La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Dos personas murieron y una tercera víctima resultó gravemente herida este sábado en la ciudad de Eusebio Ayala (Cordillera), tras un choque entre un automóvil y un camión de gran porte que transportaba materiales de construcción.

El reporte policial indica que el accidente rutero se registró esta madrugada sobre la ruta PY02 a la altura del kilómetro 66, en la zona de Capiipé de la mencionada ciudad. El impacto se dio entre una camioneta marca JMC de color blanco y un camión de la marca Scania.

Según testigos, tanto el camión como la camioneta estaban circulando sobre el mismo carril con dirección a la ciudad de Caacupé, cuando, debido a la alta velocidad con la que circulaba la camioneta, su conductor perdió el control y terminó impactando contra la parte trasera del camión.

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En la camioneta iban tres personas: aparte del conductor, Martín Leonardo Cellamare Jorgensen, de 35 años, también Sofía Abigail Portillo Olmedo, de 18 años, quienes fallecieron por el terrible impacto. En tanto que Luis Florentín, de 74 años, sufrió lesiones graves y actualmente se encuentra internado en el Hospital de Trauma.

“La acompañante de 18 años falleció dentro del habitáculo de la camioneta, mientras que las otras dos personas fueron rescatadas y derivadas al hospital de Barrero, donde se constató el fallecimiento del conductor. No así del otro acompañante, que fue derivado hasta la ciudad de Asunción”, detalló el oficial Juan Cuenca a Telefuturo.

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Este domingo, un grave accidente con derivación fatal se reportó sobre la ruta PY06 en el departamento de Alto Paraná, donde dos personas fallecieron y un menor de 6 años resultó con graves lesiones; todos iban a bordo de una motocicleta. El conductor de automóvil dio negativo a la prueba de alcotest y alegó que la moto no tenía luces.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy, sobre la ruta PY06 a la altura del kilómetro 247 en el barrio Piro’y de la ciudad de Minga Guazú. En el percance rutero se vieron involucrados una motocicleta de la marca Taiga de color negro y un auto de la marca Kia de color plateado.

El conductor del vehículo identificado como César Mathias Cantero Machado, de 20 años, indicó que estaba circulando de norte a sur y cuando llegó al kilómetro citado, embistió contra la motocicleta. Aseguró que este no estaba con las luces encendidas y que la zona es bastante oscura.

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Tras impactar contra el biciclo, este junto con sus tripulantes cayeron al costado de la ruta y el joven quedó para auxiliarlos. Hasta el lugar llegaron bomberos voluntarios, quienes confirmaron que iban tres personas a bordo de la moto y que entre ellos había un menor de seis años.

En el sitio se constató el fallecimiento de: Carlos Acosta Mieres, de 26 años, y Liz Raquel Gavilán Moray, de 31 años. En tanto que el menor fue trasladado al Hospital Distrital de Minga Guazú, donde quedó internado ante las graves lesiones que presentaba. El conductor de la camioneta resultó ileso y dio negativo a la prueba de alcotest.

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