Billetaje electrónico: Sedeco abrió sumario a firmas proveedoras de tarjetas
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La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) inició un sumario contra las empresas EPAS SA y TDP SA, proveedoras de las tarjetas para el sistema del billetaje electrónico, ante el faltante excesivo que da lugar a la serie de reventas y escasez de puntos de recarga.
Así lo informó el titular de la Sedeco, Marcelo Estigarribia, en contacto con la 650 AM esta mañana, al explicar el alcance de la penalización y cómo los usuarios pueden realizar sus denuncias.
Las tarjetas siguen faltando en el mercado y las proveedoras no cuentan con la cantidad necesaria. Foto: Gentileza.
“Hemos iniciado un sumario administrativo a las empresas que venden tarjetas, a fin de dar también un informe de la situación con respecto a eso, ya que tenemos un marco legal que nos permite sancionar de 10 a 20 jornales a las proveedoras que incumplen las normas”, expresó.
Señaló que conforme se fue dando la serie de casos, vienen trabajando en el marco de la protección y de los usuarios, a fin de garantizar que los mismos tengan a su disposición las tarjetas, así como los puntos de recarga. En ese sentido, el titular de la Sedeco indicó que están analizando suspender los servicios temporalmente, a raíz de que las tarjetas siguen faltando en el mercado y las proveedoras no cuentan con la cantidad necesaria que se demanda.
Estigarribia precisó que los consumidores pueden realizar presencialmente sus denuncias en las oficinas de la Sedeco, con dirección en Cap. Pedro Villamayor y Tte. Teófilo del Puerto, Asunción, así como a los teléfonos (0800) 118′899 y (021) 52 44 55, vía correo electrónico: reclamos@sedeco.gov.py, o bien de manera responsable por las redes sociales: Twitter: @sedecopy https://twitter.com/sedecopy, Facebook: Sedeco Paraguay https://www.facebook.com/sedecopy.
Una vez recibidas las denuncias formales, personal correspondiente de la Sedeco se encarga de realizar las fiscalizaciones, pero alegó que también se guían por los reportes que reciben por redes sociales o las llamadas telefónicas que brindan información precisa.
Vía celular la denunciante logró captar al grupo de al menos 10 hombres que se trasladaba en el bus ingiriendo bebidas alcohólicas e incluso llegaron a pelear entre sí. Foto: Captura de pantalla.
Denuncian a empresa de transporte que permitió ebrios sin tapabocas camino a Itapúa
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La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) inició sumario y presentará denuncia ante la Fiscalía contra la empresa de larga distancia Beato Roque González S.R.L., debido a que el chofer permitió la presencia de un grupo de personas con bebidas alcohólicas en una de sus unidades con destino a Encarnación, Itapúa.
Esta denuncia se da por supuestas infracciones previstas en la Ley N° 1590/2000 y en el protocolo sanitario para evitar contagios del COVID-19 para el transporte público de pasajeros. La máxima sanción es una multa de G. 16.868.000.
La Dinatran recibió la queja de una de las usuarias de la empresa quien abordó el coche N° 290 en la ciudad de Edelira 28, Itapúa, ayer martes 22 de diciembre a las 18:45 aproximadamente y el conductor del colectivo permitió a otros pasajeros la compra e ingesta de bebidas alcohólicas dentro del bus que estaba en línea.
“Fui a sentarme en el último asiento, como estoy embarazada preferí estar cerca del baño. Donde yo estaba ubicada había una bolsita de latitas de cervezas y por lo que conté eran 10 hombres los que viajaban juntos y venían de Ciudad del Este”, expresó la denunciante, cuya identidad fue salvaguardada.
El director de la Dinatran, Juan José Vidal, recibió de manera personal la denuncia por parte de la mujer quien relató que además uno de los pasajeros en cuestión la acosó al sentarse a su lado, hostigándola con preguntas fuera de lugar.
El hecho quedó registrado a través del teléfono celular de la joven que también acercó la grabación a Vidal. “Ni falta hace decirles que todos sin tapabocas empezaron a discutir entre ellos, casi se pegaron encima mío, yo también estaba con mi hijo de 5 años”, afirmó la denunciante.
Por su parte, Vidal señaló que sus funcionarios se encuentran en 22 puestos de control en rutas de todo el país; sin embargo no lograron detectar este hecho en el momento. Pidió a los transportistas que respeten la cantidad de pasajeros y que insten a que cumplan las medidas sanitarias. En caso de observar el incumplimiento pidió denunciar en redes sociales de la Dinatran o al 0984-764200.
“Acá no vamos a tolerar ningún exabrupto de nadie, sea quien sea, usuario o empresario de transporte. Este caso particular, se puso en riesgo la salud de varias personas y los choferes guardas y los dueños de los colectivos tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento del protocolo sanitario”, señaló la mujer.
Los responsables de la empresa ya fueron notificados y de comprobarse esta situación, la firma Beato Roque González SRL, se expone a una multa de entre 5 y 200 jornales mínimos o la suspensión definitiva de su línea en caso de ser reincidente, según el inciso “b” del artículo 13 de la Ley N° 6699 del 22 de diciembre del 2020.
“De comprobarse la supuesta infracción, todos los antecedentes vamos a remitir al Ministerio Público, así como nos obliga la ley. Instamos a los pasajeros a que denuncien los excesos de cobro de pasajes, exijamos que no haya aglomeración”, afirmó Vidal.
Uno de los afectados sostiene que el acto administrativo se realizó porque obraron en concordancia con el reglamento y atribuyó la situación a una persecución política. Foto: Gentileza.
Por cumplir reglamento sumarian a docentes de la UNA: afectados denuncian persecución
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Un grupo de profesores fue sumariado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por supuestamente no haber beneficiado a un “amigo de la casa” para un cargo de profesor asistente en el marco de un concurso público, según una denuncia. Uno de los afectados sostiene que el acto administrativo se realizó porque obraron en concordancia con el reglamento y atribuyó la situación a una persecución política.
En conversación con La Nación, el abogado Alberto Poletti, en representación de uno de los tres docentes afectados, comentó que estos profesores fueron integrantes de una mesa examinadora en el marco de un concurso para profesor asistente. Se presentaron dos personas; una profesional odontóloga egresada en el 2016 y otro profesional graduado en el 2018, quien sería el beneficiado del Decanato de la facultad, según indicó.
Esta mesa examinadora, luego de analizar las carpetas, seleccionó a la profesional egresada en el 2016 por tener mayor trayectoria y más de dos años de pasantía en la casa de estudios, lo que condice con el reglamento de la universidad. El segundo candidato, quien solo tenía un año de pasante, protestó por esta decisión y desde la casa de estudios dieron trámite favorable al pedido, por lo que se formó otra mesa examinadora con otros docentes, la cual terminó por seleccionar al protestante.
“Dijeron que el egresado del 2018 tiene más méritos que la otra profesional. Consideraron además un supuesto posgrado hecho por un curso de profesionales. Tendrá mucho valor formativo, pero no está reconocido por el Cones y la Aneaes. Además, uno no puede tener un posgrado en el mismo año que fue egresado. Además, surge la coincidencia de que cuando esta chica egresada del 2016 fue seleccionada le dijeron que no tenían fondos para el cargo y ahora sí aparecen los fondos”, expresó el profesional en leyes.
En ese contexto, el denunciante indicó que la facultad abrió un sumario administrativo a profesores por haber hecho bien su trabajo. “Ellos dictaminaron con base en el conocimiento y con base en que no se le puede hacer ganador a una persona que no tiene requisitos suficientes”, dijo.
Por otra parte, reveló que el Senado de la Nación ya solicitó un informe a la facultad sobre dicha situación a través del Sistema de Información Legislativa (SILpy), mediante el senador Antonio Barrios. “Que la universidad tenga autonomía no crea la impunidad, más en un concurso público. Se peticionó además la intervención del Consejo Superior Universitario. Estos docentes fueron sumariados gratuitamente”, agregó.
El abogado pidió que se tomen medidas a nivel Consejo Universitario y a nivel de la Universidad, ya que no se tuvo en cuenta el argumento jurídico de los docentes. Sobre el origen de la apertura del sumario y de la elección de un candidato que supuestamente no reúne los requisitos, Poletti indicó que respondería a un beneficio que se le busca otorgar desde la casa de estudios por cuestiones electorales del año que viene.
Proyecto de resolución que pide información desde el Senado a la Facultad. Foto: Gentileza.
En entrevista con uno de los docentes afectados, el Dr. Eduardo Poletti, mencionó que él y sus otros dos compañeros son víctimas de un esquema de persecución. Indicó que desde el Decanato se busca truncar su carrera al Consejo de Administración, razón por la que se armó este esquema para poner a la facultad en su contra.
“Lo que ocurre aquí es una vergüenza, es una persecución. El trasfondo es político. El Decanato le usa a este tipo para joderle a los profesores. Le meten a una pasante para que supuestamente entre como nombrada y le hacen ganar a otro. Y ahí se arma una guerra entre los graduados, estudiantes, quienes piden sumario”, aseveró.
El profesional odontólogo argumentó que sostuvieron su decisión de elegir a la chica porque tenía 3 años de pasante en la facultad, siendo que el reglamento exige como mínimo 2 años, requisito que no cumplía el egresado en el 2018 por tener solo un año de pasante, además de un título de posgrado que carecía de valor.
“Entretelones nos quieren apartar a los profesores César Román, Ezequiel Gómez y a mí de la carrera. Todos los profesores dijeron que se manejó todo mal. En la sesiones del Consejo manipularon las cuestiones. Esto no debía llegar a este punto. Se nota que es una persecución”, mencionó.
Documento que instruye el sumario utilizado como persecución política, según los denunciantes. Foto: Gentileza.
Separan a dos policías acusados de plantar droga en vehículo
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La Comandancia de la Policía Nacional ordenó separar a dos policías acusados de plantar droga en el vehículo de un automovilista. El incidente fue filmado y viralizado en redes sociales. Ambos prestaban servicio en la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora.
Asuntos Internos de la Policía Nacional inició el sumario de los involucrados que fueron filmados durante un procedimiento irregular ocurrido sobre las calles Usher Ríos casi Andrés Barbero, en Zona Sur de Fernando de la Mora.
Se trata del oficial Guillermo Torres y suboficial José Monges. Además, se dispuso el cambio de comisario de esta dependencia policial “para mejor servicio” debido a los años que cumplió al frente de la comisaría.
“Con el caso que salió en las redes sociales y otros medios de comunicación, los personales ya fueron separados y sumariados a cargo de Asuntos Internos. Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia. Igual se tomó intervención para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades”, expresó el suboficial Héctor Galeano en contacto con 1020 AM.
El automovilista fue identificado como Gustavo Ariel Benítez, de 23 años, que se encontraba con otro joven de nombre Héctor Vera. Ambos estaban en el vehículo al momento de la verificación de parte de los policías iniciando una discusión y posterior forcejeo con personal policial.
En el medio del tumulto, los policías habrían arrojado una bolsita con cocaína al vehículo, según los propios vecinos, que filmaron el momento en que el joven era detenido y denunciaron a los agentes. El conductor fue liberado luego de constatar que no contaba con antecedentes ni cometió hecho punible.
El caso salió a la luz tras la viralización de un video en las redes sociales y medios de comunicación; sin embargo, hasta el momento no existe una denuncia formal sobre el incidente, que fue muy comentado por internautas.
Policías de la Comisaría 2da. de Fernando de la Mora habrían plantado supuestamente droga en el vehículo de un joven. Vecinos grabaron el hecho.#650AM 📻 pic.twitter.com/biqwFmmyTv