Esta mañana, funcionarios del Viceministerio de Transporte verifican disponibilidad de las tarjetas del pasaje electrónico en los puntos de venta en el barrio Sajonia de Asunción, considerada una zona principal en la capital. El titular de esta dependencia, Pedro Britos, señaló que 650 mil tarjetas ya están en poder de usuarios del servicio.
“Sería bueno que empiecen a utilizar y no esperen hasta el 17 de febrero porque es mucho más práctico y cómodo. Es un proceso. Tenemos desde hace un tiempo esta convivencia entre el pago mixto. Cuando uno se va acostumbrando, ya no quiere dejar la tarjeta”, expresó Britos en contacto con el canal GEN.
De acuerdo con Britos, los controles se realizan con el objetivo de constatar la accesibilidad de los plásticos a los usuarios y notificar a las empresas emisoras en caso de deficiencias en la reposición. La tarjeta electrónica tiene un costo de G. 10.000 con un pasaje incluido.
Lea también: Fiscal de Itá falleció a causa del COVID-19
El uso exclusivo de pasaje electrónico quedó nuevamente para el 17 de febrero, fecha en que iniciará el sistema único de pago electrónico. Mientras esperan ampliar los puntos de venta y recarga en distintos puntos del Área Metropolitana. En tanto que Cetrapam alega ineficiencia del Viceministerio de Transporte, ya que debía iniciarse el 1 de febrero.
Según Britos, en este tiempo, se analizaron los reclamos y pusieron en marcha un plan de mejoramiento. “Hicimos un cálculo de extender dos semanas más para ajustar todos los detalles para salir de una manera más sólida de presencia de tarjetas, cantidad de venta y recarga. Podíamos haber salido el 1 de febrero, pero nos pareció presentar un sistema mucho más robustecido”, afirmó Britos.
Lea también: COVID-19: gestionan que primer lote de vacunas llegue en dos semanas
Dejanos tu comentario
GPS y controles en las calles destapan irregularidades en 38 empresas de transporte
El monitoreo satelital y las inspecciones presenciales permitieron al Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detectar múltiples incumplimientos en el servicio de transporte público, lo que derivó en sanciones para 38 empresas permisionarias durante el primer semestre del año.
Las medidas forman parte del plan de fortalecimiento del control del sistema de transporte impulsado por el Gobierno, que desde el pasado 18 de mayo aplica la Resolución N.º 120/2025 para verificar, mediante tecnología GPS, que las empresas mantengan la cantidad mínima de buses exigida en circulación, especialmente durante los horarios de mayor demanda.
Control digital
El sistema de geolocalización permitió comprobar la frecuencia de los recorridos y la disponibilidad real de las unidades. Gracias a esta herramienta fueron detectadas 92 infracciones, que derivaron en multas por un total de 1.660 jornales, equivalentes a G. 185.093.320. La mayor parte de las faltas estuvo relacionada con la insuficiente cantidad de colectivos operando en las franjas horarias pico y pospico, precisamente cuando los usuarios requieren mayor cobertura del servicio.
A este resultado se suman las fiscalizaciones desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del país. Durante estos operativos, los inspectores constataron nuevas irregularidades que motivaron 46 sanciones aplicadas a 18 empresas, acumulando multas por 643 jornales, equivalentes a G. 71.695.786.
Deficiencias detectadas
Las verificaciones en las unidades también revelaron diversas deficiencias que afectan la calidad y la seguridad del servicio. Entre ellas figuran el deterioro del ploteado identificatorio de los buses, fallas en el funcionamiento del aire acondicionado y otras condiciones de confort para los pasajeros.
Asimismo, se detectaron conductores utilizando teléfonos celulares mientras manejaban, vehículos con problemas en el sistema de iluminación, ausencia de la póliza obligatoria de seguro y unidades circulando con las puertas abiertas.
Desde el MOPC señalaron que estos controles continuarán de manera permanente como parte de la estrategia para elevar los estándares del transporte público.
Leé también: Mezcla obligatoria de biodiésel se mantendrá en 7 % hasta diciembre
Dejanos tu comentario
La Sedeco recuperó más de G. 1.000 millones para consumidores en el primer semestre
Durante el primer semestre del 2026, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recibió casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, cifras que reflejan un importante incremento en la demanda de sus servicios. En el mismo periodo, la gestión conciliatoria permitió recuperar más de G. 1.000 millones a favor de consumidores afectados por distintos incumplimientos, de acuerdo con el reporte de la institución.
Según el informe institucional, las consultas crecieron un 136 % respecto al mismo periodo del 2025, impulsadas por el uso de canales digitales como WhatsApp, el chatbot, el formulario disponible en la página web y la atención telefónica. En tanto, los reclamos aumentaron un 57 %, ingresados exclusivamente a través del formulario digital.
La ministra de la Sedeco, Sara Irún, atribuyó este crecimiento a una mayor confianza de la ciudadanía en la institución. “El aumento de consultas y reclamos demuestra que cada vez más personas conocen sus derechos y confían en la Sedeco para buscar una solución. Nuestro desafío es responder con eficiencia, cercanía y resultados concretos para los consumidores”, expresó.
Recuperaciones y conciliaciones
La institución destacó que, mediante los procesos de conciliación, logró recuperar más de G. 1.000 millones para los consumidores, lo que representa un incremento del 39 % frente al primer semestre del año pasado. Los montos corresponden tanto a devoluciones por cobros indebidos como a reposición de bienes, reparaciones, cambios de productos y reembolsos.
Asimismo, la Sedeco señaló que más del 94 % de los casos concluyeron con acuerdos conciliatorios entre consumidores y proveedores. Para Irún, este resultado evidencia que el diálogo constituye una herramienta efectiva para resolver conflictos y contribuir a un mercado con mayor equilibrio entre las partes.
Servicios financieros concentran más reclamos
El sector de servicios financieros y seguros lideró el ranking de reclamos con el 19 % del total, seguido por telecomunicaciones (12 %), electrodomésticos y productos electrónicos (11 %), sector automotor (6 %) y transporte (5 %). En conjunto, estos cinco rubros concentran cerca del 54 % de las denuncias recibidas durante el semestre.
En servicios financieros predominaron las denuncias por gestiones de cobranza abusivas, hostigamiento y cobros indebidos. En telecomunicaciones se reportaron inconvenientes relacionados con cambios de tarifas, errores de facturación, promociones engañosas y dificultades para cancelar servicios. En tanto, en el rubro de productos electrónicos y electrodomésticos, los principales conflictos estuvieron vinculados a garantías, reparaciones y servicios de posventa.
Fiscalizaciones y educación al consumidor
Durante el primer semestre, la Sedeco realizó 226 fiscalizaciones en todo el país, principalmente en minimercados y supermercados, turismo, gastronomía, librerías, comercios de electrodomésticos y farmacias. Como resultado de estos controles, dispuso cinco cierres temporales preventivos de establecimientos que presentaban riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, medidas que posteriormente fueron levantadas tras verificarse el cumplimiento de las mejoras exigidas.
En paralelo, la institución fortaleció su programa de educación al consumidor mediante capacitaciones virtuales y presenciales sobre fraudes digitales, servicios financieros, derechos del consumidor, ciberseguridad, consumo sostenible y formalización de mipymes, entre otros temas.
Le puede interesar: La Expo premia a Itaipú por stand que integra energía, innovación y cultura
Dejanos tu comentario
Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
Lea también: Nicanor apuesta por la figura de Baruja para dupla de Alliana rumbo al 2028
La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.
Dejanos tu comentario
Reforma del transporte busca atraer financiamiento bancario para renovar la flota de buses
La reforma del transporte público avanza hacia la etapa de estructuración financiera con la presentación de un modelo de negocio diseñado para facilitar la participación de la banca local en el financiamiento de la renovación y ampliación de la flota de buses.
El esquema fue presentado por el Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y representantes de entidades financieras.
Durante el encuentro, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, junto con su equipo técnico, expuso los componentes del modelo que busca generar condiciones de previsibilidad para las inversiones necesarias en la incorporación de nuevas unidades.
La propuesta contempla mecanismos vinculados al esquema de pagos, garantías, administración mediante fideicomiso, alternativas de leasing, distribución de riesgos y criterios de bancabilidad, con el objetivo de brindar mayor confianza al sector financiero.
Fideicomiso administrado por la AFD
La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, acompañó la presentación del esquema financiero que será administrado por la institución a través de un fideicomiso.
Durante la jornada, representantes de entidades como Banco Familiar, Atlas, Itaú, Sudameris, GNB, Bancop, Interfisa, Citibank y Banco do Brasil realizaron consultas y aportes sobre los distintos componentes del modelo.
Renovación de flota como eje de la reforma
Desde el Gobierno señalaron que la reforma busca avanzar hacia un sistema de transporte que responda a las necesidades de los usuarios mediante una renovación progresiva de la flota y una mejora sostenida en la calidad del servicio.
El modelo financiero presentado apunta a generar las condiciones para que los operadores puedan acceder a nuevas unidades, con participación del sector privado y respaldo de instrumentos que reduzcan los riesgos asociados a la inversión.
Lea más: El MOPC concreta la ejecución más alta en los últimos 10 años