El Ministerio del Interior ordenó llevar al mínimo las actividades de sus viceministerios, dependencias y demás oficinas para evitar la propagación del coronavirus entre sus funcionarios.
“El Ministerio del Interior, por instrucciones del presidente Mario Abdo Benítez, se dirige a los viceministerios, direcciones generales y direcciones dependientes de esta cartera de Estado, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”, reza un comunicado emitido este lunes.
Se señala que teniendo en cuenta el considerable aumento de casos que se viene registrando en ciertas áreas del territorio nacional, se toman medidas para evitar la aglomeración de personas.
“Se instruye reducir al mínimo la realización, de forma presencial, de audiencias, reuniones y actos públicos de cualquier índole, y de ser indispensables, que los mismos sean de carácter virtual, a efectos de prevenir la transmisión del virus y, por ende, evitar una mayor expansión de la enfermedad”, refiere.
Se indica además que buscarán asegurar el funcionamiento de todas las dependencias del ministerio, utilizando los métodos de organización interna que garanticen el cumplimiento puntual de los compromisos institucionales.
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Más controles
El ministro del Interior, Euclides Acevedo Candia, alertó sobre el incumplimiento ciudadano de las medidas sanitarias preventivas y la aglomeración de personas en determinados puntos de Asunción y diversas ciudades del interior país.
Ante esto, el secretario de Estado anunció que los fines de semana serán reforzados los controles en la vía pública, tanto en la capital como en las entradas y salidas de localidades, como Areguá, en donde el último fin de semana se pudo observar la presencia masiva de personas sin respetar el distanciamiento físico o el uso de tapabocas, al igual que en las costaneras de Asunción y Encarnación, San Bernardino y en Ciudad del Este, entre otras localidades.
Precisó que el problema no deja de ser inquietante y la solución es compleja porque teóricamente el orden público está a cargo de la Policía Nacional y, en este caso en particular, no hubo violación del orden público, pero sí violación del Protocolo Sanitario, “y la aplicación punitiva de la violación del Código Sanitario o de la Ley del Medio Ambiente está cargo de la Fiscalía”, según puntualizó.
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