Integrantes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A) se movilizarán mañana en rechazo al recorte de presupuesto para Educación, dicha manifestación se realizará frente al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación y Ciencias (Mec) desde las 9:00.
Gabriel Espínola señaló que pedirán el presupuesto acorde a las necesidades para el periodo escolar del 2021. Además, plantearán que prosiga el aumento salarial de los docentes, establecido para este año, que fue postergado a raíz de la pandemia del COVID-19. El total del recorte presupuestario sería de 8%, lo que equivale a cerca de G. 27 mil millones.
Lea también: COVID-19: fin de las fases, pero no de la cuarentena, afirman
“Mañana vamos a desarrollar un mitin reclamando el presupuesto necesario y que se requiere para el desarrollo de políticas educativas, que en perspectiva al 2021 está bastante precario lo que están proyectando desde el Ministerio de Hacienda, que son los que definen los presupuestos para las entidades del Estado”, expresó Espínola en contacto con la 1020 Am.
Condiciones sanitarias
El representante de los docentes estima que una eventual vuelta a las clases presenciales para el 2021 se verá afectada y “en peligro” debido a que se requieren mayores controles de las medidas sanitarias para enfrentar al COVID-19.
“Se requieren condiciones de seguridad y sanitarias. Eso significa instalar lavatorios, insumos y también tener personal para que el espacio sanitario como los baños y salas de clases sean fumigados y desinfectados permanentemente. Aquellos colegios con más de 400 o 500 estudiantes se precisa de otra inversión y esto no está contemplado. Mañana lo vamos a requerir porque estamos seguros de que mejores condiciones de aprendizaje se dan desde lo presencial”, afirmó.
Agregó que además se precisa de un protocolo para el eventual retorno a las clases presenciales desde inicios del 2021, pero que no existe hasta el momento.
“Es necesario asumir responsabilidades para que los compromisos sean efectivos. No tenemos precisado cuándo sería la vuelta a clases. No hemos visto hasta hoy día ningún plan a poco de terminar las actividades del 2020. Desde Educación no hemos tenido ningún tipo de opinión que nos encamine a que se está elaborando un plan de contingencia, el 2021 no es un año cualquiera”, manifestó Espínola.
Estiman que deben ajustar las medidas para poder contar con el documento y volver de manera ordenada para inicios del próximo año. Esperan un retorno positivo para el próximo año, dependiendo siempre de la situación epidemiológica del país.
Dejanos tu comentario
Docentes buscan reformas urgentes para impulsar nivel académico en la FIUNA
Docentes, científicos y académicos de la Facultad de Ingeniería impulsan una propuesta para frenar la caída sostenida de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en los rankings internacionales; además de fortalecer la producción científica, evitar la fragmentación institucional y optimizar las cargas horarias. Con ese objetivo, conformaron el Movimiento Independiente de Docentes (MID) que promueve cambios estructurales profundos.
En un contexto global marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la competencia internacional por el conocimiento; los integrantes del MID sostienen que la Facultad de Ingeniería de la UNA continúa arrastrando problemas estructurales postergados desde hace años y debe iniciar lo antes posible la reforma de sus estatutos.
Entre los principales desafíos, estos profesionales, encabezados por Diego Stalder ingeniero electrónico, doctor en Computación Aplicada por el Instituto de Pesquisas Espaciais INPE (Brasil), e investigador de la FIUNA, identificaron la necesidad de integrar de manera efectiva la docencia, la investigación y la innovación; equilibrar las cargas horarias académicas; y aumentar la cantidad de docentes integrales mediante la agrupación de cátedras y el acceso al escalafón por méritos académicos y científicos.
“Si bien es cierto que la Facultad de Ingeniería ha duplicado la cantidad de graduados entre el 2019 y 2025, este año se llegó a 265 egresados; no obstante, el informe de la Aneaes indica que sólo el 19,05 % de los estudiantes logra graduarse en un plazo razonable, con casos de permanencia que alcanzan hasta 11 años, priorizando la inserción al mercado laboral, y retrasando la presentación y defensa de tesis. Resulta especialmente preocupante que las autoridades no hayan podido identificar las causas de esta situación ni presentar planes de mejoras”, expresó Stalder.
A esta situación se suma la reciente Resolución n.° 142/2026 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que determinó la no acreditación de la carrera de Ingeniería Civil bajo el Sistema ARCU-SUR, el mecanismo oficial de acreditación universitaria del Mercosur y Estados asociados (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que certifica la calidad académica de los programas universitarios.
Sobre este punto, José Colbes, ingeniero electrónico, doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, México), docente e investigador de la UNA, señaló que: “La institución cuenta con estructuras y reglamentos, pero estos no se traducen en prácticas efectivas. La autoevaluación funciona muchas veces como un proceso burocrático previo a las acreditaciones y no como una verdadera herramienta de gestión académica”, sentenció.
Proyecto académico impostergable
En cuanto al Plan Académico 2023, mencionaron que no fue suficientemente socializado con docentes y estudiantes para lograr su implementación efectiva, una falta que los pares evaluadores resaltaron. Además, con el cambio vertiginoso de la tecnología se requieren mecanismos sistemáticos y permanentes de actualización curricular.
Otros temas que consideran urgentes son: la implementación transparente de futuros concursos de escalafonamiento, la consolidación de los ajustes curriculares, el impulso de políticas de innovación, la creación de nuevos programas de posgrado, la participación activa de la universidad en políticas públicas y el fortalecimiento de los proyectos de extensión y vinculación con la sociedad.
Finalmente, señalaron que el MID impulsa una propuesta basada en la pluralidad, la transparencia, la excelencia académica, la innovación, la democracia, la inclusión, la participación y la responsabilidad social, valores que consideran fundamentales para fortalecer el futuro institucional y académico de la facultad. Más info: @mid.fiuna2025 en Instagram.
Dejanos tu comentario
Salario mínimo: IPC no captura el peso de los alimentos
Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.
A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.
Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.
“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.
El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.
Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.
“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.
Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.
El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.
En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.
No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Peña emite decreto para priorizar gastos en salud, educación, seguridad y programas sociales
El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.
Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.
El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.
Leé más: Santiago Peña anuncia que pedirá renovación de mandato de Liana Caballero en el BCP
Regularización de deudas
Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.
También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.
Dejanos tu comentario
Universidad Central del Paraguay realizó jornada científica
Docentes e investigadores de Stanford University, de la Yale School of Public Health y de la Universitat de Barcelona se congregaron en Asunción junto con profesionales y autoridades locales para abordar estrategias innovadoras frente a la tuberculosis y otras enfermedades infeccionas.
La Universidad Central del Paraguay (UCP), en conjunto con la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Justicia, desarrolló una Jornada Científica denominada “Tuberculosis, un problema mayor de salud pública”.
El encuentro reunió a investigadores internacionales de primer nivel, autoridades nacionales y referentes académicos para debatir estrategias innovadoras frente a la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas.
La iniciativa de la UCP se centró en fortalecer la cooperación científica internacional y posicionar al país dentro de la agenda regional de investigación en salud pública. Figuras como el Prof. Dr. Jason Andrews, docente e investigador de Stanford University y referente mundial en enfermedades infecciosas y medicina geográfica, se destacaron en el encuentro.
Asimismo, el Prof. Dr. Julio H. Rosa Croda, docente e investigador de la Yale School of Public Health, una de las voces más reconocidas de la región en tuberculosis en contextos penitenciarios; y el Dr. Alberto García-Basteiro, docente e investigador de ISGlobal Barcelona y de la Universitat de Barcelona, ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre diagnóstico y control de enfermedades infecciosas.
Durante el panel multisectorial de autoridades, el vicerrector de al UCP, Mg. Ing. Luis López Lafuente, destacó el compromiso activo de la institución con el sistema de salud paraguayo y con la investigación científica aplicada a problemáticas reales de la sociedad.
“Actualmente contamos con presencia académica en 43 hospitales regionales del país, con cerca de 1.500 estudiantes realizando prácticas e internados, lo que permite a la institución involucrarse directamente en los desafíos sanitarios nacionales”, expresó.
Agregó que, la universidad “no es una espectadora” en la lucha contra la tuberculosis, sino “parte de la solución”, resaltando el trabajo de los investigadores Dra. Gladys Estigarribia y el Dr. Guillermo Sequera, quienes lideran investigaciones científicas publicadas en revistas internacionales sobre nuevas tecnologías de diagnóstico de tuberculosis en cárceles.
El vicerrector remarcó a la vez el avance de un proyecto de telemedicina en centros penitenciarios desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Justicia, iniciativa que busca ampliar el acceso a médicos y fortalecer la generación de información científica mediante innovación y tecnología aplicada a la salud pública.
Al tiempo de valorar la histórica articulación entre la Universidad Central del Paraguay y la Universidad Nacional de Caaguazú, que permite unir legitimidad territorial, alcance comunitario, innovación y capacidad operativa para generar un mayor impacto social.
Al respecto, el presidente de la ANEAES, Dr. José Fernando Duarte Penayo, celebró la cooperación entre ambas instituciones académicas, por la importancia de promover alianzas estratégicas entre universidades públicas y privadas.
Este tipo de iniciativas fortalece la calidad educativa, la investigación científica y la respuesta a los desafíos del país. El espacio sirvió además para impulsar la conformación de la Red de Investigación en Tuberculosis del Paraguay, que busca fortalecer la articulación científica nacional e internacional en torno a esta problemática.
La agenda también contó con un Simposio Científico sobre Tuberculosis en Prisiones, donde se abordaron temas como screening masivo, dinámica genómica de la infección, adherencia terapéutica y desafíos epidemiológicos en contextos penitenciarios, consolidando así una jornada de alto nivel académico y científico para el Paraguay.
Las autoridades nacionales participantes fueron la ministra de Salud Pública, Dra. María Teresa Barán; el ministro presidente del CONACYT, Prof. Dr. Benjamín Barán; el ministro de Justicia, Dr. Rodrigo Nicora; y el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), Dr. José Fernando Duarte Penayo.