Un grupo de mujeres se movilizó para pedir justicia, tras el asesinato de la docente Mariza Concepción Morales Morel, en la mañana de este domingo, en Tobatí, departamento de Cordillera. Las manifestantes marcharon bajo el lema “Ni una menos en Tobatí”.
Alrededor de 30 mujeres que forman parte de la comunidad educativa de Tobatí, sumando allegadas, colegas y vecinas de la maestra pidieron poner fin a la violencia contra las mujeres.
El cuerpo sin vida de la docente fue encontrado en su vivienda, en el barrio Virgen de los Remedios de esta ciudad, hace 8 días, presentando moretones y lesiones. Los restos fueron trasladados hasta la Morgue Judicial, donde el equipo forense descartó un suicidio y señaló que la mujer fue asesinada.
En consecuencia, la fiscala María Angélica Insaurralde ordenó la detención de su pareja que fue identificada como Rubén Cabañas Ruiz, quien fue capturado por personal de la Comisaría 18 de Tobatí. Este, tras cometer el crimen, habría atado el cuerpo de la mujer a la viga para simular un suicidio. El apresado cuenta con antecedentes por abigeato, estafa, violencia familiar y lesión grave.
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El caso de la mujer asesinada conmovió a toda la ciudad de Tobatí. La maestra era muy querida por los estudiantes de la institución, donde además ocupaba el cargo de directora.
La Fiscalía investiga el caso y apunta a que se trataría de un caso de feminicidio. La fiscala señaló que la causa de muerte de la mujer fue asfixia mecánica por ahorcamiento, pero el cuerpo además presentaba una gran cantidad de golpes en el cuello.
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Justicia debe ser implacable con rapiñeros de Municipalidad del Este
El interventor asignado en la Municipalidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a través de licitaciones y comisiones vecinales utilizadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.
Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado intendente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documentada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violentar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la gestión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclusiones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.
Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recepción, firmas creadas sin mayores infraestructuras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involucrada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.
La esencia y el fin de la institución se prostituyeron. Organizaciones de vecinos, esperanzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos operadores de su campaña. Mientras el jefe comunal intenta justificar con errores administrativos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en condiciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.
Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivinaron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas ejecuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excepción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructural no pueden honrar como corresponde.
El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las instituciones de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.
Planillerismo, nepotismo, reparto indiscriminado de contratos, despilfarro en la ejecución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capacidades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?
La ciudadanía esteña merece un administrador municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patrimonio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su presencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.
Pero, además, ningún servidor público sospechoso y que carga sobre sus espaldas fuertes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso desempeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atornillarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.
Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las responsabilidades de sus actos.
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Ejecutivo acompañará eventual endurecimiento de penas para crímenes contra menores
El presidente Santiago Peña expresó su predisposición a acompañar un eventual proyecto para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra menores, tras el asesinato de Melania, la niña de 11 años en el departamento de Caazapá. Aseguró que, si el caso evidencia vacíos en la legislación vigente, no dudará en impulsar los cambios necesarios.
“Si la legislación no está acorde a lo que necesitamos, no tengan la menor duda de que voy a tener la certeza de pedir el aumento de las penas”, afirmó el mandatario, al referirse al crimen que conmocionó al país. Peña subrayó que ya en ocasiones anteriores su gobierno ha promovido iniciativas para sancionar con mayor dureza este tipo de delitos, y sostuvo que volverá a hacerlo si corresponde.
El presidente también ordenó una revisión del proceso judicial que rodeó el caso de Melania, a través de su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta. Indicó que han mantenido conversaciones con el titular de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas institucionales.
“No queremos adelantar si hubo errores en tal o cual lugar, pero lo que no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, señaló. Peña contó además que solicitó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que visite a la madre de la víctima y brinde apoyo institucional.
“No hay posibilidad de contención total para una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel, pero estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó. Con tono firme, el mandatario cerró su mensaje asegurando que dará seguimiento cercano al caso y reiteró su compromiso de actuar si se comprueba que el marco normativo actual resulta insuficiente para proteger a los niños.
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“No podemos permanecer en silencio ante un hecho tan atroz”, sostiene Arzobispado de Asunción
La sociedad no puede permanecer en silencio ante un hecho tan atroz, sostiene el Arzobispado de la ciudad de Asunción sobre el crimen de la niña ocurrido el lunes en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá).
“Alzamos la voz para clamar justicia. No puede haber verdadera paz mientras crímenes tan crueles no sean esclarecidos ni castigados con todo el peso de la ley”, señala el comunicado.
La autoridad de la Iglesia Católica sostiene que el Estado tiene la obligación moral y legal de proteger a los más vulnerables, los más indefensos y desprotegidos.
“Como Iglesia renovamos nuestro compromiso de cuidar, educar y denunciar toda forma de violencia, amenaza o abuso, sobre todo cuando se ensañan con los más pequeños”, dice el documento.
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La postura del Arzobispado concluye con continuar trabajando en unidad por una sociedad donde los niños puedan crecer en paz, protegidos, cuidados y amados.
En la noche del lunes se encontró el cuerpo sin vida de M. M. R. D., una niña de 11 años. Presentaba evidentes signos de violencia sexual y estrangulamiento. El hallazgo se produjo en medio de un yuyal, situado a unos 200 metros de la vivienda de la víctima, en la comunidad de Isla Saka (Yegros).
El sospechoso, identificado como Marcelo Giménez Duarte, ya está detenido. El mismo negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
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Caso Sol Chávez: padres se encadenan frente al Palacio de Justicia exigiendo que se ratifique condena
María Edith Franco y su esposo, padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por supuesta intoxicación de flúor se encadenaron frente al Palacio de Justicia exigiendo que la Cámara de Apelación integrada por Delio Vera Navarro, Jesús Riera y José Waldir Servín, confirme las condenas de 4 y 3 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.
La madre de Sol Chávez señaló: “Estamos nuevamente de vuelta después de casi un mes del último juicio oral para las condenadas Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa y como ellas apelaron, ahora estamos esperando que se confirme la sentencia condenatoria”.
Agregó que “ya se tiene tribunal de apelación para que estudien la apelación de las dos condenadas y nosotros esperamos que se confirme la sentencia dictada hace semanas”.
El pasado 19 de mayo, en un tercer juicio oral y público sobre la pena, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, había condenado a las acusadas a las citadas penas.
Esto fue recurrido por las defensas de las procesadas, no así por la querella adhesiva y por la representante del Ministerio Público, con lo que se dio trámite y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal de Apelación Penal.
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