Desde Caaguazú hasta más de 30 países, Lactolanda convirtió la leche paraguaya en alimentos, empleo, innovación y una historia de crecimiento que ya lleva 44 años.

Existen industrias que producen alimentos, y otras que, además, construyen país. Hace 44 años, la Cooperativa La Holanda emprendió ese camino que le permite hoy a Lactolanda ser una de las grandes historias de transformación de la producción nacional.

Cada día, más de 1,7 millones de litros de leche provenientes de más de 1.200 productores ingresan a su proceso industrial en J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú. Allí, la materia prima se convierte en productos que llegan a las mesas paraguayas y cruzan fronteras hacia más de 30 países.

“La industria se construye desde el origen”, afirmó Bernie Friesen, gerente general de la Cooperativa La Holanda. Esa mirada explica una cadena que no empieza en la planta, sino en el productor. A través del SAPLE, Lactolanda acompaña y fortalece a quienes hacen posible la materia prima.

Pero si hay algo que los directivos saben es que crecer también significa invertir. Tecnología, infraestructura e innovación hacen posible ampliar la capacidad y responder a consumidores cada vez más exigentes. Fortivitam, su yogur enriquecido con vitaminas y minerales, es una muestra de esa búsqueda constante de nuevas propuestas.

Más de 1.200 colaboradores directos y una amplia red de distribuidores extienden el impacto de la industria por todo el país.

Y mientras crece, Lactolanda también mira al futuro, uno que llegará con tratamiento de efluentes, reutilización de sólidos como abono y un programa de reforestación que permite que el 100 % de la madera utilizada en sus calderas provenga de áreas reforestadas.

“No solo llevamos productos paraguayos al mundo; llevamos una industria paraguaya preparada para responder a los estándares de los mercados internacionales”, afirmó el gerente general.

Así, 44 años después, la celebración tiene sabor a futuro: producir, transformar y llevar lo nuestro cada vez más lejos.

El presidente de la República, Santiago Peña, verificó el avance de las obras de conexión vial en Juan Eulogio Estigarribia, Caaguazú, una intervención que permitirá canalizar el tránsito de camiones de gran porte, mejorar la circulación urbana y facilitar la salida de la producción hacia la ruta PY02.

Desde la Presidencia de la República informaron que las mejoras fueron incorporadas a las obras de la Ruta de la Banana, corredor Casilla 2–Tembiaporã, y abarcan 11,48 kilómetros: 9,70 km sobre la calle 12 de Junio y otros 1,78 km sobre Eleno Benítez. Explicaron que los trabajos incluyen la adecuación de sectores deteriorados, regularización con concreto asfáltico y la posterior colocación de la capa final de rodadura.

Durante el recorrido, el presidente Peña recordó que hace cerca de una década conoció personalmente las dificultades que enfrentaban los pobladores de Tembiaporã, cuando el cruce en balsa era una de las alternativas para acceder a la comunidad. Señaló que terminar con ese aislamiento quedó desde entonces entre las necesidades pendientes del departamento.

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“La gente de Tembiaporã quería salir del aislamiento”, recordó el mandatario. Explicó que, con la decisión de avanzar en la Ruta de la Banana, surgió también la necesidad de preparar la infraestructura de J. Eulogio Estigarribia para el mayor movimiento de la producción. “Sabíamos que no podíamos permitir que los camiones abarrotaran el centro de la ciudad y que necesitábamos una vía de acceso”, afirmó.

La Ruta de la Banana contempla la pavimentación de 41,62 kilómetros entre Casilla 2 y Tembiaporã y permitirá garantizar una conexión permanente para más de 50.000 pobladores, especialmente de comunidades que durante años enfrentaron dificultades de circulación en periodos de lluvia.

El corredor tendrá además un impacto directo sobre una de las principales zonas productivas de Caaguazú, facilitando el transporte de la producción bananera, un rubro que genera alrededor de USD 40 millones anuales en exportaciones.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que las intervenciones verificadas permitirán conectar las zonas de producción con los principales corredores viales. “Estamos conectando, sacando los productos del campo y llegando hasta la vía principal, que es la ruta PY02”, señaló.

Con el avance de estas obras, J. Eulogio Estigarribia contará con una ruta estratégica para desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorar la seguridad vial y agilizar el traslado de la producción, dando respuesta a una demanda de conectividad sostenida durante años por las comunidades de esta zona de Caaguazú.

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La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Las intervenciones realizadas en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú en el marco de la operación Nueva Alianza 57 permitieron desmantelar 44 campamentos y anular más de 671 toneladas de marihuana, con un perjuicio estimado de USD 100.687.500 para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este lunes que la operación finalizó después de 12 días de incursiones en zonas boscosas de ambos departamentos. En las intervenciones fueron eliminadas 222 hectáreas de cultivos de marihuana, con un potencial estimado de 666.000 kilogramos de la droga, además de 5.250 kilogramos de marihuana ya lista, totalizando 671.250 kilogramos anulados.

La operación desarrollada mediante incursiones aéreas y terrestres contó la participación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y de la Fiscalía.

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El informe de la institución indica que “las acciones se concentraron en zonas de especial valor ambiental, afectando cultivos instalados dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Reserva Natural Morombí, Reserva Natural Caaguazú y la Estancia Pindó”. Estos procedimientos permitieron desmantelar 44 campamentos utilizados por estructuradas dedicadas al narcotráfico.

Señala que la operación volvió a evidenciar cómo las estructuras criminales utilizan áreas naturales protegidas para instalar cultivos ilícitos, provocando deforestación, degradación y destrucción de bosques. “El avance contra estos cultivos representa, por tanto, un doble golpe: reduce la capacidad productiva y financiera del narcotráfico y protege áreas de alto valor ambiental”, destaca.

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