad continuó con familias de Colonias Unidas del Guairá.
Cecilia Melgarejo, coordinadora de Colonias Unidas de Paso Yobái, destacó el impacto que representa la regularización de las tierras para los trabajadores rurales. “La titulación de tierras cambia la vida de las familias de la agricultura familiar”, expresó.
Entre las historias que dejó la jornada se encuentra la de Guillermo Prieto Pintos, integrante de Colonias Unidas, quien tiene dificultades de movilidad. Gracias a que los funcionarios del Indert acercaron el procedimiento hasta su vivienda, pudo firmar los documentos para acceder a su título de propiedad.
El poblador agradeció la iniciativa, que le permitió completar el trámite sin tener que trasladarse y representa un avance importante para mejorar sus condiciones de vida.
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Caso ueno bank: allanan la empresa itti del Grupo Vázquez
El Ministerio Público, que investiga a los directivos de la firma ueno bank, allanó la sede corporativa del Grupo Vázquez, ubicada en un conocido edificio de Asunción. Una de las empresas intervenidas es itti. El procedimiento fue acompañado por el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, y estuvo encabezado por los fiscales Manuel Doldán, Jorge Arce y Francisco Cabrera.
Los intervinientes encontraron desmanteladas las oficinas de itti, sin embargo lograron incautar algunos equipos informáticos que permanecían en el lugar. Igualmente la Fiscalía volvió a allanar la casa de Miguel Vázquez.
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Pedido de informes
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S. A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue solicitada este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
La solicitud comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas Mowi S. A., Grupo Hendy S. A., Grupo M S. A., Tuiu S. A., Franede S. A., Aime S. A. Corredores de Seguros, Vinanzas S. A., ITTI S. A. E. C. A. y otras empresas.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.