En una conversación con medios de prensa, el exintendente de Ciudad del Este y acusado en los estrados judiciales, Miguel Prieto, se comparó al fiscal Marcelo Pecci, lo que causó mucha indignación, principalmente en el ámbito fiscal. Prieto se refería al uso del chaleco de protección durante su evento político en Caacupé el último fin de semana y citó al agente fiscal asesinado en Colombia en el 2022.

El fiscal Silvio Corbeta lanzó duras críticas sobre esas declaraciones, calificando de repugnante el intento de compararse con un hombre que luchó contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Refirió que no existe un punto de comparación con una autoridad como lo fue Marcelo Pecci para la sociedad, con una persona procesada y enfrentando un juicio por supuestos hechos de corrupción.

“Me llamó poderosamente la atención, incluso me generó cierta molestia. Esa es una situación que para mí es totalmente fuera de lugar, porque me pasaron videos donde él habla de esta persona que contribuyó a la Justicia, contribuyó a desarticular un montón de organizaciones de tráfico y organizaciones criminales, perjudicó a mucha gente que estaba metida”, lamentó durante una entrevista al medio El Observador.

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Agregó que “el hecho de hacer comparaciones, de utilizar la muerte de un excolega que dio su vida por nuestro territorio, por nuestro país, que finalmente eso le costó un precio muy alto, muy caro, a su familia y a la sociedad, incluso a nosotros como agentes fiscales, me parece totalmente desatinado y totalmente fuera del lugar”.

Cuestionó además que con estos dichos, Prieto utilice el nombre de Pecci en una cuestión política. “Una cuestión es la jurídica, que es una cuestión que nosotros estamos debatiendo, otra es la política, que es permanentemente objeto de fundamento de esta persona, y otra cosa es referirse a un colega y utilizar eso a favor como para decir que se encuentra en una situación similar”, criticó Corbeta.

El fiscal no se guardó la indignación y rechazó a la postura y declaraciones del exintendente. “Para mí eso es algo totalmente deleznable, totalmente repugnante en lo personal y utilizar la memoria de una persona que dio básicamente su vida por el país, puso en riesgo su vida y le costó su vida”, apuntó.

También instó a sus colegas expresarse y resguardar la memoria de Marcelo Pecci. “Me parece una falta de respeto a sus familiares y espero que eventualmente la asociación de fiscales decida respecto a esas declaraciones totalmente inoportunas de esta persona que cree que está en una situación de igualdad del finado Marcelo Pecci, que es una persona que sí luchó contra la corrupción, contra el crimen organizado y que es una persona ejemplar dentro de la institución que nosotros tenemos”, sentenció.

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Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) capturaron hoy en el barrio San Roque de la ciudad de San Lorenzo a Líder Rubén Valverde Portillo (54), señalado como presunto articulador del microtráfico en Marquetalia.

En el marco de la operación Bastión, lo sorprendieron durmiendo, con un arma cargada y casi 8.000 dosis de cocaína y crack ocultas en su vivienda.

El procedimiento llevado a cabo permitió incautar 1,885 kilogramos de cocaína y 600 gramos de crack, además de un arma de fuego y dinero en efectivo. Según los intervinientes, la droga representaría casi 8.000 dosis listas para su distribución. La estructura no funcionaba como un único punto de venta.

La investigación, desarrollada por la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, bajo la coordinación del fiscal Abg. Rodrigo Espínola, permitió identificar movimientos destinados a recuperar el control de antiguos territorios y reactivar focos de venta de drogas.

No es la primera vez que Valverde Portillo aparece en la mira de la Senad. Ya había sido detenido en 2014 por un caso relacionado con tráfico de drogas.

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El hombre, según la investigación realizada por los agentes especiales, buscaba recuperar el control de antiguos territorios de distribución en la zona.

Sin embargo, los antidrogas lo encontraron en su vivienda, donde además hallaron un arma de fuego cargada y una importante cantidad de estupefacientes.

La droga era presuntamente distribuida mediante intermediarios y distintos focos, principalmente en Marquetalia, desde donde podía desplazarse hacia otros sectores del departamento Central.

Este mecanismo genera un verdadero “efecto derrame”: un centro de distribución alimenta nuevos puntos de venta, amplía el territorio de acción y multiplica la circulación de drogas en los barrios. Doce años después, volvió a quedar bajo custodia.

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En el marco de la operación JEOG, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través de la Dirección de Registro y Fiscalización, en coordinación con la Fiscalía, ejecutan tres allanamientos simultáneos en la zona del Mercado 4 de Asunción.

De acuerdo con el reporte de la Senad, el procedimiento tiene como principal objetivo desarticular un presunto esquema de comercialización irregular de medicamentos controlados y productos de contrabando, que tendría como puntos de distribución dos establecimientos ubicados en el corazón del populoso centro comercial capitalino.

Las intervenciones se desarrollan en las farmacias El Amigo 1 y El Amigo 2 e incluyen una vivienda vinculada a un ciudadano de nacionalidad oriental identificado como Won Hon Hwang, quien es sindicado como propietario de los establecimientos y principal objetivo de la investigación.

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Según se informó, el ciudadano oriental hasta el momento no fue localizado. En la intervención en la vivienda, los agentes constataron la existencia de un sótano utilizado aparentemente como lugar de acopio, donde fue encontrada una importante cantidad de medicamentos de diferentes tipos.

Los productos encontrados serán sometidos a verificación documental y técnica para determinar su procedencia, condición legal y si se encontraban debidamente declarados y registrados ante las autoridades competentes.

Las intervenciones del personal de la Dirección de Registro y Fiscalización de la Senad siguen en curso y se desarrollan con acompañamiento del fiscal Juan Sandoval.

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El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Miguel Prieto está integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

El exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto se encuentra finalmente en el banquillo de los acusados, enfrentando un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales. El inicio de este juicio oral y público, enmarcado en el escanda­loso caso conocido como “Tía Chela”, representa un paso crucial para la Fiscalía, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del este.

El Tribunal de Sentencia —conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— ya declaró abierta la audiencia. En la aper­tura del debate, el Ministe­rio Público golpeó primero al presentar un incidente de inclusión probatoria clave: la declaración testimonial de Agustín Encina, director de Contrataciones Públicas. Encina es considerado un tes­tigo experto calificado para sepultar la estrategia de la defensa y responder sobre las irregularidades de las notas presentadas en el proceso de licitación.

La Fiscalía también aco­rraló al exintendente solicitando un informe definitivo a la Contraloría General de la República (CGR). Este docu­mento busca determinar si la nota recibida por Prieto fue manipulada o analizada deliberadamente cuando el órgano de control emitió el dictamen técnico n.° 44/2021. Cabe recordar que dicho informe de la Contraloría ya concluyó de forma contun­dente que la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión de Prieto, operó de manera dirigida para favorecer la adju­dicación del contrato de kits de alimentos por vía de la excep­ción (n.° 3/2020) a la empresa “Tía Chela”.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez, quienes sostienen la acu­sación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero. Asi­mismo, la estructura delic­tiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Flo­rentín Páez. El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emer­gencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.

La defensa de Miguel Prieto soli­citó al tribunal de sentencia que declaren 56 testigos. El pedido lo hizo como incidente de inclu­sión probatoria. Esta misma solicitud ya se había rechazado en la audiencia preliminar por lo que debería de correr la misma suerte. La audiencia oral pro­sigue el próximo lunes 7 de setiembre donde el Ministe­rio Público tendrá que contes­tar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y otros acusados.

La Fiscalía pidió la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas. El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributa­rios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimen­tos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

Varios excolaboradores de Prieto impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal.

“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contralo­ría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse el primer juicio oral y público contra el exintendente desti­tuido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patri­monial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pande­mia, en el año 2020.

“Con el inicio de este jui­cio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no guberna­mental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en inves­tigación.

En el caso Tía Chela, el pro­ceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vul­nerables durante la pande­mia del covid-19, en una pre­sunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.

“Es muy lenta la justi­cia, pero seguimos denun­ciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a tra­vés del Ministerio Público. A pesar de que todo el pro­ceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refi­rió Montiel.