• Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los trabajos para el viaducto del km 10 de la Ruta PY02 están en su fase de obras paralelas para el desvío de vehículos, lo que que permitirá liberar el área de construcción del paso a elevación. Para octubre o noviembre, a más tardar, está previsto el inicio del plan de desvíos y cierre de la ruta en el punto a ser intervenido.

Es lo que explicó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Fernando Barúa, de la Superintendencia de Obras de la Itaipú. Para los desvíos se proyectaron colectoras pavimentadas desde el km 10 hasta el km 12, tanto en el lado de Acaray como en Monday. El funcionario refirió que se espera concluir la fase hasta el km 11, para iniciar el desvío y poder cerrar la ruta para la construcción del viaducto.

Es el tramo de mayor movimiento de camiones, teniendo en cuenta que es la zona de operación de las aduanas privadas de Campestre y Algesa, además de la Zona Franca Trans Trade Internacional, el Parque Empresarial Global, que incluye a una zona franca, y el Parque Empresarial Km 11. Todos estos sitios movilizan camiones de gran porte y las colectoras deben prever giros, que están siendo analizados en el proyecto, según el ingeniero Barúa.

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“Existirá una fricción lateral entre el futuro tránsito vehicular en las colectoras y peatonal en las veredas, con el entorno urbano de uso de suelo mixto, comercial, industrial y residencial que estamos resolviendo”, expresó Barúa a LN.

Además del viaducto propiamente, la obra prevé espacios como bicisendas a ambas márgenes, lo que permitirá la integración de la comunidad del área de influencia cercana. El viaducto es para descongestionar el tránsito en dicha zona y ayudar a la circulación vehicular en Ciudad del Este, cuyo tránsito tiene colapsos en varios puntos, siendo uno de ellos en el km 10.

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Barúa indicó que en poco tiempo será socializado el plan de desvío, pero paralelamente se continúan con las reuniones con sectores específicos, a instancias del Consejo de Desarrollo del Este (Codeleste). Ayer hubo una nueva reunión con cámara técnicas de Codeleste, en la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

El proyecto es ejecutado por el Consorcio Acaray-Tocsa, con financiamiento de Itaipú y bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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El Ministerio de Salud reportó 852 casos confirmados de hepatitis B y 14 casos activos de hepatitis C, que totalizan 866 pacientes con la enfermedad en todo el país. La información fue emitida por la Dirección de Vigilancia de la Salud, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, establecida cada 28 de julio, desde 2011, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó que causa más de 1,3 millones de muertes cada año.

Datos epidemiológicos actualizados del Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS (Pronasida) revelan que, durante el 2024, se realizaron 95.546 pruebas para hepatitis C en todo el país, de los cuales, 14 fueron casos confirmados de la infección activa. En el mismo periodo, se llevaron a cabo 198.142 pruebas de hepatitis B. De esto, 852 son casos confirmados de hepatitis B, el 51 % diagnosticados en hombres y 49 % en mujeres.

Las regiones con mayor incidencia de hepatitis B en el país son: Alto Paraguay, Capital y Canindeyú. Los grupos etarios mayormente afectados por hepatitis B son los de 30 a 34 años (18 %), los de 35 a 39 años (14,9 %) y los 25 a 29 años (14,4 %). El reporte reveló que el 74,7 % de los casos de hepatitis B se identificó en población general, y 18,6 % en hombres que tienen sexo con hombres. También se observan casos, pero en menor proporción en población en transgéneros, trabajadores sexuales e indígenas.

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Los síntomas más comunes de la hepatitis: fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de piel y ojos (ictericia). En el caso de la hepatitis B se observan, además, heces claras y dolor en las articulaciones.

Las hepatitis B y C se transmiten por contacto con sangre infectada y otros líquidos orgánicos contaminados (semen, flujo menstrual, secreciones vaginales), a través de agujas, tatuajes, perforaciones, transfusiones sin control y por vía sexual, principalmente en personas con múltiples parejas. También se da la transmisión vertical (madre a hijo) durante el parto.

La hepatitis B se previene con vacunación. La primera dosis se aplica dentro de las primeras 24 horas de vida, seguida de 2 o 3 dosis adicionales. La vacunación es obligatoria para el personal de salud y grupos de riesgo. Para la hepatitis C no existe vacuna, pero el tratamiento con antivirales es altamente efectivo. La detección precoz y el inicio oportuno del tratamiento previenen complicaciones como cirrosis y cáncer hepático.

El Ministerio de Salud cuenta con pruebas de tamizaje, confirmación y medicamentos antivirales para el tratamiento efectivo de hepatitis B y C. Para protegerse de contraer el virus es importante usar preservativos (condones) para relaciones sexuales seguras, no compartir agujas o jeringas, en caso de tatuarse o perforarse hacerlo en sitios autorizados, garantizar la esterilización adecuada de equipos médicos y odontológicos, realizarse pruebas de tamizaje si pertenece a grupos de riesgo y seguir el tratamiento en caso de diagnóstico positivo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos y a sus socios a acelerar “urgentemente” los esfuerzos para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública. “Cada 30 segundos, una persona muere a causa de una enfermedad hepática grave relacionada con la hepatitis o de un cáncer de hígado. Sin embargo, disponemos de las herramientas necesarias para detener la hepatitis”, ha afirmado afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis.

Según informa la OMS, las hepatitis virales (tipos A, B, C, D y E) son las principales causas de infección hepática aguda. De entre ellas, solo la hepatitis B, C y D pueden provocar infecciones crónicas que aumentan significativamente el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Sin embargo, la mayoría de las personas con hepatitis no saben que están infectadas. Los tipos B, C y D afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo y causan más de 1,3 millones de muertes cada año, principalmente por cirrosis hepática y cáncer.

Recientemente, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado la hepatitis D como carcinógena para los seres humanos, al igual que la hepatitis B y C. La hepatitis D, que solo afecta a personas infectadas con la hepatitis B, se asocia con un riesgo entre dos y seis veces mayor de cáncer de hígado en comparación con la hepatitis B sola. Para la OMS, esta reclasificación supone un paso fundamental en los esfuerzos mundiales por concienciar, mejorar el cribado y ampliar el acceso a nuevos tratamientos para la hepatitis D.

“La OMS ha publicado directrices sobre las pruebas y el diagnóstico de la hepatitis B y D en 2024, y está siguiendo activamente los resultados clínicos de los tratamientos innovadores para la hepatitis D”, ha afirmado la nueva directora de Ciencia para la Salud de la OMS, Meg Doherty.

El tratamiento con medicamentos orales puede curar la hepatitis C en un plazo de dos a tres meses y suprimir eficazmente la hepatitis B con una terapia de por vida. Las opciones de tratamiento para la hepatitis D están evolucionando. Sin embargo, la OMS asegura que solo se podrá aprovechar plenamente el beneficio de reducir la cirrosis hepática y las muertes por cáncer si se toman medidas urgentes para ampliar e integrar los servicios relacionados con la hepatitis -incluidas la vacunación, las pruebas, la reducción de daños y el tratamiento- en los sistemas nacionales de salud.

La OMS subraya que es alentador que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios (PIBM) cuenten con planes estratégicos contra la hepatitis y que los avances en las respuestas nacionales contra esta enfermedad estén aumentando.

Así, en 2025, el número de países que informaron sobre planes de acción nacionales contra la hepatitis aumentó de 59 a 123; en 2025, 129 países habían adoptado políticas para la realización de pruebas de hepatitis B entre las mujeres embarazadas, frente a los 106 que lo habían hecho en 2024, y 147 países habían introducido la vacuna contra la hepatitis B en el momento del nacimiento, lo que supone un aumento con respecto a los 138 de 2022.

Sin embargo, advierte de que siguen existiendo importantes deficiencias en la cobertura de los servicios y los resultados, tal y como se indica en el Informe mundial sobre la hepatitis 2024. De este modo, asegura que la cobertura de las pruebas y el tratamiento sigue siendo muy baja; solo el 13 por ciento de las personas con hepatitis B y el 36 por ciento con hepatitis C habían sido diagnosticadas en 2022.

Asimismo, las tasas de tratamiento eran aún más bajas: el 3 por ciento para la hepatitis B y el 20 por ciento para la hepatitis C, muy por debajo de los objetivos para 2025, que eran del 60 por ciento de personas diagnosticadas y del 50 por ciento de personas tratadas.

La OMS también avisa de que la integración de los servicios relacionados con la hepatitis sigue siendo desigual: 80 países han incorporado los servicios relacionados con la hepatitis en la atención primaria de salud; 128, en los programas sobre el VIH, y solo 27 han integrado los servicios relacionados con la hepatitis C en los centros de reducción de daños.

El próximo reto será ampliar la cobertura de la prevención, las pruebas y el tratamiento. Alcanzar los objetivos de la OMS para 2030 podría salvar 2,8 millones de vidas y prevenir 9,8 millones de nuevas infecciones. “Ante la disminución del apoyo de los donantes, los países deben dar prioridad a la inversión nacional, los servicios integrados, la mejora de los datos, los medicamentos asequibles y el fin del estigma”, finaliza la OMS.

Con información de Europa Press.

Después de más de dos años de interrupción, en setiembre se volverán a reactivar las obras de Yacyretá que se están rea­lizando en la zona del brazo Aña Cuá del río Paraná, hecho muy celebrado porque implica la continuación de un proyecto de gran envergadura.

Gracias a los acuerdos que surgieron de las conversaciones del presidente paraguayo, Santiago Peña, y el argentino, Javier Milei, se logró desbloquear el problema de finan­ciamiento existente y continuarán los traba­jos que estaban paralizados desde 1923, por decisión del Gobierno argentino. El consejo de administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suscribió la semana pasada la resolución de continuar las obras donde se instalarán las turbinas que darán una mayor potencia de generación a la usina paragua­yo-argentina.

El viernes 1 de agosto la empresa construc­tora adjudicada volverá a instalarse en Aña Cuá para preparar los equipos y adoptar las medidas administrativas necesarias para que en setiembre se reanuden los trabajos necesarios. De ese modo, luego de dos años y ocho meses se reanudarán las obras que se habían suspendido en diciembre de 2023 provocando centenares de despidos de tra­bajadores en Ayolas, lado paraguayo, e Itu­zaingó, zona argentina.

La obra consiste en instalar tres nuevas turbinas en la margen derecha del Paraná, en territorio paraguayo, fuera de la isla de Yacyretá, para aprovechar el brazo del río donde existe un embalse cuyas aguas trans­curren por el segundo vertedero hasta caer en el cauce secundario que va por tierras nacionales.

Con la maquinización de esta arteria flu­vial se espera generar alrededor de 270 megavatios adicionales, con lo que aumen­tará cerca del 10 % la actual potencia de la hidroeléctrica. Como este brazo del río pasa por territorio paraguayo la energía que produzca se generará en jurisdicción de nuestro país.

Esta obra en construcción implica una inversión total de 450 millones de dólares, dinero que no se obtendrá de ningún prés­tamo, como ha sido con el resto de las obras de la hidroeléctrica, sino de los fondos pro­pios de la EBY. De acuerdo con los planes que se tienen previstos, la primera turbina podría entrar en funcionamiento en 2026, y se espera la conclusión del proyecto para principios de 2029.

La prosecución de las obras en el brazo Aña Cuá, luego de la pausa que comenzó en 2023, es un acontecimiento que hay que celebrar con alegría. Porque cuando con­cluya, asegurará una mayor potencia a la hidroeléctrica binacional, en el futuro, mientras tanto, en el tiempo actual gene­rará empleo a miles de trabajadores que quedaron a la deriva, lo que contribuirá fuertemente a la economía de la zona afec­tada, como es el caso del departamento de Misiones, Paraguay, y la provincia de Corrientes, Argentina.

Desde el inicio, la construcción de las obras de Yacyretá ha sufrido las vicisitudes que ha tenido el vecino país en las últimas déca­das, con los problemas ocasionados por la inestabilidad económica y política. La firma del Tratado de Yacyretá se produjo en diciembre de 1973 y las obras de la cons­trucción de la represa se iniciaron en 1983. Once años después, en setiembre de 1994, se puso en funcionamiento la primera tur­bina. Por lo cual la hidroeléctrica comenzó a operar 21 años después de la firma del tra­tado binacional correspondiente.

La lentitud de la obra hidroeléctrica que se tiene con Argentina es notable si se hace la comparación con la historia de Itaipú, que se ha construido con Brasil. Yacyretá ha tardado casi el doble del tiempo que Itaipú para producir energía.

La suscripción del Tratado de Itaipú fue en 1973 y comenzó a generar electrici­dad en 1984, luego de once años. La capa­cidad de generación actual de Itaipú es de 14.000 megavatios (MW), en tanto que la de Yacyretá es de 3.200 MW, que recibirá de Aña Cuá 270 MW más.

Teniendo en cuenta la historia de retrasos en las obras de Yacyretá es que el anuncio de la reanudación de los trabajos en Aña Cuá representa una excelente noticia. Una obra de tanta trascendencia, que aumen­tará en 10 % el potencial de generación de la usina, no debe sufrir ya ninguna dilación y debe continuar hasta concluir. Porque su aporte en la generación de electricidad será de un enorme valor en términos económi­cos y sociales para ambos países.