A días nada más de cumplirse un año de la llegada del coronavirus a nuestro país y de haberse decretado la estricta y rigurosa cuarentena total, llegó el estallido social. Esta situación en un principio no se esperaba, pero conforme fue pasando el tiempo se volvió irremediable a consecuencia de las múltiples y diversas falencias por parte del Gobierno actual.

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A pesar de estar en plena pandemia, una cuestión que obligó a todos a parar y quedarse en la casa, muchos servidores del Estado se aprovecharon de ella para beneficios propios. A pocas semanas del principio de la crisis epidemiológica esto empezó a salir a la luz al descubrirse graves hechos de corrupción en el manejo de los recursos.

A pesar del titánico préstamo de US$ 1.600 de dólares al que accedió el Gobierno con el objetivo de adquirir insumos, medicamentos, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria del país, se obtuvieron pésimos resultados, ya que poco o nada se ha logrado.

El sistema sanitario se encuentra en terapia intensiva, con hospitales llenos y varios fallecidos en su haber, lo que llevó a cuestionar: “Las autoridades sanitarias ¿deberían renunciar a sus cargos?”. El 86% dijo que “El problema es del Gobierno en general, no son los únicos culpables”, mientras que el 8% manifestó que “Sí, la situación sanitaria amerita” y 6% restante indicó “Hay que darles una oportunidad, no todo fue malo”.

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Aunque ayer el entonces ministro de Salud afirmaba que no daría un paso al costado, en la jornada de hoy sorprendió a todos con su renuncia al cargo. Probablemente la causa haya sido la fuerte presión ciudadana, que se autoconvocó en las inmediaciones del centro capitalino para manifestarse contra la inacción del presidente Mario Abdo Benítez y todo su gabinete.

Llegó el momento que tanto se temía, la crítica situación sanitaria, el sistema de salud se encuentra colapsado al 100% en todo el país. Sin medicamentos, sin camas, sin insumos ni infraestructuras y sumado a eso la falta de personal de blanco.

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La crisis epidemiológica está en su punto más alto y Paraguay, sin ningún tipo de recursos. Como consecuencia ha ocasionado la muerte a varias personas contagiadas por el COVID-19, lo que resulta sumamente agobiante y por demás triste para toda la ciudadanía.

Hace 12 meses, en marzo del 2020, al llegar el coronavirus el Gobierno ordenó una estricta cuarentena mientras accedía a un préstamo de US$ 1.600 millones para emprender la lucha contra la virus. Pasó un año y esto es una catástrofe a causa de la incompetencia de las autoridades pertinentes y el altísimo grado de corrupción en plena pandemia.

Teniendo en cuenta la crisis sanitaria y quien está como encargado de la Salud Pública de nuestro país, pusimos a consideración de los lectores: Si tuvieras que calificar la gestión de Julio Mazzoleni, ¿Qué nota le pondrías? El 77% votó por “Aplazada”, mientras que el “10%” indicó “Mala”, el siguiente 8% señaló “Buena” y solo para un 5% es “Excelente”.

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Esta mañana también la Cámara de Senadores aplazó al secretario de Estado, pues solicitó la renuncia de él, de su viceministro de Salud, Julio Rolón y del director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera. No obstante, el titular de la cartera de Estado manifestó esta noche: “No voy a aceptar el pedido del Poder Legislativo” durante una conferencia de prensa semanal.

En la jornada de ayer, tras el reajuste del costo del combustible y con la implementación del billetaje electrónico, Cesar Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), anunció el paro del servicio de transporte público por 48 horas desde el lunes 8 de marzo. También argumentó que quedó comprobado que las unidades solo transportaban el 50% por ciento de pasajeros por día respecto a lo declarado, teniendo en cuenta que la estimación era el doble inicialmente.

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Ante dicha situación, un grupo de ciudadanos convocaron a una manifestación para reclamar contra la medida tomada por los empresarios y la inacción por parte del Gobierno. En la tarde-noche de hoy llegaron hasta la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como repudio a los hechos acontecidos en las últimas horas.

“Transportistas piden aumento del pasaje y amenazan con paro general. ¿Considera un reclamo justo?”, fue la consulta que realizamos a nuestros lectores el día de hoy. El 81% indicó “Si sube el pasaje, no deberían tener subsidio” y el 18% cree que “No, estamos en pandemia, el país está en crisis”; mientras que la opción “Sí, no pueden trabajar a pérdida” no tuvo votos.

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Por su parte, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, expresó que el Equipo Económico Nacional estaría analizando si el Estado, a través de un subsidio, absorbe la suba del pasaje del transporte público para no golpear la economía de los usuarios. También destacó que agotarán todas las instancias necesarias para evitar la interrupción del servicio a los usuarios del transporte público de pasajeros.