Huérfanos por COVID-19: Minna hará registro de niños y adolescentes
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Trabajan en herramientas que ayuden a unificar datos de casos de niños, niñas y adolescentes que perdieron a uno o a los dos padres, e ir activando canales correspondientes de asistencia estatal.
Al respecto, el viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Eduardo Escobar, habló en contacto con el canal GEN sobre el trabajo que vienen realizando al respecto. “Actualmente estamos generando las herramientas justamente para aislar esos números y tener números precisos. Tenemos informaciones no formales, no oficiales de que podrían haber ciertos casos. Por ejemplo, el caso de la pareja de músicos que fallecieron ambos padres, entonces hay como una referencia a ciertos casos específicos”, sostuvo.
Dijo que tienen que generar unos formularios y socializarlos a todo el sistema de salud y todos los actores que podrían tener conocimiento. A partir de ese relevamiento de información, ir activando los canales correspondientes de asistencia por parte del Estado.
Así también, mencionó que tienen que sistematizar las informaciones no formales que tienen con relación a estos casos. “La asistencia tiene que llegar con una atención especial para cada caso. No es lo mismo atender a un bebé de unos 3 años que atender a un adolescente de 17 años. El bebé necesitará atención de primera infancia, pañales, leche especial, un cuidado más específico, por ejemplo, con una familia acogedora en el caso de que no tenga familia ampliada, o que otros miembros de la familia no se hagan responsables de ese chico”, mencionó.
Por otra parte, Escobar indicó que en el caso de un adolescente de 17 años, se tendría que precautelar el derecho a la educación, que finalice sus estudios, ver si necesita una beca para que termine sus estudios universitarios. “Son necesidades diferentes y por ello tienen que ser abordajes diferenciados por distintos entes estatales”, apuntó.
Señaló que han inaugurado un plan de trabajo y esperan que para este miércoles tengan ya de forma final este instrumento y luego ya para socializarlo con todo el sistema de Salud, pero también con otros actores.
El viceministro explicó, por ejemplo, el caso de que se le dé de alta a una madre que el papá nunca reconoció al hijo. “La madre una vez ya en su casa tiene complicaciones a raíz del COVID que suele pasar por las consecuencias a veces de cardiopatía, fallece. Entonces ahí tiene conocimiento la Codeni de la zona y ellos levantan la alarma. Siempre van a ser en su mayoría los centros hospitalarios los que levanten la alarma, pero se pueden dar casos como estos. También lo puede hacer el Ministerio de la Defensa Pública a través de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y también el Minna obviamente, por ejemplo a través de una denuncia al 147 Fono Ayuda”, enfatizó.
Procedimiento para hacerse cargo
El viceministro comentó que el procedimiento para hacerse cargo es básicamente el mismo que se da ante la desprotección de un niño, niña o adolescente. “El procedimiento es igual. Cuando un niño queda sin el cuidado parental, lo primero que se hace, cuando su familia que nuclea papá y mamá, no se hacen responsables o quedan desprotegidos ellos por fallecimiento en ocasiones normales, se busca la familia ampliada”, resaltó.
Esto quiere decir abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, hermanos mayores de edad y una vez agotada esa instancia, si no se consigue que familiares de la familia ampliada tome responsabilidad por ellos, se busca una familia acogedora.
“Son familias con una experticia específica que hacen que esos niños, niñas, adolescentes, vivan con ellos y luego, en última instancia y medida, se busca que un hogar se haga cargo de ellos porque hay que precautelar el derecho a vivir en familia de ese niño, niña o adolescente”, aseguró el subsecretario de Estado.
No es un subsidio
Escobar aclaró que esto no es un subsidio y que se canalizan con los distintos ministerios dependiendo de la necesidad de cada caso. “Se busca activar los canales correspondientes de familias acogedoras, ampliadas. Siempre desde cada institución hay recursos estatales que se les pueden dar. Por ejemplo, se puede entregar leche, pañales”, agregó.
Personal suma tecnología para prevenir fraudes en operaciones digitales
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Ante el crecimiento de los riesgos de fraude digital, Personal Empresas presenta una solución que permite a bancos, fintechs y comercios detectar cambios recientes de tarjetas SIM y sumar una instancia de verificación antes de autorizar operaciones sensibles.
Una barrera frente al fraude. La protección de las transacciones digitales requiere cada vez más mecanismos de prevención. En este contexto, Personal Empresas incorpora SIM SWAP, una herramienta diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar posibles situaciones de fraude vinculadas al uso indebido de números telefónicos.
La solución opera mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite consultar en tiempo real la fecha del último cambio de tarjeta SIM de una línea o comprobar si esta modificación ocurrió dentro de un período determinado.
La tecnología permite detectar cambios recientes de SIM y activar verificaciones adicionales para reducir los riesgos de fraude. Foto: Ilustrativa
Esta verificación cobra importancia frente al denominado SIM swapping, una modalidad de fraude en la que los delincuentes duplican o transfieren fraudulentamente el número telefónico de una persona a una tarjeta SIM bajo su control. El objetivo es interceptar llamadas y mensajes, incluidos los códigos de autenticación enviados por SMS.
Más controles en operaciones sensibles. Cuando se identifica un cambio reciente que podría representar un riesgo, las empresas pueden incorporar medidas adicionales, como solicitar una nueva verificación de identidad o postergar temporalmente una operación.
SIM SWAP puede aplicarse en la evaluación de transacciones sospechosas, transferencias bancarias y procesos de restablecimiento de contraseñas, entre otros procedimientos que requieren controles de seguridad.
De acuerdo con Personal, esta tecnología contribuye a disminuir la exposición al fraude, evitar posibles pérdidas económicas y resguardar la reputación de las organizaciones, además de fortalecer la confianza de los usuarios. Asimismo, la solución contribuye al cumplimiento de la Comunicación “A” 7783 del Banco Central, según informó la compañía.
Según los cambios anunciados por la compañía, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y el motor de búsqueda estarán desactivados por defecto para los alumnos desde la educación primaria hasta la secundaria. Foto: AFP
Google suspenderá sus herramientas de IA para escolares tras críticas
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Google anunció que desactivará por defecto sus herramientas de inteligencia artificial para escolares tras recibir críticas por promover funciones de IA entre los estudiantes, en medio del debate sobre cómo debería utilizarse esta tecnología en las aulas.
El gigante de la búsqueda en línea domina las herramientas digitales de las escuelas estadounidenses. Sus aplicaciones, como Gmail, Docs y Classroom, se utilizan en las aulas de todo el país y sus computadoras de bajo costo Chromebooks son las que más se distribuyen entre los estudiantes.
Según los cambios anunciados el martes último por Google en su blog, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y el motor de búsqueda estarán desactivados por defecto para los alumnos desde la educación primaria hasta la secundaria, salvo que los administradores escolares los activen.
Google dijo a la AFP que los nuevos controles se implementarán en todo el mundo, comenzando en Estados Unidos, pero aún no ha fijado una fecha. Los cambios también implican que las escuelas no podrán ofrecer a los estudiantes Google Search sin sus funciones de IA.
Chris Phillips, vicepresidente de educación de Google, dijo al periódico The New York Times que “Search y la IA están profundamente integrados”, ya que las funciones de IA están ahora incorporadas en el motor de búsqueda de la empresa.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó a Google en X de “intentar usar su poder monopólico para imponer la IA” en las escuelas públicas. Más de 150 millones de estudiantes en todo el mundo usan la plataforma educativa Google Classroom, según una carta que congresistas enviaron a la empresa el mes pasado.
En agosto, Google puso a disposición de los estudiantes de todas las edades su chatbot Gemini en Classroom. Tanto Nueva York como Los Ángeles anunciaron planes para restringir el acceso a las herramientas de IA en los dispositivos escolares.
En un comunicado en X, Google afirmó que los cambios anunciados el martes dan “más opciones a las escuelas, no menos”. “Sabemos que hay preocupación por el uso de la IA por parte de los estudiantes para saltarse el trabajo escolar, y las escuelas nos han dicho que quieren tener control”, dijo Google.
Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex. Foto: Ralphie Zotti
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.