La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional para la puesta en funcionamiento del Oficio Judicial Electrónico en dicha cartera de Estado.

El documento fue firmado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y por la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán. Participaron también el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, y la ministra, Carolina Llanes.

El acuerdo tiene como finalidad establecer las bases para implementar un sistema de gestión interinstitucional que permita optimizar el trámite de los oficios judiciales entre ambas instituciones, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

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En ese sentido, las autoridades judiciales destacaron la relevancia de esta iniciativa, que permitirá agilizar el intercambio de información entre ambas instituciones mediante un mecanismo de respuesta ágil y eficiente. Asimismo, la interconexión contribuirá a optimizar los procesos y mejorar la calidad del servicio.

Por su parte, la ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que el convenio con la Corte Suprema constituye un “hecho trascendental”, al señalar que permitirá avanzar en la digitalización de los procesos y agilizar los trámites. “Esta digitalización va a ayudar muchísimo a agilizar los trámites, al poder manejarlos en tiempo real”, afirmó.

Asimismo, resaltó que la iniciativa se encuentra alineada con la política de “cero papel” y tendrá un impacto favorable en materia ambiental. “Es darle una trazabilidad y una capacidad de respuesta rápida y en línea a través de esta digitalización”, sostuvo.

El acto, desarrollado en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción, contó con la presencia de la directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, magíster Rosa Liz Chamorro, y del asesor jurídico del Ministerio de Salud, Gustavo Irala.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) recibió nuevos lotes de medicamentos esenciales en el Parque Sanitario, que serán distribuidos en toda la red de servicios para fortalecer la atención a los asegurados. Con esta entrega, recibida el 7 de agosto, la previsional cubrió el 72 % de los insumos con stock cero, reduciendo la lista de 511 productos que integran el vademécum institucional, a 144 medicinas pendientes.

Hace apenas un mes, la cifra ascendía a 321 medicamentos sin existencia, equivalentes al 63 %, evidenciando una disminución de más de la mitad de los faltantes. Como parte de este proceso, el Parque Sanitario recibió medicamentos que permanecían sin disponibilidad desde hacía entre tres y ocho meses, entre ellos tratamientos destinados a pacientes oncológicos, trasplantados, personas con enfermedades autoinmunes, neurológicas, infecciones graves y otras patologías de alta complejidad.

“Nos convertimos en compañeros de trabajo. Si bien institucionalmente cada uno marca su propia ruta, el objetivo final es común: llevar estos ansiados medicamentos al beneficiario final, que es el aportante”, dijo el doctor Isaías Fretes, presidente del IPS, durante la entrega de medicamentos, al abordar el trabajo articulado entre la previsional y la industria farmacéutica que permitió este reabastecimiento.

La reducción del desabastecimiento fue posible gracias al fortalecimiento de los controles administrativos, la actualización del vademécum institucional, el ahorro generado en procesos licitatorios, la reprogramación presupuestaria y el trabajo coordinado con la industria farmacéutica. Fretes explicó que este trabajo conjunto permitió establecer una dinámica de planificación y previsibilidad, considerando que la producción y provisión de medicamentos requiere tiempos específicos para asegurar su calidad y disponibilidad.

Hasta el 6 de agosto fueron emitidas 272 órdenes de entrega correspondientes a 187 medicamentos. De ese total, ya fueron recepcionados 120 medicamentos, equivalentes al 64 % de los productos previstos, mientras continúan las entregas de los productos restantes conforme al cronograma establecido. Los medicamentos recibidos serán distribuidos progresivamente en los establecimientos de la red del IPS, priorizando aquellos considerados esenciales y de mayor impacto para la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

La previsión institucional es reducir el porcentaje de medicamentos con stock cero al 19 % en los próximos 15 días, manteniendo el trabajo conjunto con los proveedores para garantizar un abastecimiento sostenido y una mejor planificación de las compras. Las autoridades informaron además que las entregas continuarán durante las próximas semanas, con el objetivo de completar la recepción de los medicamentos previstos y seguir incrementando la disponibilidad en las farmacias institucionales.

En entrevista con “La caja negra”, el jefe de Estado dijo que la aceleración de la economía paraguaya posibilitará la generación de esa cifra; prometió también un déficit fiscal de 1,5 %.

El presidente Santiago Peña afirmó que Para­guay podría superar la meta de 500.000 nuevos puestos de trabajo, al desta­car la aceleración que, según sostuvo, viene registrando la economía y su impacto cre­ciente sobre el mercado labo­ral. Al mismo tiempo, ase­guró que su administración apunta a dejar encaminadas las cuentas fiscales para que en 2028 el déficit se ubique en torno al 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

En una entrevista exclu­siva con el programa “La caja negra”, que conduce el periodista Jorge Torres por Unicanal, Peña sostuvo que la evolución de la economía permite mirar con optimismo la generación de empleo. Recordó que al inicio de su gobierno el crecimiento era más lento, pero que posterior­mente se produjo una acele­ración. “Cuando iniciamos el gobierno en 2023, durante el primer semestre, la econo­mía crecía muy despacio, pero vimos una aceleración impor­tante en la segunda mitad de 2023”, señaló.

En ese sentido, mencionó que la economía creció cerca del 6 % en 2023, alrededor del 5 % en 2024 y casi 7 % en 2025. Para el mandatario, esta dinámica también comenzó a reflejarse en el mercado labo­ral. “Hubo un proceso de ace­leración y, con él, también se fue acelerando la generación de nuevos empleos y ocupa­ciones en los últimos trimes­tres”, afirmó.

Peña consideró que el pro­ceso todavía tiene margen para continuar. “Creemos que todavía estamos lejos de llegar a un punto de esta­bilización; esto va a seguir creciendo en los próxi­mos años”, sostuvo. Ante la consulta sobre la meta de 500.000 puestos de trabajo, fue incluso más optimista: “Creo que vamos a superar esa cifra”.

El presidente vinculó esta perspectiva con las condi­ciones que busca dejar ins­taladas para los próximos años. Afirmó que el siguiente período presidencial podría recoger los frutos de las polí­ticas implementadas durante su administración. “Vemos que el próximo período pre­sidencial será un período de mucha cosecha de lo que nosotros hemos sembrado”, manifestó.

En paralelo, Peña puso énfa­sis en el proceso de ordena­miento de las cuentas públi­cas. Explicó que la reducción del déficit está vinculada tam­bién al pago de obligaciones acumuladas con proveedo­res y a un mayor control sobre nuevos compromisos presu­puestarios.

“Ahora estamos cerrando el grifo”, afirmó, al referirse a los mecanismos que permi­tían comprometer recursos para ejercicios futuros y que, según explicó, contribuye­ron a acumular obligaciones. El mandatario señaló que el déficit de 2026 y 2027 toda­vía estará condicionado por el proceso de cancelación de esas deudas, pero proyectó que en 2028 llegará al 1,5 % del PIB.

Peña defendió además una mirada flexible sobre la regla fiscal, considerando que Paraguay necesita pre­servar espacio para la inver­sión y que el nivel adecuado de déficit depende del com­portamiento de la economía. “La ecuación es mucho más compleja”, sostuvo, y señaló que organismos como el FMI, el Banco Mundial y las cali­ficadoras observan tanto las decisiones técnicas como las políticas.

Finalmente, planteó la res­ponsabilidad fiscal como uno de los principales compromi­sos de su gestión. “Si hay algo en lo que yo no puedo fraca­sar es en la gestión financiera y fiscal del Estado”, afirmó. Así, el mensaje presidencial combina dos objetivos para los próximos años: sostener la expansión económica para acelerar la creación de empleo y, al mismo tiempo, reducir gradualmente el déficit hasta alcanzar una posición fiscal más ordenada en 2028.

El presidente de la República ratificó su pleno respaldo a la can­didatura de Pedro Alliana como opción para la Presidencia y des­cartó que el actual ministro de Industria, Marco Riquelme, forme parte de sus preferencias para la carrera electoral. Con esta defi­nición, dejó clara su posición dentro del escenario de candidatu­ras que toma forma en el oficialismo colorado. “Pedro es un gran compañero y yo estoy convencido de que va a ser un gran pre­sidente para el Paraguay y los paraguayos”, aseguró Peña para resaltar los atributos como político y como funcionario público, donde fue gobernador, diputado y hasta presidente de la ANR.

Al tiempo de destacar el rol de Riquelme dentro del gabinete, y de su ascendencia política ya que su abuelo Blas N. Riquelme fue presidente del partido, el mandatario dejó en claro su preferen­cia. “El proyecto para el 2028 es un proyecto que lo lidera y lo encabeza Pedro Alliana”, sentenció.

El presidente de la República aseguró que la negociación sigue y lo que se busca es convertir Itaipú en motor de desarrollo.

En la entrevista con “La caja negra”, el presidente San­tiago Peña planteó ampliar la mirada sobre Itaipú más allá de la discusión por la tarifa, con el objetivo de convertir la energía paraguaya en un motor de desarrollo, inver­sión y nuevas oportunidades. “No podemos limitar nuestra visión solamente al Anexo C”, sostuvo. El mandatario señaló que la negociación con Brasil continúa en un marco de diá­logo, aunque existen diferen­cias en varios puntos del tra­tado. “No se trata solamente de vender la energía más barata o más cara. Se trata de definir qué inversiones y qué progreso podemos generar para ambos países a partir de Itaipú”, afirmó.

Peña sostuvo que la discusión debe incorporar otros aspec­tos, como inversiones, infraes­tructura y la navegación, ade­más de la revisión del Anexo C. En ese sentido, planteó una perspectiva de largo plazo y destacó la necesidad de pen­sar qué legado dejarán ambos países a partir del aprovecha­miento de la hidroeléctrica.

“¿Qué vamos a hacer nosotros para que dentro de 50 años hablen de nosotros?”, se pre­guntó, al explicar que esa fue una de las cuestiones que plan­teó al presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva.

El jefe de Estado también vin­culó el futuro de Itaipú con las nuevas tecnologías y sostuvo que Paraguay debe aprovechar su disponibilidad de energía para atraer inversiones y gene­rar nuevas industrias. “Que­remos que esa energía sea un motor de desarrollo, y la inte­ligencia artificial va a jugar un rol determinante”, afirmó.

En los primeros sietes meses del 2026, la Itaipú Binacional transfirió USD 275 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recursos establecidos en el Anexo C del Tratado, representando un importante aporte para el financiamiento de obras y proyectos que están en marcha.De acuerdo al reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, entre enero y julio, el Tesoro paraguayo recibió USD 154 millones en concepto de royalties y USD 77 millones que corresponden a la compensación por cesión de energía.Por su parte, la ANDE percibió USD 44 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.En julio, Itaipu realizó transferencias por USD 36 millones al Paraguay, de los cuales, USD 22 millones correspondieron a royalties, USD 12 millones a compensación por cesión de energía y USD 1,7 millones destinados a la ANDE en concepto de resarcimiento.Con este último desembolso, las transferencias realizadas al Estado paraguayo alcanzaron USD 1.497 millones desde agosto de 2023 hasta julio de 2026

Los recursos provenientes de los royalties tienen como destino el financiamiento de gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinada a gobernaciones y municipios para la ejecución de obras y proyectos.