Varios allanamientos en simultáneo están llevando a cabo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público en las ciudades de Asunción, Limpio y Mariano Roque Alonso, todos ellos relacionados a la incautación de cargamentos de cocaína en los puertos de Hamburgo en Alemania y en Amberes, Bélgica.
Los procedimientos apuntan a la revisión de los depósitos de las empresas sospechadas de proveer logística para el envío de cocaína a Europa a través de contenedores. Una de ellas es la firma Pinturas Tupa SA, que registra una buena cantidad de envíos hacia Europa desde mediados del año pasado y se encuentra vinculada a otras empresas, entre ellas Envases Paraguayos SRL, y una decena de firmas más.
Los lugares donde se están llevando a cabo los allanamientos son el depósito de Envases Paraguayos SRL en la ciudad de Limpio, una vivienda sobre la calle Gaudioso Núñez casi Teniente Fariña, en Asunción, en un edificio de la avenida Eusebio Ayala casi 12 de Octubre, también en Asunción y en la empresa Cartopar SA en el barrio Arecayá de la ciudad de Mariano Roque Alonso.
Cooperación multinacional
En el marco de la incautación récord de cocaína dada a conocer en la fecha a medios internacionales de prensa, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay informa que juntamente con la Senad y la Policía Nacional vienen colaborando e intercambiando información con las autoridades aduaneras y policiales de Alemania, a fin de identificar la operación, el modus operandi, las empresas involucradas y sus responsables.
También están trabajando con las autoridades aduaneras de Brasil, país donde realizaron escalas tanto el buque marítimo como los contenedores incautados en Europa. De esta tarea también se encuentran participando agentes de la Unidad SIU de la Policía Nacional y de la Senad, quienes tendrán a su cargo la prosecución de los operativos con miras a desarticular la organización criminal.
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Giuzzio, un nefasto ministro que favoreció al crimen organizado
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deliberadamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguridad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquilidad interna como la imagen país.
Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fueron intencionalmente favorables para el narcotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin precedentes.
Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonistas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más buscados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.
Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puertos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vacacionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.
¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato especial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Interior.Subordinados del mismo Giuzzio confirmaron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en continuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.
Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.
Los informes de inteligencia sindican a Marques de Padua como narcotraficante, lavador, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blindaje de vehículos que se presume proveía al crimen organizado.
Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un suspicaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser allanado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversaciones en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo confirmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.
Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exsecretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodicho. La oscura gestión de Giuzzio y sus temerosos vínculos desde el poder político, merecen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.
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Operación Red Card: detienen a exfutbolista sindicado como distribuidor de cocaína
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) aprehendieron a un exfutbolista sindicado como presunto distribuidor de cocaína al menudeo en Cordillera. Se trata de Guido Ariel Peralta Gómez (34), quien en su momento habría integrado la división de reserva del club Cerro Porteño.
La detención se dio en el marco de la operación Red Card, en la cual se desarrollaron tres allanamientos simultáneos en zona de Itacurubí de la Cordillera. En los procedimientos fueron incautados 219 gramos de cocaína, equivalentes a unas 438 dosis, dinero en efectivo, entre otras evidencias.
La operación fue acompañada por el fiscal Gedeón Escobar. Según el reporte de la institución, el exfutbolista se convirtió en un referente del microtráfico de cocaína en la ciudad del tercer departamento. Al percatarse de la intervención, Peralta Gómez intentó ocultar la droga, arrojando en la parte posterior de una vivienda, pero fue hallada por los agentes intervinientes.
Así también, el detenido habría tenido vínculos con el jugador de futsal del mismo club Luis Molinas, capturado en febrero de este año durante el operativo Nexus II, que permitió desarticular una estructura delictiva que también estuvo conformada por Víctor Centurión, un exarquero.
Con estas acciones, la Senad busca desmantelar redes de microtráfico que operaban en la zona. La intervención se dio en el marco del plan Sumar, donde la institución lleva adelante varios operativos en diversos puntos del país para desbaratar estructuras dedicadas a la comercialización de drogas al menudeo, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo de drogas.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.