El abogado laboralista Jorge Rivas Careaga, destacó los principales avances de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que entró en vigencia este 16 de julio último y que tiene como objetivo promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.

“Siempre los cambios generan inquietudes y eso es absolutamente natural. Teníamos una ley que estuvo vigente 25 años, entonces, por supuesto, cualquier modificación genera temores, expectativas. Esta ley 7445, fundamentalmente lo que hace en conjunto es recoger todas las experiencias de la función pública durante los años de vigencia de la ley 1626, aprender de esas experiencias, corregir los errores y mejorar la anterior normativa”, indicó Rivas en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Esta es una norma reguladora que yo considero, no un paso, sino un salto para adelante, con garrocha, si se quiere, por la virtud de haber recogido todo lo que se tenía con la ley anterior. Muchas disposiciones, doctrinas de los tribunales que ya estaban vigente en materia administrativa también fueron recogidas”, acotó Rivas.

La 7445/2025 estipula reglas claras para la gestión del talento humano en el sector público, incorporando por primera vez una Carrera del Servicio Civil y un sistema para directivos públicos, con estándares más rigurosos y perfiles diferenciados para cargos técnicos y profesionales.

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Se aplica a todas las instituciones públicas, incluidas aquellas con autonomía constitucional, reconociéndoles la facultad de reglamentar internamente la aplicación de los principios generales establecidos por la ley. De esta manera, se supera el vacío legal dejado por la 1626/2000, que durante su vigencia fue objeto de varias acciones de inconstitucionalidad por pretender imponer una rectoría centralizada desde el Ejecutivo.

La norma también agrega un sistema para directivos públicos, eleva los estándares para asesores institucionales al exigir experiencia comprobada, y establece perfiles diferenciados para los cargos técnicos y profesionales.

“Yo soy un férreo defensor del derecho a peticionar a las autoridades, no podemos vivir en una República democrática si no podemos peticionar. Si la gente cree y entiende que hay derechos laborales en peligro de ser vulnerados tiene todo el derecho y la obligación de expresar sus disconformidades y salir en defensa de lo que cree que es justo. Yo, haciendo un análisis técnico, me parece que no hay de ninguna manera una vulneración de la autonomía constitucional”, dijo.

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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia desde este miércoles 16 de julio, según lo que establece su artículo 146. La institución está realizando unas cuantas consideraciones respecto a la autoridad de aplicación, carreras especiales y lineamientos de implementación.

Mediante un comunicado, emitido este lunes, se menciona que la cartera estatal será la autoridad de aplicación en materia de función pública y del servicio civil para el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar claridad y seguridad jurídica en el proceso de implementación de la ley.

Se detalla que la normativa abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía de conforme a la Constitución Nacional, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, universidades nacionales y municipalidades, entre otras.

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Señala que cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Así también, reconoce la vigencia de las carreras especiales como ser la judicial, la diplomática y consular, la docencia en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras, que se regirán por sus propias normas.

Añade que para las instituciones que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.

La entrada de vigencia de esta ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingresos a la función pública realizados bajo las normativas de la ley 200/1970 o la ley 1626/2000. Agrega que la reglamentación establecerá los lineamientos para procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratos), traslados temporales (comisionamientos), y definitivos.

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Tras tomar conocimiento sobre la próxima vigencia de la ley, una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este lunes frente a la sede del Poder Judicial como medida de rechazo. Los manifestantes reclaman que se declare inconstitucional esta legislación que modificará contratos colectivos de trabajo del personal municipal.

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la apertura de un proceso de consulta pública para dos propuestas normativas clave: la Estrategia de Reducción de Fraudes para Puntos Finales del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) y su correspondiente Norma de Monitoreo.

Esta iniciativa, alineada con las mejores prácticas internacionales del Banco de Pagos Internacionales (BIS), busca fortalecer de manera proactiva la seguridad del ecosistema de pagos nacional frente a la creciente sofisticación de los fraudes financieros.

La estrategia propuesta establece un marco de cumplimiento obligatorio para todas las entidades participantes del SIPAP (bancos, financieras, cooperativas, etc.), con un foco específico en las operaciones del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) y el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). Su objetivo es minimizar la probabilidad de fraudes en las transferencias de fondos mediante la adopción de lineamientos estratégicos en prevención, detección y respuesta.

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Para asegurar su efectiva implementación, la Norma de Monitoreo define el marco operativo, estableciendo los roles, responsabilidades y la metodología de supervisión que el BCP aplicará. Este enfoque busca no solo mitigar los riesgos, sino también fomentar una cultura de seguridad, colaboración y mejora continua en todo el ecosistema.

El objetivo final es construir una defensa colectiva más robusta, reforzando así la confianza y la estabilidad del sistema financiero nacional.

El BCP invita a todas las entidades participantes del SIPAP, asociaciones del sector y a la sociedad en general a revisar ambos proyectos normativos y a enviar sus comentarios, sugerencias y aportes. Los textos completos están disponibles para su descarga en: Estrategia de Reducción de Fraudes para Puntos Finales y Norma de Monitoreo.

Los comentarios lo pueden realizar en el siguiente formulario. El plazo para la recepción de comentarios finaliza el viernes 18 de julio de 2025.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este viernes su emblemática ley de presupuesto, coronando una ceremonia del Día de la Independencia en la Casa Blanca repleta de pompa y marcada por un desfile aéreo de bombarderos B-2, los aviones utilizados para atacar Irán.

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“Es un buen momento”, dijo, mientras firmaba el documento con un horrible marcador, rodeado de decenas de legisladores republicanos que se alinearon para apoyar su “Ley grande y hermosa”, como la bautizó.

“Entramos en la era dorada de Estados Unidos”, aseguró.

Esta ley consolida la agenda radical del segundo gobierno del mandatario republicano, pero generó resistencias en su propio partido, que fueron allanadas justo a tiempo el jueves para celebrar a lo grande este 4 de julio, aniversario de los 249 años de la independencia de la corona británica.

“No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la victoria fenomenal que logramos hace apenas unas horas”, dijo Trump en una mitin en Iowa el jueves, luego de que el Congreso aprobara el texto por estrecho margen.

La ley, que incluye nueva financiación masiva para la campaña de deportación de migrantes de Trump, subraya el dominio del magnate de 79 años sobre el Partido Republicano y la política estadounidense en general.

Sin embargo, su gobierno ha pasado por altas profundas preocupaciones en sus propias filas y de sus propios votantes sobre el aumento de la deuda nacional y el desmantelamiento del sistema de salud y de seguridad social.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, rechazó el viernes las críticas, afirmando que la ley hará “explotar el crecimiento” del país.

“Nadie va a perder su seguro de salud por esto”, dijo Hassett a Fox News, al rechazar análisis no partidistas que estiman que millones de estadounidenses pobres dejarán de tener cobertura médica bajo el programa Medicaid financiado por el gobierno.

Trump impulsó el megaproyecto de ley presupuestario a pesar de serias reticencias dentro del Partido Republicano, así como la oposición de su antiguo aliado, el multimillonario Elon Musk.

La iniciativa se aprobó por 218 a 214 votos en la Cámara de Representantes, después de que el presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, trabajó toda la noche para asegurar el apoyo de varios disidentes.

El paquete cumple muchas de las promesas de campaña de Trump: aumentar el gasto militar, financiar una campaña de deportación masiva de migrantes y destinar 4,5 billones de dólares para extender los recortes tributarios de su primer mandato (2017-2021).

La legislación completa una serie de grandes logros para Trump, incluyendo un fallo de la Corte Suprema la semana pasada que limitó el poder de jueces federales individuales para bloquear sus políticas, y los ataques aéreos estadounidenses que llevaron a un alto el fuego en el conflicto entre Israel e Irán.

Pero se espera que sume 3,4 billones de dólares en una década al déficit fiscal de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, reducirá el programa federal de asistencia alimentaria a la población vulnerable y forzará los mayores recortes al sistema de seguro de salud Medicaid para estadounidenses de bajos ingresos desde el lanzamiento del programa en la década de 1960.

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En virtud de la ley, hasta 17 millones de personas podrían perder su cobertura sanitaria, según algunas estimaciones, que también prevén el cierre de decenas de hospitales rurales.

Fuente: AFP