Desde el Ministerio del Ambiente insisten en que necesitan el trámite favorable de la medida cautelar para que la empresa Waltrading SA cese totalmente sus operaciones, a fin de precautelar la situación de la ya contaminada laguna Cerro. Así explicó la abogada Cristina Centurión, encargada de la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio del Ambiente, en conversación con la 1000 AM.

Centurión señaló que estaban efectivamente acreditados todos los elementos que sostienen el argumento de la solicitud de la medida cautelar, recurso presentado de forma autónoma por el Mades. “Y recurrimos a la medida de urgencia porque necesitamos que la firma cese totalmente sus operaciones”, agregó.

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El Juzgado de Luque, a cargo del juez Enrique Inocencio Sanabria Torrez, rechazó ayer martes la medida cautelar de urgencia presentada para el cierre definitivo de la empresa Waltrading por la magnitud del daño causado a la laguna Cerro y otros incumplimientos constatados.

“El juez argumentó que la petición es improcedente, ya que existe actualmente un proceso de averiguaciones dentro del sumario. Pero todo eso hacemos como órgano de aplicación en lo que respecta a las sanciones. Pero nosotros requerimos la medida judicial para clausurar la empresa. El magistrado dijo que él no podía ordenar el cierre definitivo de la empresa”, expuso la abogada Centurión.

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Empresa opera de noche, según denuncias

La funcionaria añadió que precisan de dicha medida judicial para que se clausure de forma total y se prohíba el acceso del personal a las instalaciones. “Porque tuvimos denuncias de vecinos que escuchaban que se trabajaba de noche. De hecho, tampoco ya nos permiten entrar al lugar para constatar la denuncia. Por eso pedimos esta medida de urgencia. Que por lo menos se trate de clausurar lo que respecta a las actividades”, sostuvo.

El Ministerio del Ambiente ya presentó la apelación de la decisión de la Justicia y el caso ya se encuentra en la Sala de Apelaciones, segunda sala de San Lorenzo. Paralelamente, se prosigue con la investigación en el marco del sumario administrativo que estaría concluyendo esta semana.

“Según el propietario de la empresa, ya no realizan tareas, pero nosotros no nos podemos basar en eso. Necesitamos contar con la orden judicial para intimarles todo el tiempo y hacer la supervisión de que efectivamente no trabajan”, culminó.

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