POR LOURDES TORRES, periodista, lourdes.torres@gruponacion.com.py

Titular del Indert dijo que las 806 hectáreas a ser expropiadas de Marina Cué estaban deforestadas, incluso antes de ser reserva y de la Ley de Deforestación Cero.

Esta semana el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que desafecta 1.700 hectáreas de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, con fines de la reforma agraria, en favor de los ocupantes ilegales. En compensación a esta objeción, inmediatamente después anunciaron la presentación de un nuevo proyecto de ley, pero que esta vez expropia 806 hectáreas, de esta reserva, pero de un área no boscosa. Para conocer en detalle la propuesta, La Nación entrevistó a la actual titular del Indert, Gail Gina González Yaluff, quien explicó las condiciones en que se daría esta nueva expropiación.

–¿El nuevo proyecto de desafectación de tierras de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, ya fue presentado al Congreso Nacional?

–Están preparando el proyecto de ley que plantea que 806 hectáreas aproximadamente sean desmembradas de la superficie mayor, que en principio el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), nos va a transferir; y en compensación nosotros vamos a transferir (al Mades), una zona sí verdaderamente boscosa que bordea el río Aguaray Guasu, en el distrito de Karapã'i, departamento de Amambay, que es una reserva natural en donde existen muchas especies. Inclusive, es el nido del guyra campana, es una zona verdaderamente boscosa.

–¿Esas son tierras del Indert que pasarán al Mades en compensación por la expropiación de Marina Cué?

–Sí es parte del patrimonio del Indert, que fue adquirido, y de hecho ya estamos titulando toda la parte rural, y la planta urbana de toda esa zona, y quedó esa franja que rodea el río Aguaray Guasu, como reserva. Siempre fue reserva y nosotros estamos obligados por ley a transferir al Ministerio del Ambiente para que puedan preservar.

–Entonces, ¿este nuevo proyecto consiste en un “trueque”, de 806 hectáreas de Marina Cué, a cambio de cuántas hectáreas de esta reserva natural?

–Sí son un total de 1.700 hectáreas la reserva, pero de todos modos íbamos luego a transferir estas tierras. Por ello, ya presenté una medida cautelar en el juzgado de Capitán Bado, para preservar esa reserva por cualquier eventualidad.

–¿Qué otros aspectos contempla el nuevo proyecto?

–El nuevo proyecto solamente plantea desmembrar esas 806 hectáreas, atendiendo a que esa fracción de 1.700 hectáreas, cuando fue transferida por la familia Riquelme al Ministerio del Ambiente, ya estaba sin bosques, esa fracción, incluso antes de la Ley de Deforestación Cero. Es lo que tenemos ahí, hubiese querido yo tener todo, para los campesinos, pero es lo que tenemos. Si vamos a entrar a discutir todo el tema legal, vamos a amanecer y no vamos a dar solución a un problema que tenemos de hace mucho tiempo.

–Cuándo habla de expropiar unas 806 hectáreas, esta fracción de tierra, ¿dónde está ubicada, en la parte externa de la reserva, colindante con otras propiedades, o en la parte interna, de la Reserva Yberá?

–La reserva en total tiene 1.700 hectáreas, pero esas 806 están luego sin bosque desde hace muchos años.

–¿Pero dónde está ubicada?

–Ahí en la fracción, alrededor hay bosques, pero también hay sojales, o sea hay zonas totalmente peladas, que están dentro de toda esa fracción de 40 mil hectáreas, por la cual la familia Riquelme había hecho la usucapión.

–¿El actual asentamiento campesino está ubicado dentro de esas 806 Há a ser expropiadas, o se reubicarán?

–Los campesinos están distribuidos en todas las 1.700 hectáreas de la reserva, pero están también en la zona boscosa, pero que no está deforestada. Es una franja donde ellos tienen su escuela, su iglesia, sus casas. Entonces, con ese desprendimiento lo que haríamos es reubicar a ellos en esa fracción que no tiene bosque, con un loteamiento, que ya vamos a realizar cuando tengamos el título. Se nos transfiere, pero con un censo real, que hay que estar en el terreno e identificar casa por casa las familias que van a ser beneficiadas conforme al nuevo proyecto. Eso es lo que les estamos ofreciendo a ellos, ojalá ellos acepten, no va ser tan fácil, pero es lo que se tiene, para que se tenga ya una tranquilidad.

–¿Por qué se optó por expropiar tierras de la Reserva Yberá y no buscar otras alternativas, cuando el Indert tiene otras tierras?

–Tenemos otras tierras, pero este es un tema emblemático, para ellos, en donde ocurrió la muerte de los compatriotas. Y yo considero que es justo que ellos tengan esa oportunidad de ubicarse en ese lugar. Porque es un lugar que se transfirió sin bosques ya, en esa parte. Entonces, considero que corresponde desmembrar esa fracción.

–Algunos sectores ya comienzan a señalar que incluso la nueva propuesta aún sigue siendo antijurídica, justamente por dos aspectos violatorios del estatuto de la reforma agraria: No se puede entregar tierras a invasores… y no se puede expropiar tierras de área silvestre protegida para instaurar una fracción urbana. ¿Analizaron esos puntos?

–En primer lugar, si vamos a hacer historia esas tierras eran públicas, por circunstancias se realizó esa usucapión y ellos obtuvieron una porción más grande, que es todo lo que es Campo Morumbi. La Ley de Deforestación Cero, cuando ellos transfirieron, para que se pueda legalizar su desalojo. O sea que, ellos en un principio estuvieron ahí porque eran tierras públicas. Es una cuestión compleja, y si vamos a hacer historia es todo un tema. La Ley de Deforestación Cero se promulgó en el 2005, cuando eso se promulgó y la familia Riquelme transfiere al ministerio esa área ya estaba deforestada antes de la ley. O sea, no podemos considerar en esa área atenta contra ley, puesto que eso ya no era bosque. Era un campo natural, pastura.

–¿Tienen conocimiento de cuántas familias o personas realmente ocupan esas tierras?, y ¿si realmente se dedican a trabajar como campesinos y no como traficantes de rollos o, peor, marihuana?

–No tenemos así identificados. Marihuana, ¿en dónde?, en la parte pelada, yo soy de Amambay, que yo sepa si van a cultivar marihuana, lo van a hacer debajo del cerro, en los bosques, y no en donde exista población.

–Obviamente en las áreas boscosas restantes, ¿usted mencionó que existen personas habitando en la zona boscosa?

–Se nota en la imagen satelital que ellos están distribuidos en esa fracción, se nota que hay un área que ellos están asentados. Pero lo de la marihuana, nadie va plantar donde hay gente, donde está su vecino. Si existe marihuana no se les puede atribuir a esa gente que está ahí. Mas bien, Campos Morumbi tiene 40 mil hectáreas, entonces, tal vez estén más hacia arriba, no sé. Pero no se le puede atribuir a esa gente el hecho que se esté cultivando marihuana en otra zona.

–Entonces, ¿cuándo iniciarían los trabajos de censo de las familias?

–Nosotros dependemos de la voluntad de los legisladores, de que puedan por ley desmembrar esas 806 hectáreas. Una vez sancionada y promulgada la ley, y pase al dominio del Indert esa propiedad, ahí sí nosotros podemos entrar a hacer el trabajo de censo. Hablan de unas 130 familias aproximadamente, que puede ser menos o un poco más, pero mayor a eso no. Entonces, de acuerdo a esa cantidad se hará la distribución. Estimamos que entre 4 a 4,5 hectáreas le tocaría a cada familia.

–¿Algún comentario final?

–Sólo decir que es un tema social, que todos aquellos que están en mejores condiciones económicas tienen que cooperar con las familias paraguayas para su desarrollo. No podemos mirar de una manera indiferente estos problemas, si bien el Estado es responsable de dar todas las alternativas e infraestructura para que puedan desarrollarse y arraigarse, y no tener que migrar. Para eso el concurso de otras instituciones como el MUVH, el Ministerio de Agricultura, Ande, Essap, los caminos vecinales, porque tienen que estar su centro urbano también, puesto de salud, escuelas, comisaría, todo esto incluye el proyecto general una vez que tengamos el título a nombre del Indert.

Desde la firma Agroganadera Pindó denunciaron que la situación en la estancia del mismo nombre, ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú, por la invasión, deforestación y plantación de marihuana se encuentra totalmente descontrolada. Lamentan la desidia por parte del Gobierno central, hasta con el Instituto Forestal Nacional (Infona), el cual detectó un salvaje tráfico de rollos en la locación.

En conversación telefónica con La Nación, la doctora Margarita Colmán, una de las abogadas de la Estancia Pindó, manifestó que el caso a nivel judicial se encuentra bastante paralizado. “Se realizaron todas las diligencias, en su totalidad. La última orden de expulsión de estas personas data del 19 de febrero del 2020. A partir de este momento quedó estancado porque 15 días después ya tuvimos la pandemia y eso quedó ahí”, mencionó. La profesional en leyes agregó que la idea de la empresa es reflotar dicha orden de desalojo de los ocupantes, para que las autoridades del Gobierno respondan a la necesidad de solucionar esta problemática que ya lleva 9 años.

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Sobre la situación de la ocupación y sus consecuencias, la abogada refirió que se encuentra totalmente descontrolada. Señaló que el rollo tráfico es imparable y que se está quitando lo poco que queda de bosque. “Hay propiedades colindantes, también de la estancia, que fueron atacadas hace 2 meses, destruidas e incendiadas, desde sus cimientos. En el interior de la propiedad, a través de sobrevuelos de drones, se pudo constatar que dentro de los remanentes de bosques hay plantaciones de marihuana. Es prácticamente tierra de nadie”, comentó.

La doctora Colman refirió que están en la espera de respuesta del Gobierno central a la petición del Infona de allanar la propiedad para empezar hacer los estudios para averiguar la gravedad de la deforestación. “Una cosa es ver por imagen satelital, y otra cosa es ver in situ”, señaló.

Con relación a las diligencias que proyectan como representación legal de la firma afectada, la abogada comentó que presentarán todas las documentaciones actualizadas ante la Fiscalía y pedirán que se oficie a la Comandancia de la Policía y al Ministerio del Interior para iniciar la mesa de trabajo para organizar los operativos correspondientes.

“Como es un operativo grande no se puede así nomás ejecutar. Se deben resguardar los accesos de salida de la propiedad para evitar que salgan camiones con los rollos y con la marihuana, por el periodo de un mes. Después de eso, se debe constituir un contingente grande de policías con todo el equipamiento; montada, carros hidrantes, Fope, cascos azules. Hablamos de cerca de 2.000 uniformados”, acotó.

Colmán recordó que son un total de 400 familias que ocupan un predio de 5.499 hectáreas, desde hace ya 9 años, por la desidia e inacción del Gobierno. “En medida de que se siga haciendo la vista gorda y exista contubernio entre policías, funcionarios de la Fiscalía y del Infona de la zona, se tornará más violenta la situación. Nadie hace nada y esa gente está fuertemente armada”, concluyó.

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Labriegos del asentamiento Rosarino, ubicado en la localidad de Maracaná, en el departamento de Canindeyú, denuncian que fueron atacados por civiles armados que habrían sido contratados por personas particulares que señalan ser propietarios de la tierra. Sin embargo, los campesinos aducen que este pedido carece de legitimidad.

La denuncia fue realizada en la sede de la comisaría del distrito de Maracaná por parte de integrantes de la Organización de la Lucha por la Tierra (OLT). Además manifestaron que efectivos de la Policía Nacional los amenazaron con un desalojo violento en el lugar.

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Indican que esta situación ocurre desde el sábado 9 de enero, día en que los civiles armados realizaron disparos intimidatorios contra la comunidad. Mientras que las personas tuvieron que refugiarse en un pequeño bosque y en medio de plantaciones de alimentos ubicados en inmediaciones del sitio.

La denuncia fue realizada en la comisaría de Maracaná por parte de miembros de la comunidad que señalan que la situación se complicó aún más cuando fueron interceptados por estas personas que portaban armas de grueso calibre y dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban por la mañana de este miércoles.

Los afectados manifiestan que policías ingresaron a la comunidad y pretenden desalojar a las familias a la fuerza, explicó. Aparentemente el supuesto dueño es una persona de nacionalidad alemana, que busca vender las tierras a una persona que actúa en complicidad en la zona.

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