Días atrás se dio a conocer el decreto de la reglamentación de la Ley de Arancel Cero, promulgada en noviembre del 2020. La normativa establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país.
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Dicha reglamentación fue firmada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como corresponde, sin embargo causó indignación en varios sectores de la ciudadanía, debido a que vino con varios cambios que según afirman, van en contra de los estudiantes.
Debido a esto, estudiantes de todo el país realizaron una fuerte manifestación frente al Mburuvicha Róga, solicitando en primera instancia que se derogue el decreto en un plazo de 15 días, caso contrario presentarán una acción de inconstitucionalidad ante los estrados judiciales.
Ante esta situación hoy pusimos a consideración de nuestros lectores a través de la plataforma Votá la siguiente pregunta: “La Ley de Arancel Cero fue modificada por Mario Abdo. ¿Está de acuerdo?”.
El 70% de los votantes señaló que “Sí, son requisitos para acceder a la educación gratuita y hay que acatarlos” y el restante, un 30%, indicó que “No, sus modificaciones son en contra de los estudiantes”.
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Maquila genera 1.100 empleos y capta USD 56 millones en nuevas inversiones
El régimen de maquila sigue consolidándose como uno de los principales motores de inversión y empleo en Paraguay. Según el reciente informe del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), el sector generó 1.100 nuevos puestos de trabajo en distintos rubros, en un contexto de creciente dinamismo sumado a la promulgación de la nueva Ley de Maquila.
En los últimos ocho meses, se aprobaron 24 proyectos bajo este esquema, que en conjunto representan inversiones por alrededor de USD 56 millones. Los proyectos abarcan una variedad de sectores, desde confecciones y plásticos hasta componentes para la industria siderúrgica, suplementos para animales, madera, alimentos y fabricación de cápsulas.
Detrás de este impulso hay coordinación institucional, ya que el CNIME , integrado por el MIC, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Paraguay, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Ministerio de Trabajo, articula políticas para facilitar la instalación de empresas y acelerar procesos.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) destacó que estos resultados apuntalan la formalización laboral y el crecimiento sostenido de la economía. Además, se destacan los costos competitivos, los incentivos fiscales y la plataforma exportadora atractiva que posee el país.
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Nueva ley del régimen de maquila
La normativa incorporada días atrás marca un giro hacia la modernización de este sistema productivo, ya que incluye mayor digitalización, controles más estrictos y mecanismos de trazabilidad, con el objetivo de generar condiciones propicias para atraer más inversiones.
Mediante la reciente firma del presidente Peña del decreto que reglamenta, implementa y desarrolla la Ley N.º 7.547/2025, se espera que más empresas del sector elijan a Paraguay.
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Nueva ley busca modernizar régimen y atraer inversiones de más valor agregado
El sector registra en los últimos años un crecimiento sostenido en cuanto a las exportaciones, cerrando el 2025 con envíos por USD 1.305 millones.
- Por Antonella Mateu
La nueva ley del régimen de maquila en Paraguay (7547/2025) marca un giro hacia la modernización del sistema productivo orientado a la exportación. La normativa incorpora mayor digitalización, criterios de control más estrictos y mecanismos de trazabilidad, con el objetivo de consolidar al país como un polo industrial competitivo en la región.
El lunes pasado el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto que reglamenta, implementa y desarrolla la nueva normativa.
El sector registra en los últimos años un crecimiento sostenido en cuanto a las exportaciones, cerrando el 2025 con envíos por USD 1.305 millones y para este año proyecta alcanzar USD 1.400 millones.
Las empresas maquiladoras emplean a más de 35.000 personas de manera directa y los envíos se concentran principalmente al Brasil, seguido por Argentina, Estados Unidos, Países Bajos, entre otros.
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Jorge Bunchicoff, en conversación con La Nación/Nación Media, valoró la medida como “un paso en la dirección correcta”, al señalar que aporta orden, previsibilidad y mayor seriedad al régimen.
No obstante, advirtió que la clave estará en la aplicación, puesto que si los nuevos criterios de inadmisibilidad se implementan con rigor técnico, pueden elevar la calidad de la inversión; si no, podrían derivar en burocracia innecesaria.
Bunchicoff destacó que el inversor internacional prioriza tres factores: previsibilidad, logística y competitividad. En ese contexto, afirmó que Paraguay mantiene ventajas estructurales como energía competitiva y talento humano, aunque reconoció que aún persisten desafíos en infraestructura y tiempos operativos.
MODELO MÁS ÁGIL
El viceministro de Industria, Javier Viveros, explicó que la reglamentación representa un avance hacia un modelo más ágil, digital y transparente. Según indicó, el objetivo es integrar mejor a las instituciones del Estado, reducir tiempos de gestión y fortalecer los mecanismos de control sin perder seguridad jurídica para las empresas ya instaladas.
Viveros remarcó que los criterios de inadmisibilidad no buscan frenar inversiones, sino orientarlas hacia proyectos con mayor valor agregado, generación de empleo calificado y transferencia de tecnología.
“Estamos llevando el régimen de maquila a su siguiente etapa”, afirmó a LN, destacando también el alineamiento del decreto con la estrategia industrial del país.
El Gobierno proyecta que esta modernización impulse sectores como autopartes, manufactura avanzada, dispositivos médicos y agroindustria con valor agregado. Además, estima que el régimen, que hoy supera los 35.000 empleos directos, podría alcanzar exportaciones cercanas a los USD 1.400 millones para 2026.
Por su parte, el analista financiero Stan Canova señaló a La Nación que el principal atractivo del régimen sigue siendo el esquema tributario, difícil de igualar en la región. Sin embargo, advirtió que el desafío central será acompañar este crecimiento con infraestructura vial y energética acorde a la llegada de grandes inversiones.
Canova consideró que Paraguay tiene potencial no solo para consolidarse como hub industrial, sino también como un centro regional de servicios. A su criterio, la creación de empleo será uno de los impactos más relevantes del nuevo esquema, siempre que se sostenga la previsibilidad operativa.
No obstante, el analista alertó sobre posibles riesgos en la implementación, como la posibilidad de que los procesos no sean tan ágiles como se proyecta o que otros países de la región adopten medidas similares para retener inversiones.
El sector público como el privado coinciden en que la ley abre una etapa de mayor sofisticación productiva para Paraguay. El desafío, ahora, será convertir la promesa de eficiencia en resultados concretos en el terreno industrial.
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Ley mipymes: desde el MIC trabajan con municipios para su implementación
Con el objetivo de avanzar en la implementación de la nueva ley de mipymes en distintos municipios, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, mantuvo una reunión con el intendente de Lambaré y presidente de la Asociación de Intendentes del Departamento Central, Guido González.
Durante la reunión, el representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) señaló que la normativa tendrá un efecto significativo en los municipios, especialmente en los procesos de formalización de emprendedores y pequeñas empresas.
Giménez aprovechó la oportunidad para recordar que la ley establece costo cero para la formalidad, tanto para las micro y pequeñas empresas como para las municipalidades, permitiendo que los emprendedores se inscriban en las bases de datos locales y accedan a la patente comercial sin ningún cargo.
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Por su parte, el intendente González manifestó su voluntad de acompañar el proceso y colaborar en su implementación, atendiendo el gran impacto económico que tendrá para cada ciudad el despegue del mencionado sector, puesto que implicará mayor inversión.
Tras la reunión, se anunció que en 2026 el plan de implementación se iniciará en el Departamento Central y se extenderá progresivamente a otros puntos del país. En este sentido, el viceministro indicó que ya existen otros intendentes interesados en sumarse, entre ellos el de la ciudad de Hohenau, quienes también buscan incorporar los beneficios de la nueva ley.
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Plantean proyecto para seguir con emergencia penitenciaria
En la Cámara de Diputados, impulsan un proyecto de ley para declarar en situación de emergencia en todos los establecimientos del país dependientes del Ministerio de Justicia hasta el 2026, con el objetivo de atenuar la situación crítica.
La iniciativa fue presentada por los diputados: Raúl Latorre, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Yamil Esgaib, Rodrigo Gamarra, Hugo Meza, Fabiana Souto y Marcelo Salinas.
Se trata del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”, tuvo entrada recientemente en la Cámara de Diputados.
“La iniciativa busca declarar en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley, dependientes del Ministerio de Justicia en el territorio de la República, hasta el 31 de diciembre de 2026”, refiere el informe de la Cámara Baja.
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Uno de los principales objetivos expuestos en el documento es disminuir la situación crítica del sistema penitenciario en lo que respecta a infraestructura, tecnología, seguridad, personal, formación y demás factores necesarios para el buen desenvolvimiento de la administración.
Flexibilidad en contrataciones
Por otra parte, también se plantea otorgar mayor flexibilidad a la hora de la contratación de personal, a través de la modificación del artículo 3º, que permitirá “contratar personal penitenciario de manera inmediata, cubrir vacancias críticas y evitar el colapso operativo; así como incorporar personal especializado en seguridad, inteligencia, tecnología o intervención rápida”.
La iniciativa argumenta que, “sin esta habilitación excepcional, el Ministerio de Justicia no puede responder a corto plazo, aumentando el riesgo de motines, fugas masivas y pérdida del control institucional”.
Recursos presupuestarios
Así también se prevé una modificación en cuanto a la clarificación y ampliación del marco para gestión de recursos presupuestarios, establecido en el artículo 4°. “La redacción actual de este artículo se encuentra limitada y poco precisa, según se desprende de la exposición de motivos, y agrega que esta situación genera dificultades para la ejecución presupuestaria en contextos de emergencia”, refieren los proyectistas.
La modificación planteada por los legislares establece “facultar a la cartera de Justicia a gestionar recursos presupuestarios específicos, permitir su aplicación a infraestructura, tecnología, alimentación, recursos humanos y logística, abarcar otras erogaciones indispensables para atender necesidades impostergables”.