Una mujer indígena fue hallada sin vida por su pareja en la mañana de este viernes. La misma habría fallecido por hipotermia, ya que ambos dormían a la intemperie al costado de una estación de servicios ubicada en el barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Concepción.

La mujer fue identificada como Elisea Torres Benítez, de 47 años, quien vivía en situación de indigencia. Su pareja, identificada como Marciano Gómez González, de 57 años, también indígena y en situación de calle, se habría percatado de que la mujer estaba muerta cuando despertó y fue a pedir ayuda hasta la caseta de seguridad de la estación de servicios.

Según el reporte policial, los intervinientes llegaron al lugar y tras confirmar el fallecimiento de la mujer, se convocó a personal del Ministerio Público, el cual dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue para que le sea practicada la autopsia, ya que su pareja había declarado que la mujer llevaba al menos tres días enferma.

Podés leer: Accidente de tránsito en Lambaré: conductor esquivó a un perro, pero chocó contra una columna

Si bien no se descartó que existiera una enfermedad subyacente que le haya estado provocando los síntomas de fiebre y tos, la autopsia reveló que la causa de la muerte fue hipotermia y que la mujer habría fallecido ya alrededor de las 22:00 de ayer jueves.

Su pareja mencionó que en varias ocasiones, cuando no encontraban un lugar más abrigado donde pasar la noche, se apostaban en la zona de la estación de servicios o en algún descampado de la zona.

Lea también: Policía en alerta ante posibles atracos a sitios financieros del Este

El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.

Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.

Lea más: Denuncia falsa de Giuzzio: Fiscalía pidió desestimar denuncia contra Cartes

Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.

Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.

Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.

“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.

Te puede interesar: Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes

Un niño de 11 años debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción luego de que recibiera una descarga eléctrica tras pisar un cable suelto de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). El hecho se registró en el barrio San Luis, fracción Arroyito de Concepción.

La madre del niño relató que el incidente se dio cuando su hijo iba a la despensa para comprar algo para merendar. Explicó que el cable estaba suelto en el camino y que fueron los propios vecinos los que movieron el cable con un palo para poder transitar por el lugar.

“Los vecinos llamaron toda la mañana a la gente de la Ande, pero nadie atendía; entonces ellos movieron y justo quedó en frente de mi casa y cuando mi hijo salió, se olvidó de eso y pisó. Yo salté por él, también sentí la descarga, pero mucho menos”, contó Luisa Centurión en conversación con canal Trece.

Podès leer: Villa Morra: un hombre destruyó varios vehículos por un “pedido divino”

Tras el hecho, los propios vecinos debieron de trasladar al pequeño en una moto para que pueda ser atendido inmediatamente. La madre confirmó que su hijo sufrió varias quemaduras en la pierna izquierda y en la planta del pie, donde la quemadura es más grave.

“Ahora le están controlando sus signos y su estado en general, también ya le dieron los antibióticos y otros medicamentos para descartar cualquier secuela que pueda ocasionar la descarga y continuaremos acá hasta que esté fuera de peligro”, expresó la madre del niño.

Lea también: Fiscalía imputó a cinco policías y una abogada por secuestro

• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

Lea más: Trump asiste al estreno benéfico de “Los Miserables”

Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

Lea también: Lanzan web para obtener visa dorada de EE. UU. por USD 5 millones

La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.