El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, destacó la suspensión de la marcha anual de la Federación Nacional Campesina (FNC), señalado que para ello se impulsó una política pública articulada y orientada a la atención directa a los productores. Por parte de la institución se procederá a la tarea de presentar un plan de una agricultura sostenible con el empleo de la tecnología.

“Un agricultor paraguayo debe contar con una economía que le permita impactar en su familia y en sus alrededores, porque tienen lo más importante que es la tierra”, comentó a la 920 AM, señalando que la desconvocatoria de la marcha respondió a las tareas en conjunto realizadas por las autoridades a través del Sistema MAG.

En ese sentido, dijo que se hizo un trabajo integral a fin de mejorar el volumen de productos y una mayor oferta, apoyando a los productores. Giménez añadió que el actual enfoque se basa en la coordinación de una mesa técnica que permite atender directamente los reclamos del sector campesino, garantizando que estos sean escuchados y acompañados de respuestas concretas.

“Hicimos que todos trabajen al unísono para impulsar el desarrollo del sector. Lo que más importa es el funcionamiento del sistema MAG para lograr una agricultura sostenible”, aseguró. Una de las prioridades será acercar tecnología e innovación al campo para mejorar la productividad y fortalecer las capacidades del pequeño productor.

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La estrategia del Gobierno se centrará en asistir directamente al pequeño agricultor, priorizando el apoyo técnico y el acceso al crédito. Asimismo, el nuevo modelo de gestión buscará evitar que los productores tengan que movilizarse hasta Asunción para ser escuchados, según indicó el titular del MAG. “Los campesinos venían a la capital porque no se atendían sus reclamos. Hoy el objetivo es atender al agricultor en su territorio, con acompañamiento permanente”, indicó.

El trabajo con los productores se desarrollará en cuatro ejes principales mediante la asistencia técnica, el acceso a financiamiento, la regularización y entrega de títulos de propiedad, y la apertura y el aseguramiento de mercados para la producción.

Por último, remarcó que la suspensión de la marcha anual de la FNC fue interpretada como una señal del fortalecimiento del diálogo entre el Gobierno y las organizaciones rurales, así como del impacto de las políticas públicas orientadas al desarrollo del sector, lo que impulsará a la construcción de un sector rural más competitivo y sostenible.

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Una violenta colisión entre un camión de gran porte y un vehículo, hecho ocurrido en la tarde de hoy martes en la ruta que une la ciudad de Altos con Loma Grande (departamento de Cordillera), dejó como saldo el fallecimiento de una joven docente.

La mujer fue identificada como Johana Carolina Acosta Rodríguez (28), de profesión docente y domiciliada en vida en el barrio Virgen del Rosario de la localidad cordillerana de Altos.

Intervinieron en el lugar, agentes de la comisaría 2a. de la mencionada ciudad, quienes están levantando datos y evidencias del siniestro.

Los intervinientes no pudieron aún determinar las causas del siniestro, aunque probablemente las condiciones climáticas del momento pudieron incidir para el accidente vial.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que durante la última feria de la agricultura familiar comercializaron aproximadamente 3.500 kilos de tomate en menos de tres horas, mostrando el potencial productivo y comercial del campo paraguayo.

La cartera agraria resaltó una exitosa jornada desarrollada en la Plaza Juan E. O’Leary de Asunción, reflejando así la alta demanda del producto y la buena aceptación de la producción nacional. Los pequeños productores lograron una recaudación superior a los G. 41 millones mediante la venta directa de alimentos frescos y sin intermediarios.

La actividad se realizó en el marco de la presentación del calendario de ferias y actividades previstas para el 2026 y permitió que productos provenientes directamente de las fincas lleguen a la mesa de los consumidores urbanos fortaleciendo el vínculo entre el productor y el mercado local.

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Esta dinámica permitió generar ingresos por G. 41.735.500, beneficiando de manera directa a 420 familias rurales organizadas en 16 asociaciones, provenientes de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Central y Cordillera.

“El volumen vendido en pocas horas evidenció no solo la capacidad productiva de las fincas familiares, sino también la eficiencia del esquema de comercialización directa”, indicaron desde el MAG.

Según la cartera, el fruto fue uno de los productos más demandados de la feria y se enmarca dentro del proyecto “Tomate todo el año”. La iniciativa busca garantizar la oferta sostenida de este rubro estratégico, mejorar la planificación productiva y reducir la dependencia de importaciones en determinadas épocas del año.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, aseguró esta semana al canal GEN/Nación Media que no se liberaría la importación de tomate, mientras se continúe contando con producción local que esté respaldando el mercado.

“Nosotros vamos a dar paso a la importación si no tenemos la capacidad de cubrir la demanda, pero estamos demostrando que sí tenemos, además, productos de calidad y variedad”, dijo Giménez en conversación con el canal GEN/Nación Media.

Según el MAG, actualmente el costo por caja del tomate está a G. 190.000, y mientras este se mantenga y no supere los G. 220.000 por caja, no se permitirá la importación, atendiendo a que los supermercadistas cuentan aún con márgenes de ganancias con los precios actuales a los cuales se está comercializando el producto en las góndolas.

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El gobierno del presidente San­tiago Peña está llevando a cabo la más ambiciosa reforma en el sec­tor rural que se conozca en la his­toria del país. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya se han otorgado hasta el año pasado más 11 mil títulos de tierra, beneficiando a miles de familias campesinas.

De los nuevos propietarios, casi el ochenta (80 %) por ciento corresponden a mujeres del campo. Por cierto, si alguien todavía tenía dudas de que el Gobierno realiza una correcta política de género de apoyo a las mujeres, pues ahora puede darse por enterado.

El método denominado Barrido Predial Masivo ha agilizado este notable proceso que bien puede ser calificado con un récord histórico en el país. Pero el presidente Peña quiere avanzar todavía más. Días atrás, afirmó que que remitirá al Congreso Nacio­nal un proyecto de ley para facilitar la titu­lación de tierras. El Gobierno está decidido a implementar aquella nueva legislación para alcanzar los cincuenta mil títulos.

Tiene razón el primer mandatario cuando dice que pese a los avances que se vienen dando en el tema que nos ocupa, toda­vía es preciso derribar barreras como las altas tasas de interés para la titulación y otros entuertos jurídicos y administra­tivos perjudiciales para los sectores más vulnerables.

Esta situación debe corregirse. Y la inicia­tiva legislativa del Ejecutivo está para eso. Derribar las barreras innecesarias e injus­tas por las que tienen que pasar los hombres y mujeres del campo junto con sus familias. Por consiguiente, es de estricta justicia eli­minar de raíz el vil requisito del pago previo del 3 por ciento del valor del inmueble para la titulación.

Resulta igualmente significativo mani­festar que nunca se hizo lo que se está haciendo en la actual administración del presidente Peña. La deuda social que recae injustamente sobre los campesinos está siendo saldada por la correcta y firme deci­sión de política pública. Esto no solo habrá de crear nuevos y buenos incentivos para la producción, la productividad en el campo, sino que también el empoderamiento del campesino-agricultor que desea ser parte de la nueva economía de extrema competi­tividad reduciendo el peso de tantos años de ignominia de los que menos tienen en nuestro país.

El acceso a la tierra no puede supeditarse a la sola tenencia de la misma, dado que ello significaría mantener el statu quo debido a la vigencia del derecho precario que per­mite el uso de la tierra sin contar con su plena disposición como propiedad privada.

Romper con esa larga agonía de nuestros compatriotas del campo implica pasar a otro estadio de relación con la tierra, donde vive, planta, extrae los alimentos y se edu­can las familias. Significa colocar las cosas en su lugar o lo que es lo mismo decir, esta­blecer el orden de la libertad y la propiedad porque la titulación crea el derecho para todos sin excepción de clases socioeconó­micos, repercutiendo favorablemente sobre la seguridad jurídica y el arraigo.

Esta medida no solo tiene consecuencias jurídicas y de arraigo como decíamos, sino también promueven la inclusión financiera, económica y la productividad, por cuanto que el propietario cuenta con un activo que le permite realizar las mejoras en su predio por medio del acceso a créditos impactando sobre el mejor uso productivo del suelo.

El campesino que labra la tierra sabe que cuando tiene su título en mano, él mismo decide por sí mismo y su familia por el pre­sente y su futuro; le otorga autonomía espe­cialmente ante cualquier político o buró­crata que intente de algún modo engañarle a cambio de canonjías y promesas vacías realizadas especialmente en épocas elec­torales.

Esto último no puede ser despreciado por ninguna persona de bien. Apoyar a nuestro prójimo dotándole de incentivos que antes no contaba no solo vuelve a la persona pro­ductiva para enfrentar sus desafíos, sino que también le proporciona lo que alguna vez le fue arrebatado por equivocas ideas y prácticas: la autoestima.

Celebramos y apoyamos, por ende, la titula­ción de tierras que se lleva a cabo y la nueva legislación anunciada en estos días por el presidente Peña. Se está terminando así la larga angustia de nuestros compatriotas del campo que por mucho tiempo tuvieron que soportar que la tierra sea solo para los ami­gos del poder; ahora, la propiedad es accesi­ble y sin privilegios para nadie.