La Municipalidad de Santa Elena, en el departamento de Cordillera, inauguró un salón auditorio en el Colegio Nacional San Roque ubicado a seis kilómetros del casco urbano. El acto contó con la presencia del intendente, Miguel Olmedo, concejales y la directora departamental de Educación, Elena Villalba. La ciudad se encuentra a 101 kilómetros de Asunción y cuenta con poco más de 6.800 habitantes.
Desde la comuna aclaran que las obras se realizaron con recursos del Fonacide bajo la modalidad de licitación por concurso de ofertas plurianual 2019/2020. El monto invertido asciende a G. 248.949.500, que corresponde al llamado número 362.980 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En tanto que Olmedo manifestó que cumplió con la presentación del informe del primer semestre 2020, desmintiendo que este documento supuestamente no se exhibió ante las autoridades de Contrataciones Públicas.
“Hice las averiguaciones, me dijeron que uno de los encargados del área no actualizó la información como que no presentó la rendición de cuentas, pero tenemos nuestro acuse de recibo y contraseña que sí presentamos”, expresó Olmedo en contacto con La Nación.
Así también, señalan que ya se realizó la actualización en la página web de la Contraloría General de la República, donde se observa que la comuna de Santa Elena cumplió con el requerimiento del primer informe semestral 2020 en cuanto a uso de recursos del Fonacide.
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“Quiero remarcar que nosotros cumplimos con nuestra rendición de cuentas del primer semestre que sí presentamos. Presentamos en fecha, tiempo y forma. Fue un error de la Contraloría que no actualizó la web por parte del funcionario encargado que estaba de duelo. Ahora ya aparece actualizado”, manifestó Olmedo.
Olmedo agregó que la ciudad cuenta con un total de 10 instituciones educativas en el sector público. “Este año se va a realizar un polideportivo en el Colegio Nacional Santa Elena y un baño sexado para la escuela Luis Fernández. Ya está en etapa de licitaciones”, declaró.
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El maldito Fonacide
- Comentario de Pepa Kostianovsky
No consigo entender este empecinado reclamo de estudiantes, al que adhieren profesores y muchas personas supuestamente informadas, por la derogación del Fonacide.
Ni reunidos con el presidente de la República o el ministro de Educación han conseguido enterarse de que la Ley del Fonacide es un desastre burocrático que por casi diez años viene abortando su función originaria que consistía en que una considerable tajada de las regalías de Itaipú que ingresan en las arcas del Estado fueran asignadas a mejorar las graves deficiencias de la estructura educativa.
Fonacide no consideraba salarios ni cambios de curriculum, iba dirigida exclusivamente a mejorar las instalaciones y mobiliarios de las escuelas y colegios públicos y a enfrentar el problema de desnutrición infantil que afecta aún a varios millones de niños mediante los almuerzos escolares.
Así enunciado, el propósito era auspicioso. Cualquiera que conozca la situación de los edificios y sus equipamientos en los que desde los sanitarios a los techos muchos siguen en condiciones tercermundistas. Y si en la capital y otras ciudades es vergonzoso, en el interior llegan al extremo de calamidad.
Y nadie desconoce la extendida necesidad de mejorar la alimentación de un alto porcentaje de la población infantil.
A la comisión que redactó el proyecto de Ley de Fonacide fueron convocados, conocedores teóricos y prácticos, doctos y legos, algo así como la flor y la nata de la intelectualidad. Lo que se olvidaron de incluir es alguien que conociera los vicios del Estado. Y fue así como le endosaron procedimientos absurdamente burocráticos, que no solo demoraban, muchas veces impedían los trabajos a pesar de que el dinero estaba allí, listo…pero no dispuesto.
Por ejemplo, a alguien se le ocurrió incluir una cláusula por la cual la gobernación o municipio adjudicados estaban impedidos de retirar el dinero SI TENÍAN ALGUNA DEUDA PENDIENTE CON EL ESTADO.
¿Hay algún municipio o gobernación que no adeude al Estado, ya sea por obras públicas o cualquier tipo de servicio? No, por supuesto que no. No pensaron en corregir la ley. Decidieron simplemente que con la venia de la Corte Suprema de Justicia la condición podía ser desplazada. Por supuesto, eso exigía un trámite anual de cada gobernación y municipio ante la Corte.
No sé qué les pasaba a los otros municipios, lo que puedo contarles es que desde el año 2017 duermen en algún cajón de la Corte los sucesivos expedientes de Asunción. Nunca les dieron curso.
Cuando los municipios reclamaban anualmente por las demoras en acceder a sus cuotas anuales, Hacienda respondía que era porque no rendían cuentas del manejo de los fondos de años anteriores. No sé si en los otros era cierto. Pero Asunción concretamente no recibía los fondos porque la Corte cajoneaba sus expedientes.
Cien y doscientas veces, la intendencia y la Junta Municipal de Asunción denunciaron la situación, pero nadie se dio por enterado. Hablamos con el entonces ministro de Educación, con senadoras integrantes de la Comisión de Educación, nos recibieron muy amablemente, pero nadie se inmutó.
Solo tengo espacio para relatar, una vez más, esta desgraciada historia. Pero alguna vez tendríamos que hacer una recopilación de las " penas y quebrantos” que ocasionó Fonacide. Con la esperanza de que los iracundos estudiantes lo lean y se den por enterados de que más que derogada, debería haber sido fusilada hace mucho tiempo.
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Sigue fricción en PLRA: presidentes de Comité rechazan adelantar elecciones internas
Los Consejos de Presidentes de Comité de Central y Cordillera llevaron adelante una reunión el fin de semana, en la que han decidido no acompañar el pedido de la Coordinadora de Intendentes Liberales sobre el adelantamiento de elecciones partidarias.
Ambas organizaciones de dirigentes de base expresaron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes intentan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional. Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una resolución en el pleno de la conducción nacional.
Impedimentos legales
Conforme al comunicado que han emitido en conjunto los dirigentes de Comité de ambos departamentos, exponen como argumento para oponerse al pedido de adelantar las elecciones internas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.
En tal sentido, señalan el artículo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electoral que expresa que se establecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamentales y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en el 2027 con más internas presidenciales.
Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3° que habla del sistema de votación electrónica será utilizada de manera obligatoria. Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justicia Electoral deberá alquilar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene previsto.
A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no prevista en las normativas vigentes, requisito necesario para su aplicación al ser los partidos políticos sujetos de Derecho Público.
En otro apartado del comunicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario. “Estamos a favor porque también venimos analizando de manera permanente la situación del partido, por lo que consideramos que es momento de un análisis profundo de fondo y de forma para realizar todas las modificaciones necesarias de manera a ajustarlo a la realidad actual”, mencionan.
Asimismo, lamentan la falta de un diálogo de representantes de la Coordinadora de Intendentes liberales con las autoridades partidarias de las bases para llevar adelante un petitorio el cual también los afecta directamente.
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
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Arancel Cero: Gobierno aclara dudas de estudiantes en paro
El Archivo Nacional de Asunción fue el punto de encuentro entre las autoridades del gobierno y los representantes de los estudiantes universitarios movilizados que tienen dudas respecto al financiamiento de la ley de Arancel Cero. La jefa de Gabinete, la ministra Lea Giménez, dejó en claro que la fuente más segura para financiar dicha ley es la fuente 10 y que la propia ley, además de la reglamentación, prohíben que los recursos destinados a ese fin, sean disminuidos o reprogramados.
“La garantía y el blindaje está dado en el artículo N.° 2 de la ley N.° 7.264, que dice que dichos recursos serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados. No existe un antecedente en nuestro país en el que se haya puesto este tipo de lenguaje, solamente se utiliza en decretos, pero para que el estudiantado esté tranquilo, se incorporó con acuerdo del Legislativo y el Ejecutivo a pedido de los estudiantes, esta es una ley que blinda el financiamiento la gratuidad”, sostuvo.
Para el Arancel Cero se destinan unos USD 20 millones, monto que representa un valor pequeño en comparación con los USD 15.000 millones con que cuenta el Presupuesto General de la Nación (PGN), señaló Giménez. La ministra explicó que esta ley, al pasar a depender de los recursos del Tesoro, se convierte en un gasto corriente, por lo cual, eventuales episodios de déficit en las recaudaciones fiscales, no le afectarán.
“El Arancel Cero no se ve afectado por el déficit, esto se puede financiar, no existe una herramienta más poderosa para cualquier Estado que el financiamiento de programas y políticas que son con recursos permanentes como lo son los impuestos y la fuente 10″, recalcó. Además, mencionó que en la historia reciente solo se registró déficit fiscal en la pandemia, pero que esto impactó en las inversiones, como obras públicas, no así en el cumplimiento con los gastos corrientes.
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Otros programas
Los estudiantes no solo expresaron su preocupación por el Arancel Cero, sino que también con otros programas que se financian con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La jefa de Gabinete también dio tranquilidad sobre este punto y afirmó que todos los programas en el marco del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), continuarán siendo financiados.
“De los USD 780 millones con que cuenta, ya se asignaron USD 776 millones y eso no se puede cambiar, de ese monto, USD 494 millones se ejecutaron. Todo lo que queda en ese fondo transitorio, todo está ahí y va a seguir ejecutándose en los 22 programas. Ese concepto de que el dinero que teníamos ya no está no existe, porque estos programas están totalmente blindados”, sentenció.
Desde hace un tiempo, el Estado ha iniciado un proceso de absorber todos aquellos programas que resultaron efectivos y que estaban siendo financiados con el Fonacide, esto teniendo en cuenta que este fondo es transitorio. Tal es el caso de “Maestras mochileras”, que dependía de dichos recursos pero que actualmente es financiado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), misma situación se replica con el Arancel Cero, que ahora pasa a depender del Tesoro público, enfatizaron.
Asimismo, Giménez recordó que los recursos del Arancel Cero de este año, ya están depositados en una cuenta del Banco Central del Paraguay (BCP) y aclaró que a esta solo pueden tener acceso las universidades que son parte de la ley.
Mesas de trabajo
Un pedido de los estudiantes fue la unificación de las mesas técnicas de trabajo que fueron conformadas, es decir, la que integran por representantes que serán designados por el Consejo Superior Universitario, la segunda conformada por direcciones de administración y finanzas de cada unidad académica y la tercera compuesta por los estudiantes autoconvocados.
Los universitarios solicitaron que también sean parte de esta mesa todos los sectores que se veían beneficiados con recursos del Fonacide, de modo que quede claro que todos los programas y proyectos seguirán contando con financiación. La respuesta de las autoridades presentes, fue que esta moción será elevada a las dos mesas ya conformadas, debido a que de manera unilateral no se puede plantear la unificación y que verán el mecanismo de trabajo para llevar adelante la propuesta.
“Si esas mesas de trabajo llevan a plantear leyes a futuro que así sea, está abierta esa ventana para diseñar políticas de Estado, que es lo que ustedes quieren y también lo que el Estado quiere, porque actualmente no existen políticas de educación terciaria. La mesa es para trabajar en eso, lo importante es que salga una política sostenible y que nos lleve a otro estadio de desarrollo en lo que respecta a la educación terciaria. Es una visión compartida, de ustedes, de nosotros y del presidente de la República”, refirió Giménez.