La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que en lo que va de junio el censo digital de jubilados de la Caja Fiscal alcanzó una cobertura del 98 %. Esto equivale a unos 74.971 beneficiarios registrados, de un total de 76.798.

Queda aún un 2 %, equivalente a 1.496 personas, por completar el trámite. Desde el Ministerio de Economía reiteran sobre la importancia de completar este censo, el cual puede realizarse a través del portal: https://censos.mef.gov.py.

Una vez finalizado el registro, el desbloqueo de las tarjetas se gestiona automáticamente en un plazo de 24 a 48 horas. Los jubilados que ya hayan completado el proceso pueden verificar su estado en: https://censos.mef.gov.py/censo-consulta-publica.

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Cabe recordar que todos los beneficiarios, incluidos aquellos que ingresaron recientemente al sistema, deben completar el Censo, ya que este permite actualizar contactos de confianza, requisito común a todos los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Caja Fiscal.

El censo digital tiene como objetivos principales actualizar los datos personales, prevenir cobros indebidos y confirmar la vida de los beneficiarios, todo mediante un proceso ágil, completamente en línea y que solo requiere el ingreso de datos básicos. Esta modalidad evita desplazamientos, ahorra tiempo y garantiza la seguridad de la información.

Todos los interesados pueden visitar la web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente, llamando al (021) 729-0123, de lunes a sábado, de 07:30 a 15:00, para tener más información al respecto.

Aclaran que la información solicitada incluye datos como domicilio, número de contacto, correo electrónico, país y ciudad de residencia, y la fecha de vencimiento de la tarjeta de cobro. No se requiere el número de la tarjeta, ni contraseñas, ni información relacionada con operaciones bancarias.

“La información proporcionada en esta plataforma tendrá carácter de declaración jurada, por lo que se exhorta a los beneficiarios a ingresar datos verídicos”, dicen desde el MEF.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Docentes fueron acusados por los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, por el fiscal Alberto Torres Flores, de Presidente Franco. Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), habrían cobrado dinero por una validación irregular de título profesional en el Ministerio de Educación y Ciencias.

Uno de los acusados es jubilado, exdecano y propietario de una universidad privada. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se inician en Otaño, Itapúa.

Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar culminaron en el año 2021 la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede de Mayor Otaño, obteniendo sus respectivos certificados académicos.

Sin embargo, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), motivo por el cual solo se les otorgó el título de “Licenciada en Educación Inicial”.

Los hoy acusados contactaron con las víctimas para ofrecerles gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, de Lambaré, para que obtengan el título de “profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos” y los certificados correspondientes.

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“Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25 millones de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP”, refiere el escrito fiscal de Acusación.

Luego, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los hoy acusados “entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima en el año 2021”.

Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno, presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.

Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos.

Las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, los “gestores” imputados y tras completarse el plazo, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona.

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• HOY.COM.PY

Los resultados del viaje presidencial a Japón, además de acuerdos estratégicos, también se resumen en cifras monetarias. Según el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay consiguió al menos 500 millones de dólares.

Posicionar a Paraguay a nivel mundial y levantar la bandera de estabilidad y confianza, en medio de un ambiente de incertidumbre en el escenario mundial, son objetivos que lleva la delegación paraguaya en todos los viajes.

Luego de 10 años de espera, Japón y Paraguay firmaron un acuerdo de inversión que reconoce a nuestro país como socio estratégico para las inversiones japonesas, dentro de un contexto no solamente de comercio, sino de ubicación geográfica como la puerta de entrada al Mercosur.

“De este viaje trajimos mínimo 500 millones de dólares, de los cuales, 250 millones son del fondo forestal Sarte, que incrementa la capacidad que tiene Paraguay en este rubro importante, eso fue anunciado por el propio dueño, quién sabe cuántas decisiones de inversión van a venir de ese anuncio”, explicó Jiménez.

Por otro lado, un crédito de 240 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para la financiación del Corredor Suroeste, que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Además, la habilitación del ingreso sin visa para los compatriotas que visiten Japón por periodos cortos, y la firma del acuerdo de consultas políticas que llevará la cooperación a un nivel aún más profundo.

Para Paraguay, el impacto económico directo incluye la atracción de capital japonés, principalmente en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, energía y tecnología, según el MIC.

Uno de los aspectos destacados es el impulso a la agenda comercial paraguaya con Japón, orientada a diversificar mercados y acelerar el acceso de productos como la carne paraguaya al mercado japonés.

También se contempla la integración de Japón en el desarrollo del Corredor Bioceánico, conectando al Paraguay con el Pacífico a través del Puerto Franco en Chile, en una estrategia regional de conectividad logística.

Además, el MIC refiere que la designación de Paraguay como socio estratégico en áreas como la seguridad alimentaria de Japón abre además oportunidades de cooperación en innovación agrícola y sostenibilidad productiva.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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