La fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación por acoso sexual en la popular cadena televisiva Caracol, un caso que hizo eco en otros medios y destapó un “Me Too” en el periodismo colombiano. Caracol anunció el mismo día la salida de dos periodistas y presentadores de su noticiero denunciados por presunto acoso sexual. Se trata del principal conductor de la edición nocturna del noticiero con más rating del país, Jorge Alfredo Vargas, y el subdirector y reconocido reportero de deportes, Ricardo Orrego.

Con el escándalo, decenas de mujeres que trabajaron en ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria. Más de cien mujeres periodistas señalaron en una carta al director del sistema de medios públicos, Hollman Morris, de intimidar a la activista por los derechos humanos Lina Castillo, que lo denunció en redes sociales por abuso sexual en 2019, cuando el político era concejal de Bogotá.

Morris, que conforma el círculo de confianza del presidente izquierdista Gustavo Petro, acusó a la mujer ante la justicia por supuesta injuria y calumnia, en un proceso que la fiscalía comenzó a investigar en 2023. El ente acusador informó que asignará a una nueva fiscal especializada en género para tratar este caso en el que Morris aparece como víctima.

Las denuncias generaron una ola de comentarios en las redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que se volvieron virales. Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha conseguido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.

Decenas de periodistas colombianas han denunciado en los últimos días casos de abuso sexual por parte de compañeros y jefes de trabajo, un movimiento que se hizo viral en redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. El viernes pasado, la famosa cadena Caracol anunció la activación de “protocolos legales” contra dos de sus periodistas y presentadores de su noticiero por presunto acoso sexual. Tras el anuncio, decenas de mujeres de ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria.

Una carta, firmada por más de 40 mujeres periodistas, también señala al director del canal público RTVC, Hollman Morris, por intimidar a una periodista que lo denunció por abuso sexual en 2019. Miles de mujeres se solidarizaron con las víctimas con mensajes de apoyo en redes sociales.

“Quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal”, denunció en X Juanita Gómez, periodista de la revista Semana que trabajó para Noticias Caracol, sobre una agresión de la que fue víctima en 2015.

Se ha creado un correo electrónico para recibir denuncias de forma confidencial y segura para las víctimas. “Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor”, dijo el domingo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a la emisora Blu Radio en medio del escándalo.

El grueso de las acusaciones también incluye omisión y encubrimiento a los agresores por parte de otros trabajadores. “Muchos conocen quiénes son. En el mismo canal, desde abajo hasta arriba, saben lo que esos y otros personajes han hecho a varias mujeres”, dijo en X Mónica Rodríguez, expresentadora de un programa de variedades emitido por Caracol.

El canal no ha hecho públicos los nombres de los denunciados, aunque circulan versiones en redes sociales. Colombia cuenta con un fuerte movimiento feminista por los derechos de las mujeres, que luchó y logró la despenalización del aborto en 2022.

Fuente: AFP.

La violencia perpetrada por bandas y los ataques contra ellas en Haití causaron más de 5.500 muertos entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ayer martes en un informe. Haití, el país más empobrecido de América, está afectado desde hace años por la violencia pandillera, unas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

"Haití sigue enfrentando los niveles alarmantes de violencia pandillera, que afectan al ejercicio de los derechos humanos" recoge el informe, que destaca que en esa violencia están implicadas tanto las fuerzas de seguridad como empresas de seguridad privadas y grupos de autodefensa. Según datos verificados por el alto comisionado, “al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026”.

Pero gran parte de esas muertes se produjeron después de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas. Esas operaciones causaron al menos 3.497 muertos y 1.742 heridos en ese periodo, señala el alto comisionado. En tanto, la violencia perpetrada por las bandas causó al menos 1.424 muertos y 790 heridos.

“Es esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando al mismo tiempo plenamente los derechos humanos”, pidió en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Según el informe, los ataques realizados por grupos de autodefensa contra las bandas causaron al menos 598 muertos y 76 heridos.

Las pandillas, que controlan casi la totalidad del territorio de la capital Puerto Príncipe, “ampliaron su influencia más allá de la capital” en los últimos 12 meses, principalmente en la periferia y hacia el norte, indica el informe. El reporte documenta también casos de uso “excesivo o desproporcionado” de la fuerza por la policía. Según sus registros, se dieron 196 casos de ejecuciones sumarias de personas sospechosas de pertenecer a bandas o apoyarlas.

Desde marzo de 2025, una empresa militar privada, “al parecer contratada por el gobierno haitiano”, participa también en operaciones con ataques con drones y disparos desde helicópteros, agrega el documento. El informe precisa también los actos de violencia perpetrados por grupos de autodefensa y multitudes que aplican la “justicia popular” linchando a personas sospechosas de pertenecer a bandas.

Fuente: AFP.

Ecuador inicia este domingo en la noche un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia.

Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.

Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una “ofensiva muy fuerte” con “asesoramiento” de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg.

Unos 30.000 militares fuertemente armados participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes difundidas por las autoridades.

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El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa. A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23:00 locales (4:00 GMT) y 5:00 (10:00 GMT).

“Estamos en una guerra”, dijo Reimberg: “No se arriesguen, no salgan, quédense en casa”, añadió. Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.

Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias. La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos.

Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral.“Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo”, dice a la AFP esta madre de dos niños.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de “Escudo de las Américas”.

Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.

Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación. El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina del FBI en Ecuador.

La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.

Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023.

El toque de queda “será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos”, dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.

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Quienes incumplan la medida se exponen a penas de hasta tres años de prisión. Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa. Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano y un bastión narco.

Fuente: AFP

La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.