La Embajada de Taiwán celebra la firma del contrato privado entre el Gobierno paraguayo y la empresa Vaxxinity, cuya vacuna se desarrolló con una plataforma innovadora y biotecnología taiwanesa-americana, la cual será una opción más de inmunizante para Paraguay y el mundo.
Paraguay accederá a un millón de dosis anti-COVID-19 denominadas UB-612, creadas por la empresa de biotecnología de Estados Unidos, Vaxxinity Inc. Esto, tras la suscripción del nuevo contrato entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la empresa americana.
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Los biológicos aún no tienen aprobación para su uso de emergencia. Sin embargo, el temprano contrato permitirá a Paraguay ser uno de los primeros países en acceder a las dosis que se están desarrollando por Vaxxinity Inc. Se prevé que para julio la vacuna UB-612 reciba la aprobación para uso de emergencia
La empresa de biotecnología Vaxxinity, de los Estados Unidos, con sede en Dallas, Texas, fue formada a partir de la empresa taiwanesa United Biomedical Inc., una organización pionera responsable de innovaciones en vacunas durante más de tres décadas. La misma opera en Asia, Europa y América.
En este complejo contexto de atención médica, Vaxxinity ha utilizado con éxito su plataforma patentada de tecnología de péptidos sintéticos para desarrollar la primera vacuna multitopo basada en péptidos (proteínas contra el COVID-19).
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Grupo Nic celebró el ingreso al mercado de capitales de EE. UU.
El Grupo Nic junto a sus tres empresas Neighpart International Corporation, Cevima SA y Kaizen Energy celebró el Día del Trabajador, compartiendo una velada con cada uno de sus colaboradores y anunció oficialmente el ingreso de la corporación como la primera empresa paraguaya en cotizar en los mercados de capitales de los Estados Unidos.
“Esta es una gran responsabilidad porque somos conscientes también de que si no estamos a la altura vamos a ser los primeros en salir, pero que el país esté siendo galardonado como la primera empresa paraguaya en ingresar a la bolsa es un mensaje también de que nuestra macroeconomía está sana”, dijo a La Nación/Nación Media Claudio Escobar, director ejecutivo del Grupo Nic.
Destacó que los recursos humanos fueron los grandes partícipes para lograr el éxito de la organización, pues formaron parte del proceso de actualización de las regulaciones de las finanzas y las tributarias de los mercados internacionales. “Si bien esta nueva licencia es un partido más grande, no deja de ser una gran responsabilidad para nosotros. Nuestros colaboradores son los que hacen el trabajo el día a día y son los técnicos que saben de su puesto”, precisó.
En el marco del evento realizado en el rooftop Zulu, Escobar compartió un mensaje de concordia y unidad para el entorno laboral. “Gracias a todos ellos fuimos galardonados con esto y que otras empresas puedan formar parte de los mercados de capitales internacionales”, resaltó. A su vez, añadió que la licencia les otorgará la posibilidad de emitir acciones en los mercados y será un desafío de posicionar a la empresa paraguaya que hoy emplea aproximadamente a 1.300 personas.
PERSPECTIVAS
Después de esto proyectan lanzar la telemedicina en el país, para acercar los diagnósticos a cualquier persona que no esté con posibilidad de movilización, esté muy retirada de un sanatorio o quiera ser diagnosticada por un profesional desde el exterior.
Por otro lado, hacer plantas solares para el desarrollo de la energía fotovoltaica a nivel nacional. “La energía solar es una necesidad que se viene y por eso creemos que estamos en el camino correcto generando negocios disruptivos y generando mano de obra”, puntualizó a LN/NM
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Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
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De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.
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Funcionaria municipal aparece ligada a firma mimada por Prieto
Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.
- Por Juan Carlos Lezcano
Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.
Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administración Prieto y a la que adjudicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fondos provienen del Fonacide.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Como actividades secundarias declararon “construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción”. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Entre los accionistas de la asamblea del cambio de denominación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Battochi, quien como mencionamos líneas arriba es la funcionaria denunciada.
CERCANOS A PRIETO
Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Graciela Benítez.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.