La expansión de la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y los servicios digitales está cambiando la forma en que los países compiten por atraer inversiones. Detrás de cada aplicación de IA, plataforma de streaming o servicio financiero digital existe un data center o centro de datos, enormes infraestructuras que almacenan y procesan información las 24 horas del día.

En los últimos meses, en Paraguay el rubro comenzó a tomar más protagonismo gracias a uno de sus principales activos, la disponibilidad de energía renovable. Sin embargo, especialistas coinciden en que la electricidad, aunque indispensable, representa apenas una parte de una ecuación mucho más amplia.

En conversación con La Nación/Nación Media, Bruno Vaccotti, director de la Cámara Paraguaya de Fintech y accionista de Penguin Group, dijo que la discusión sobre los centros de datos no debe limitarse al consumo eléctrico, sino al impacto económico que pueden generar.

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Explicó que estas instalaciones forman parte de las denominadas industrias electrointensivas, que utilizan grandes cantidades de energía, pero cuya principal característica es la generación de empleo altamente calificado. A diferencia de otras industrias manufactureras, los centros de datos no requieren miles de trabajadores, aunque sí demandan perfiles técnicos especializados, con salarios muy por encima del promedio.

Vaccotti sostuvo a LN que Paraguay atraviesa un momento particular. Mientras el consumo eléctrico interno crece alrededor de un 12 % anual, el país deberá realizar importantes inversiones en infraestructura energética durante los próximos años para evitar un déficit de generación.

En ese contexto, consideró que atraer industrias electrointensivas forma parte de la solución y no del problema. Según explicó, actualmente la energía excedente cedida al Brasil genera ingresos considerablemente menores que la electricidad consumida por industrias instaladas en Paraguay.

Mientras la compensación por cesión ronda los USD 18 por megavatio, las empresas electrointensivas pagan entre USD 48 y USD 52 por la misma cantidad de energía.

Ese mayor ingreso fortalece financieramente a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y permite financiar nuevas obras para el Sistema Interconectado Nacional. Incluso, afirmó que cerca del 60 % de los ingresos actuales de la estatal eléctrica provienen de industrias electrointensivas, principalmente la minería de bitcoin.

Otro de los puntos que destacó es el esquema de créditos energéticos que actualmente analiza el Gobierno junto con el sector privado. La propuesta busca que las empresas que demanden grandes bloques de energía también inviertan en nueva capacidad de generación, por ejemplo mediante plantas fotovoltaicas, permitiendo que el crecimiento industrial contribuya al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

La magnitud económica de estos proyectos también resulta significativa. Como referencia, Vaccotti recordó que Penguin construyó en Hernandarias, en 2021, un centro de datos de 100 megavatios con una inversión estimada entre USD 120 millones y USD 140 millones, considerado el primero de esa capacidad en América Latina.

Aunque actualmente está orientado al procesamiento para minería de bitcoin, explicó que comparte buena parte de la infraestructura utilizada por los centros destinados al procesamiento de IA.

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Si bien Paraguay reúne condiciones naturales difíciles de igualar, los especialistas coinciden en que atraer inversiones de gran escala exige mucho más que energía disponible.

Vaccotti consideró que uno de los principales desafíos es generar confianza para inversiones que suelen proyectarse a diez o más años. Para ello, sostiene que el país necesita fortalecer la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y evitar modificaciones contractuales imprevistas que puedan afectar la previsibilidad de los proyectos.

A ello, sumó un aspecto cada vez más determinante: la ciberseguridad. El director del gremio advirtió que Paraguay todavía debe fortalecer significativamente la protección de datos y la seguridad informática, especialmente, considerando los ataques que afectaron a distintas instituciones públicas.

En su opinión, la protección de la infraestructura digital debería convertirse en una política estratégica del Estado para brindar mayor confianza a los inversionistas internacionales.

Vaccotti también puso en contexto de los argumentos más repetidos sobre los data centers, el elevado consumo de agua. Explicó que muchas instalaciones modernas ya utilizan tecnologías de refrigeración por inmersión en aceite dieléctrico, reduciendo considerablemente esa necesidad. Incluso, señaló que, según estudios realizados para el sector, este tipo de infraestructura ni siquiera figura entre las actividades industriales con mayor consumo hídrico del país.

Mientras el sector privado analiza oportunidades de inversión, el Gobierno impulsa su propio proyecto de infraestructura tecnológica.

El asesor técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Horacio Caniza Vierci, afirmó a LN que Paraguay reúne varias condiciones favorables para desarrollar esta industria. Una matriz energética limpia y estable, disponibilidad de agua para sistemas de refrigeración y experiencia técnica acumulada en grandes organizaciones como bancos y empresas de telecomunicaciones.

Reconoció que el país todavía necesita formar una mayor cantidad de profesionales especializados, aunque sostiene que esa oferta surgirá conforme aumente la demanda del mercado.

“Antes de que exista la demanda es muy difícil que exista la oferta”, resumió al explicar por qué considera que la llegada de nuevos proyectos impulsará también la capacitación del talento local.

Para Caniza, un data center puede entenderse como una gran computadora compartida. Mientras un usuario utiliza una computadora personal para sus tareas diarias, un centro de datos concentra una enorme capacidad de procesamiento que puede ser utilizada simultáneamente por miles de personas y empresas.

Esa lógica, explicó, permite optimizar el uso de los recursos informáticos, reducir tiempos de procesamiento y ofrecer servicios digitales desde un mismo punto hacia distintos usuarios e incluso otros países.

Señaló que la ubicación de un data center responde a criterios técnicos específicos. Además de requerir una conexión cercana a una fuente de energía para evitar elevados costos de infraestructura, estas instalaciones necesitan disponibilidad de agua para los sistemas de refrigeración y suficiente espacio para futuras ampliaciones.

A ello se suma que, por el ruido que generan los equipos de procesamiento y enfriamiento, normalmente se instalan fuera de los centros urbanos.

En paralelo, el Mitic avanza con la construcción del Data Center del Estado, que estará ubicado en Chaco’i. El contrato con la empresa adjudicada ya fue firmado y la obra deberá ejecutarse en un plazo aproximado de dos años.

El objetivo del proyecto no es ofrecer servicios al sector privado, sino centralizar la infraestructura tecnológica del Estado paraguayo. Allí se alojarán plataformas utilizadas diariamente por las instituciones públicas y servicios dirigidos a la ciudadanía, como Portal Paraguay, la identidad electrónica y la nube gubernamental, buscando mejorar la seguridad, disponibilidad y eficiencia de los sistemas digitales públicos.

La apuesta, sin embargo, trasciende la construcción de un edificio. Tanto desde el sector público como desde el privado coinciden en que el verdadero desafío consiste en aprovechar la ventaja energética del país para desarrollar una nueva industria basada en servicios digitales de alto valor agregado.

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El Corredor Bioceánico representa una oportunidad histórica para fortalecer la relación económica entre Paraguay y Chile al consolidar una alianza estratégica basada en la integración física, la complementariedad de las economías, y una visión compartida de desarrollo, destacó Carlos Medina, director ejecutivo de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Medina detalló que desde la perspectiva del sector privado los principales beneficiados serán los sectores vinculados a la agroindustria, especialmente la producción de carne, granos y oleaginosas, remarcando que el impacto alcanzará también a la logística, el transporte, la manufactura, los servicios y el turismo, generando nuevas vías de crecimiento.

Consideró que se trata del proyecto de integración física y económica más ambicioso que ha impulsado la región en las últimas décadas que permitirá ampliar mercados, diversificar destinos y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda internacional, con especial foco en los mercados asiáticos.

Asimismo, permitirá establecer polos logísticos e industriales capaces de generar mayor valor agregado y empleo de calidad. “Este corredor no solo acortará distancias entre nuestros mercados, sino que posicionará a ambos países como actores clave en el comercio entre Sudamérica y Asia-Pacífico”, expuso.

“Hoy la competitividad depende tanto de la calidad del producto como de la eficiencia logística. Reducir tiempos, costos e incertidumbre operativa hará de Paraguay un destino aún más atractivo para la inversión y fortalecerá la competitividad de sus exportaciones”, señaló.

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En cuanto a las inversiones que podrían impulsarse con la consolidación del corredor, mencionó que existe potencial para un crecimiento en áreas como infraestructura logística, transporte multimodal, almacenamiento, puertos secos, energías renovables, tecnología y servicios especializados.

“Simultáneamente surgirán alianzas estratégicas entre empresas chilenas y paraguayas para desarrollar proyectos conjuntos que impulsen la competitividad regional”, expresó y señaló que la integración dejará de ser solamente comercial para avanzar hacia un modelo más productivo e innovador.

Sobre el avance de las obras, Medina valoró el compromiso demostrado por los gobiernos, aunque consideró necesario mantener una visión de largo plazo y asegurar la continuidad de las inversiones. “Los proyectos de integración de esta envergadura requieren una visión de Estado a largo plazo y una coordinación estrecha entre el sector público y el privado”, sostuvo.

También resaltó la importancia de avanzar en la integración aduanera, la digitalización de los procesos fronterizos, la homologación de normas y la reducción de tiempos para la habilitación de productos y servicios entre ambos países.

En ese contexto, mencionó como una oportunidad estratégica la instalación de empresas en la zona franca paraguaya de Antofagasta, con el objetivo de convertirla en un nodo para dinamizar las exportaciones y generar mayor valor agregado.

“El desafío no termina con la construcción de la ruta, comienza con la creación de un ecosistema que incentive la instalación de industrias, centros logísticos y servicios que generen empleo y desarrollo sostenible”, afirmó.

Según los datos proveídos por el gremio, al cierre del año 2025 el intercambio comercial entre ambos países llegó a los USD 1600 millones, a su vez que la inversión chilena directa en Paraguay alcanzó a los USD 400 millones en ese mismo año.

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Desde la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP), expresaron su profunda preocupación por las recientes publicaciones que vinculan a universidades asociadas con investigaciones relacionadas con la expedición de presuntos títulos falsos.

Desde el ente sostienen que “la difusión de estas informaciones sin el debido contexto genera una percepción equivocada en la opinión pública y ocasiona un grave perjuicio al prestigio y la trayectoria de instituciones que han demostrado una permanente disposición para colaborar con las autoridades competentes”.

Además, la APUP aclara que las investigaciones en curso no se encuentran dirigidas contra estas universidades, sino a identificar a las personas u organizaciones responsables de los hechos investigados. “Por el contrario, las instituciones involucradas han promovido las denuncias correspondientes o colaboran activamente con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos, siendo las primeras interesadas en que los responsables sean plenamente identificados y sancionados conforme a la ley”.

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La Asociación manifiesta asimismo su preocupación por la difusión pública de información que, sin el debido contexto, puede trasladar injustificadamente sospechas hacia instituciones que también han sido afectadas por el uso fraudulento de sus denominaciones, sellos y documentos académicos.

“Una comunicación responsable contribuye tanto al derecho de la ciudadanía a estar informada como a la protección de la honra y reputación de quienes colaboran con la investigación. La APUP expresa su reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y formula un respetuoso llamado a los medios de comunicación para que continúen ejerciendo su importante función informativa con rigor, equilibrio y responsabilidad. Asimismo, reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia, la calidad académica y la defensa de la integridad del sistema de educación superior del Paraguay”, mencionan.

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El Gobierno de Paraguay remitió una nota vía cancillería al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en la que rechaza las declaraciones del presidente de Brasil sobre la Guerra de la Triple Alianza y solicita la restitución del Cañón Presidente López, el Cañón Cristiano, así como otros trofeos de guerra y copias de documentos históricos, como un gesto de reparación y reconciliación entre ambos países.

Este viernes, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, junto con el canciller Rubén Ramírez Lezcano, recibieron al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para entregarle en propias manos la nota dirigida a su gobierno.

En ella, expresa su desagrado y absoluto rechazo a las recientes declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, sobre episodios de la Guerra de la Triple Alianza.

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En la comunicación oficial, el Gobierno sostiene que dichas manifestaciones presentan de manera distorsionada hechos históricos de singular relevancia para el pueblo paraguayo y enfatiza que los acontecimientos que marcaron profundamente la historia de ambas naciones deben ser abordados con responsabilidad, respeto recíproco y espíritu de reconciliación.

Asimismo, plantea la conveniencia de avanzar en acciones que contribuyan a cerrar definitivamente las heridas de ese conflicto, proponiendo la devolución del Cañón Presidente López, del Cañón Cristiano y de los demás trofeos de guerra, así como la entrega de copias de los documentos históricos sobre la Guerra de la Triple Alianza que obran en los archivos de la República Federativa del Brasil, como un apreciado gesto de reparación hacia el Paraguay.

“Este planteamiento debe ser encausado a través de los canales diplomáticos correspondientes, en el marco del diálogo franco y constructivo que caracteriza las relaciones entre ambos Estados”, expresa parte del documento que también se dio a conocer a la ciudadanía en general.

Igualmente, el canciller Ramírez Lezcano puso a conocimiento del Gobierno brasileño los pronunciamientos emitidos por ambas Cámaras del Congreso Nacional han expresado sobre el hecho en los términos de las declaraciones N° 1836 de la Honorable Cámara de Diputados y N° 521 de la Honorable Cámara de Senadores cuyas copias acompaña igualmente la nota enviada por la Cancillería.

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