El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.

En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.

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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Battaglia y Jorge Brítez.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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Bolivia lanzó el jueves, en la ciudad de Guayaramerín que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio, ante la expansión de grupos criminales brasileños. Según las autoridades, las bandas armadas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se disputan violentamente el control de corredores para traficar cocaína, lo que ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes de Bolivia.

El gobierno les atribuye una serie de 10 asesinatos perpetrados por sicarios en las últimas semanas, algo inusual en el país de 11,3 millones de habitantes. El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento que el Ministerio de Gobierno boliviano compartió con la AFP.

También incluye un “intercambio táctico de inteligencia” con la Policía Federal de Brasil y cooperación recíproca para capturar a criminales que crucen las fronteras. Se debe “fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades (...) estén más seguras”, dijo durante el lanzamiento del plan el presidente centroderechista Rodrigo Paz, en la pequeña ciudad fronteriza de Guayaramerín, en la región Beni (norte).

El Ministerio de Gobierno considera que Guayaramerín, que vive del comercio con Brasil, es junto con otros poblados una especie de “refugio” de grupos criminales, donde compran inmuebles y asientan a sus miembros. El mandatario también aseguró que impulsaría una cooperación similar con sus otros países vecinos.

Según datos del gobierno, desde que Paz asumió el poder en noviembre se capturaron y expulsaron del país 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según la ONU. Comparte con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros.

Fuente: AFP.

Una comitiva fiscal-policial lleva adelante una serie de allanamientos este jueves en el marco de denuncias por presunta estafa piramidal. En la primera intervención realizada en una vivienda de Loma Pytã de la ciudad de Asunción resultó detenida una mujer identificada como Claudia Elizabeth Villalba Salcedo.

El fiscal a cargo de las intervenciones, Itálico Rienzi, dijo a la 1020 AM que “las víctimas eran atraídas por un jugoso retorno de inversiones”. Mencionó que son ocho las denuncias recibidas, con un perjuicio de aproximadamente 168 millones de guaraníes.

Explicó que captaban personas a quienes “decían vamos a vender agua para los peregrinos en Caacupé” y pedían la suma de G. 3 millones, con la promesa de entregarles G. 5 millones y cuando se les pagaba la primera vez, la segunda requerían un monto mayor y luego “ya no se les pagaba más”, señaló el agente del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

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“Las víctimas de este tipo de hechos quieren una prosperidad fácil. Entonces, son atraídos, engañados, y encantados por este tipo de hechos”, indicó el agente del Ministerio Público tras relatar cómo eran engañadas las víctimas.

La red estaría integrada por la familia de la detenida. La misma se expone a una imputación por estafa agravada, de acuerdo con el fiscal. Con una pena privativa de libertad de hasta 10 años.

Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron documentaciones varias, entre las cuales figuran facturas por montos que oscilan entre 2.000 a 3.000 millones de guaraníes por combustibles; además de documentos de reconocimiento de deudas por 500 millones guaraníes.

En conversación con los medios de comunicación, el fiscal dijo que los afectados podrían ser más, ya que la mujer aprehendida amenazaba a las víctimas por con demandarlas por difamación en caso de realizar la denuncia correspondiente.

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El presidente de Bolivia Rodrigo Paz envió el martes al parlamento un proyecto de ley para atraer inversión extranjera, la primera de un paquete destinado a cambiar las políticas de los gobiernos de izquierda que lo precedieron durante 20 años. El centroderechista Paz, en el poder desde noviembre pasado, se posicionó como un duro crítico de las políticas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Dijo que recibió un país burocrático, corrupto, con millonarias inversiones estatales sin resultados económicos. Comparó al Estado con una “cloaca de dimensiones extraordinarias”. El proyecto de ley de 103 artículos, tiene tres ejes. El primero es “normalizar” al capital privado, debido a que “hoy por hoy la inversión es el hecho atípico en Bolivia”, dijo el martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en rueda de prensa.

Según el gobierno, el porcentaje de inversión extranjera directa en otros países de la región oscila entre el 20 % y 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Bolivia no supera el 2 % o el 3 %. El segundo y tercer eje es crear un sistema de incentivos y de regulación que permita dar seguridad, estabilidad y confianza al inversionista.

Espinoza dijo que el objetivo es dar seguridad jurídica, tras gobiernos izquierdistas que privilegiaron el rol estatal. Morales, por ejemplo, nacionalizó en su gobierno empresas de hidrocarburos, eléctricas, telefónicas, de pensiones y mineras que estaban en manos de capitales extranjeros. A su llegada al gobierno, Paz propuso abrir el país a las inversiones extranjeras occidentales, con la idea de que “la ideología no da de comer”.

Bolivia, con Morales y Arce, fue amigo de Cuba, Venezuela, China y Rusia y se alejó de las inversiones de empresas privadas internacionales. Tras presentar este proyecto de ley de inversiones, el gobierno anunció que enviará próximamente otras leyes estratégicas para la explotación en hidrocarburos, minería, electricidad y litio. Bolivia busca salir de la peor crisis económica de los últimos 40 años.

Fuente: AFP.