La Policía maneja la hipótesis de que el asalto a una transportadora de electrónicos en la zona del Comité Olímpico pudo tratarse de un “autogolpe”.

Esta sospecha surge atendiendo que los asaltantes se llevaron solo los aparatos de mayor valor y las cajas sustraídas habrían estado marcadas, según datos de los investigadores.

El atraco ocurrió durante la noche del jueves sobre la avenida Ñu Guasu, cuando un camión de encomiendas que transportaba teléfonos celulares y aparatos electrónicos fue interceptado por delincuentes a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, con el avance de las pesquisas, agentes del Departamento de Investigaciones comenzaron a detectar elementos llamativos dentro del esquema de robo.

Obtuvieron información del movimiento que se hizo de las mercaderías y llamó la atención de los investigadores que las mercaderías de más alto valor fueron las hurtadas, habiendo varios artículos dentro del vehículo.

Los asaltantes llevaron solo dos cajas con los aparatos más caros, cuando había varios electrodomésticos, equipos electrónicos y otros celulares de menor valor.

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Con la denuncia de las víctimas confirmaron que había 23 cajas de electrónicos, de los cuales dos cajas contenían los equipos más caros y fueron las que se llevaron.

Otro detalle que llamó la atención de los intervinientes es que algunas cajas presentaban marcas que son analizadas como posibles señales para identificar previamente los productos que debían ser robados.

Al respecto, los investigadores sospechan que los atracadores manejaban información privilegiada sobre el contenido de la carga transportada debido a que dentro de las imágenes del inventario realizado había cajas marcadas, un indicio de que habría sido intencional.

Pese a que la información brindada por el conductor coincide parcialmente con el registro de GPS y algunas imágenes de circuito cerrado, analizan cámaras de seguridad de la zona para poder llegar a los responsables del millonario asalto.

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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.

El presidente de la República, Santiago Peña, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía Nacional, jueces y fiscales para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país, durante el acto de entrega de chalecos antibalas a efectivos policiales y homenaje a magistrados y agentes del Ministerio Público.

En su discurso, el mandatario sostuvo que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo del Paraguay y remarcó que ninguna institución puede enfrentar sola la lucha contra la delincuencia. “Nunca va a haber progreso ni desarrollo si primero no hay seguridad”, expresó Peña, al tiempo de señalar que la seguridad física y jurídica son pilares esenciales para garantizar la paz social y el crecimiento del país.

Asimismo, insistió en la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para combatir al crimen organizado y fortalecer la respuesta de la justicia. “Nadie puede solo”, afirmó el jefe de Estado, al valorar la labor articulada entre el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional, jueces y fiscales. “Es imposible hacerlo sin la colaboración de ustedes”, añadió al dirigirse a representantes del sistema judicial presentes en el acto.

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Peña también resaltó los avances logrados por el Gobierno en materia de seguridad desde agosto de 2023, mencionando la incorporación de nuevos agentes, el fortalecimiento del Grupo Lince y las intervenciones realizadas en centros penitenciarios. Según indicó, actualmente ya fueron incorporados 10.000 nuevos efectivos policiales y otros 5.000 se encuentran en proceso de formación, además de la inversión en equipamientos y mejoras institucionales.

El mandatario aseguró igualmente que uno de los principales desafíos es recuperar y fortalecer la moral dentro de la Policía Nacional. En ese sentido, celebró el creciente interés de jóvenes paraguayos en ingresar a la institución policial. Durante el acto, Peña también reivindicó el rol de jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado y reconoció que el Estado aún tiene “muchas deudas” con el sistema de justicia.

El presidente afirmó que el Gobierno seguirá impulsando acciones conjuntas para responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad. “Estamos enviando un mensaje de unidad y de cuidar a quienes nos cuidan todos los días”, concluyó.

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Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

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