La Fiscalía y la Policía Nacional investigan el homicidio de un joven de 28 años que se reportó durante la noche de ayer sábado en la ciudad de Capiatá, tras una pelea y balacera entre vecinos. En el percance también resultó herida otra persona, quien se encuentra fuera de peligro. Los principales sospechosos serían un almacenero y su hijo, que están detenidos.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la noche de 19 de setiembre en el asentamiento Divino Niño Jesús del barrio San José de la citada ciudad. Testigos indicaron que se produjo una discusión entre estas personas involucradas y que uno de ellos sacó el arma de fuego y realizó los disparos.

La víctima fatal fue identificada como Ulises Fabián Candia Báez, de 28 años, quien recibió una herida de arma de fuego a la altura del hombro y otra en la cabeza, y falleció en el sitio. Mientras que resultó con heridas Juan Carlos Ferreira Vera, de 35 años, pero ya se encuentra fuera de peligro e internado en un centro asistencial.

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Fueron sindicados como presuntos autores: Porfirio Cabrera, de 52 años, almacenero de la zona, y su hijo Adrián Cabrera, de 23 años. El hombre mayor fue trasladado hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi, ya que se encontraba totalmente golpeado y donde permanece internado con custodia policial.

El Ministerio Público tomó intervención en el caso para esclarecer el trasfondo y las circunstancias exactas que desencadenaron la balacera. Agentes de la comisaría local procedieron a la incautación de imágenes de circuito cerrado de la zona, con las que buscarán determinar la participación de cada uno de los involucrados.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

Este jueves, un hombre de 66 años murió calcinado en un incendio que consumió por completo su precaria vivienda en el departamento de Caazapá. El cuerpo fue hallado por los bomberos tras sofocar las llamas, hasta el momento se presume que el siniestro se habría originado por una colilla de cigarrillo.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy en una vivienda hecha de madera y techo de chapa ubicada en el barrio San Pedro Mi, del distrito de Caazapá. El incendio fue reportado por una persona que pasaba por la zona y de inmediato se movilizó a los bomberos y la Policía Nacional.

En la residencia vivía una sola persona identificada como Jorge Báez Cabañas, de 66 años. Este fue encontrado por los bomberos luego de que sofocaron las llamas y estaban realizando el enfriamiento del sitio. Al realizar la inspección se percataron que el cuerpo estaba en una de las habitaciones.

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De inmediato se comunicó sobre el caso al fiscal Carlos Germán Ramírez, de la Unidad Penal n.° 2 de Caazapá, quien ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción para determinar científicamente la causa de la muerte y luego será entregado a sus familiares.

Así también, se convocó a agentes del departamento de Criminalística de la Policía Nacional, quienes entre las principales hipótesis del incendio apuntan como desencadenante del fuego una colilla de cigarrillo y que se habría originado por un accidente.

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En la localidad de Saltos del Guairá se implementó por primera vez el uso de tobillera electrónica en una persona que tiene un proceso legal por violencia familiar. Sin embargo, los primeros casos dentro del departamento de Canindeyú se usaron en personas que cuentan con prisión domiciliaria en la localidad de Katueté y Puente Kyjhá.

Esta persona fue beneficiada por la Jurisdicción Judicial de Canindeyú mediante el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simec). Se trata de un hombre que fijó como residencia en una vivienda ubicada en el kilómetro 6, que será monitoreado por la Policía Nacional.

“Es la primera vez que estamos recibiendo una persona con tobillera electrónica que guardará arresto domiciliario en nuestra jurisdicción. Estará siendo monitoreada mediante el sistema Simec, cuya oficina está en Alto Paraná”, expresó el comisario Miguel Troche, subjefe del puesto policial, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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La medida fue autorizada por la jueza Erika Chudecki Duarte, del Juzgado Penal de Garantías n.° 5, quien designó que el puesto policial ubicado en el kilómetro 7 se encargue de monitorear a esta persona. “El sistema nos va a avisar en caso de que haya una actividad fuera de lugar del GPS de la persona”, detalló.

Resaltó que en caso de que esta persona tenga algún problema de salud que requiera salir de su casa, su abogado deberá avisar al Juzgado, y desde la institución deberán avisar si está o no autorizado para realizar esa salida. La misma medida se aplica en caso de que fallezca un familiar del procesado.

El primer caso histórico fue en Katueté, en noviembre 2025 para un hombre procesado por violencia familiar, quien al demostrar su insolvencia económica se les exoneró el pago mensual del equipo. El segundo caso fue en Puente Kyjhá en Junio 2026 que involucró a un joven de 23 años, quien mientras portaba el dispositivo fue detenido tras irrumpir en un establecimiento rural.

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