El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Tras hacerse pública la denuncia de presunto acoso sexual por parte de un médico del Hospital General de Lambaré hacia tres médicas residentes del mismo nosocomio, el departamento de asesoría jurídica del Ministerio de Salud resolvió intervenir en el hecho y separar al profesional de blanco de sus funciones.

El director médico del Hospital Distrital de Lambaré, doctor Helmut Segovia, en conversación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, confirmó que la denuncia se presentó el pasado jueves por parte de las médicas residentes y que no existía un antecedente del hecho.

“En el momento en que tomamos conocimiento de la denuncia decidimos realizar una reunión con todas las médicas residentes. Nosotros tenemos 25 residentes, 12 de los cuales son de sexo femenino y el resto es de sexo masculino. Desde que ellas presentaron la nota, ya no volvieron a estar en contacto con el citado médico”, comentó el doctor Segovia. El profesional denunciado realiza guardia dos veces a la semana en el nosocomio lambareño.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

La habitación donde murió Diego Maradona “estaba muy sucia” para una persona “recién operada” y no tenía desfibrilador, testificó este jueves un médico durante el juicio en Argentina para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del astro argentino del fútbol hace cuatro años.

“La casa estaba muy sucia, muy desordenada, especialmente el cuarto, no había ningún tipo de orden o limpieza por lo menos básica para poder tener una persona recién operada”, dijo Colin Campbell, un médico que era vecino de la difunta estrella de la selección argentina y que llamaron para asistirlo antes de que llegaran ambulancias.

Campbell contó que ese 25 de noviembre de 2020, al entrar a la habitación de la casa en el barrio privado de Tigre (provincia de Buenos Aires), encontró a una enfermera haciéndole masaje cardíaco a Maradona (60 años) y a un custodio realizando respiración boca a boca. Al relevar a la enfermera, notó que la temperatura del cuerpo y la rigidez mandibular de la leyenda del fútbol indicaban que “ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo”.

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“Más de una o dos horas seguro”, declaró Campbell a los jueces del tribunal de San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires. El médico fue llamado aquel día a las 12:26 por personal de seguridad del barrio privado porque el astro “se había descompensado”.

Juan Carlos Pinto, otro médico que llegó con la primera ambulancia, confirmó la versión de Campbell al declarar que el paciente ya estaba muerto a su arribo. Pinto relató que fue él quien comunicó la muerte a la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe, y a sus hijas, que ya estaban presentes. “Hacía más de dos horas que estaba muerto”, afirmó.

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“No había nada que pudiera ayudar a una reanimación, no había oxígeno, no había tubos de oxígeno, no había desfibrilador”, detalló Pinto, ratificando la versión de Campbell. Los policías que testificaron hasta ahora afirmaron que no había “elementos médicos” en el cuarto. Maradona, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por una crisis cardiorrespiratoria en su casa en Tigre, donde cumplía internación domiciliaria tras una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, una psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. El juicio se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren unos 120 testigos. Los fiscales aún no dijeron quiénes prestarán testimonio en la próxima audiencia, prevista para el martes. Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.