Cerca de las 19:00 de ayer sábado, desconocidos ingresaron hasta una estancia ubicada en Puentesiño, departamento de Concepción, donde decidieron acabar con la vida de un hombre e hirieron de gravedad a una mujer. Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes.
Según datos de la comisaría local, el hecho ocurrió en la estancia San Jorge del asentamiento Jevika, distrito de Sargento José Félix López conocido como Puentesiño, donde en horas de la tarde noche ingresaron al lugar con arma de fuego en mano y dispararon contra esta pareja.
Manifestaron que hasta el momento se constató el fallecimiento de una persona, mientras que otra resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial de Pedro Juan Caballero, ya que presentaba una herida de bala a la altura de la cabeza.
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El cuerpo del ahora fallecido fue identificado como Jonás Fernando Álvez, de 38 años. En tanto que la mujer fue reconocida como Eli Regina de Lima, de 37 años, ambos de nacionalidad brasileña. Así también, puntualizaron que hasta ahora se desconoce el móvil del ataque, pero que no se descarta que haya sido por parte de algún grupo criminal, por lo que siguen con las investigaciones en la zona de ataque por parte de efectivos policiales y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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La UNA retoma actividades presenciales, tras amenaza de ataque armado
La Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunció el retorno de las actividades presenciales este lunes, 19 de octubre, tanto académicas como administrativas, tras la suspensión decretada el viernes pasado como medida de seguridad ante una amenaza de presunto ataque armado.
La medida fue adoptada luego de una minuciosa inspección de la Policía Nacional y alcanza al campus de San Lorenzo, así como a las distintas facultades, unidades académicas e institutos de la universidad.
Los procedimientos de inspección, barrido y verificación de la infraestructura estuvieron a cargo de las Fuerzas Operativas Policiales Especiales (FOPE), con apoyo de unidades caninas. Tras finalizar los trabajos, las autoridades de seguridad dieron por concluida la revisión de los espacios universitarios.
No obstante, la UNA mantendrá un esquema de prevención y vigilancia en coordinación con la Policía Nacional. El operativo incluye controles en los accesos. Para el efecto, se ruega a docentes, funcionarios y alumnos portar su documento de identidad y su cédula universitaria digital.
A la par, se mantendrá la presencia preventiva de agentes y se realizarán patrullajes dentro del predio y en zonas aledañas. Asimismo, se llevan a cabo tareas de seguimiento digital y ciberinformático a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen. En ese sentido, los investigadores ya tendrían identificados a los sospechosos de haber lanzado la amenaza.
La UNA insta a la comunidad educativa a colaborar con los controles de ingreso y mantener la calma mientras continúan las medidas de resguardo.
Con esta disposición, la institución busca garantizar la continuidad de las actividades presenciales y reforzar las condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria.
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Pedro Juan Caballero: grupo armado irrumpe en una vivienda, mata a una mujer y secuestra a su pareja
Una mujer fue ultimada a balazos este lunes, mientras que a su pareja la raptó un grupo de desconocidos. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en Pedro Juan Caballero.
Las primeras informaciones señalan que aproximadamente diez hombres armados, vestidos con ropas tácticas y simulando un procedimiento policial, irrumpieron en una vivienda a bordo de varias camionetas.
Los atacantes se llevaron por la fuerza al dueño de casa, mientras que su pareja fue asesinada cuando presuntamente intentaba escapar de la vivienda.
La víctima fatal fue identificada como Carolina Benítez Arce (27), de nacionalidad brasileña, mientras que el hombre llevado por la fuerza fue individualizado como Marcelo Juan Ortiz Moura (26), paraguayo.
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De acuerdo con los primeros datos, el violento episodio se registró en una vivienda ubicada sobre las calles Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en la capital departamental.
Según el informe del Departamento de Investigaciones de Amambay, los hombres, que estaban armados con fusiles y vestidos con ropa táctica negra, llegaron a bordo de dos camionetas Toyota Fortuner, una gris y otra blanca.
Los desconocidos habrían intentado llevarse a ambos; sin embargo, ante la resistencia de la mujer, los atacantes le dispararon, causándole la muerte. Posteriormente, se lo llevaron por la fuerza a Marcelo y huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la víctima.
El caso fue comunicado al Ministerio Público y los agentes policiales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y localizar al hombre secuestrado.
Los responsables siguen sin ser identificados públicamente y el caso permanece en desarrollo.
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Suspenden clases en facultades de la UNA ante amenaza de supuesto ataque con explosivos
Autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) emitieron una alerta preventiva pidiendo a los estudiantes no asistir a clases presenciales en las diferentes facultades este viernes, ante una amenaza de presunto ataque con bombas y otras armas.
La amenaza fue difundida por medio de correo electrónico, en un mensaje que anuncia la intención de perpetrar un ataque armado y utilizar explosivos en una de sus facultades. El correo, enviado a distintas autoridades universitarias y otras instituciones, contiene amenazas explícitas de violencia masiva.
En el mensaje, el remitente afirma que planea ingresar armado a una facultad, atacar a personas y posteriormente trasladarse hasta el Palacio de Justicia. “Voy a ir armado a una de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, la cual no especificaré para que sea sorpresa. Llevaré varias armas de fuego, cuchillos y explosivos para matar a tanta gente como sea posible”, expresa parte del correo.
Ante la gravedad del contenido, se activó una advertencia preventiva dirigida a la comunidad educativa. Inicialmente, el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (CEDUNA), 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹á𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗮𝗱𝗼, difundió un comunicado urgente en el que instó a los estudiantes de los turnos mañana, tarde y noche a no asistir a la facultad de manera preventia.
Asimismo, solicitó a quienes ya se encontraban dentro de las instalaciones a que se retiraran de manera ordenada y segura, priorizando la integridad de estudiantes, docentes, funcionarios y demás integrantes de la comunidad universitaria.
Luego se sumó la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENOB), instando al alumnado a no asistir a la sede universitaria y evacuar las instalaciones. Posteriormente, la UNA anunció la suspensión de manera inmediata de todas las actividades presenciales (académicas y administrativas) en el campus universitario, centros e institutos durante la jornada de hoy, viernes 16 de octubre de 2026.
Revisión policial
El personal de seguridad del campus, junto con la Policía Nacional y unidades especializadas, llevan a cabo una revisión ordenada y exhaustiva de las instalaciones para garantizar la seguridad del predio. Aunque la veracidad y el alcance del amedrentamiento aún no fueron confirmados oficialmente por los organismos de seguridad, la representación estudiantil solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria.