A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.

Este martes, la Policía Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad brasileña que serían sindicadas como miembros del Primer Comando Capital (PCC), en el departamento de Alto Paraná. Uno de los detenidos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico.

Según el reporte policial, la captura de estas personas se registró en plena vía pública, específicamente en la zona de Puerto Itavera, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. Ambos sujetos estaban circulando sin documentos de identidad y proporcionaron sus datos, uno de ellos no correspondía.

Se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza, ambos brasileños. De inmediato se comunicó el caso a la División del Comando Tripartito, para procesar y cotejar sus identidades con las autoridades de Brasil. Uno de ellos tenía varios tatuajes que serían similares a los que acostumbran a tener los integrantes del PCC.

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El comisario Fabio Santacruz, del comando tripartito, confirmó que el hombre que se presentó como Fernando, en realidad era Anderson Cleiton da Silva, que tiene orden de captura en su país por hechos relacionados al narcotráfico. En tanto que, Samuel Barboza dio su nombre real y no cuenta con antecedentes criminales.

Del poder de los detenidos se incautaron dos teléfonos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas negras con prendas de vestir. Se presume que ingresaron al país hace 15 días y que esperaban el momento oportuno para cruzar ilegalmente por el río Paraná para evadir los controles fronterizos.

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El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.

“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.

Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.

“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.

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Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.

Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.

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Bolivia lanzó el jueves, en la ciudad de Guayaramerín que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio, ante la expansión de grupos criminales brasileños. Según las autoridades, las bandas armadas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se disputan violentamente el control de corredores para traficar cocaína, lo que ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes de Bolivia.

El gobierno les atribuye una serie de 10 asesinatos perpetrados por sicarios en las últimas semanas, algo inusual en el país de 11,3 millones de habitantes. El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento que el Ministerio de Gobierno boliviano compartió con la AFP.

También incluye un “intercambio táctico de inteligencia” con la Policía Federal de Brasil y cooperación recíproca para capturar a criminales que crucen las fronteras. Se debe “fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades (...) estén más seguras”, dijo durante el lanzamiento del plan el presidente centroderechista Rodrigo Paz, en la pequeña ciudad fronteriza de Guayaramerín, en la región Beni (norte).

El Ministerio de Gobierno considera que Guayaramerín, que vive del comercio con Brasil, es junto con otros poblados una especie de “refugio” de grupos criminales, donde compran inmuebles y asientan a sus miembros. El mandatario también aseguró que impulsaría una cooperación similar con sus otros países vecinos.

Según datos del gobierno, desde que Paz asumió el poder en noviembre se capturaron y expulsaron del país 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según la ONU. Comparte con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros.

Fuente: AFP.