Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
Se trata de niños brasileños de 6, 8 y 10 años que, según se informó, eran sometidos a crueles torturas y maltratos por sus propios tíos.
Una denuncia anónima posibilitó al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y al Ministerio Público realizar un allanamiento esta madrugada para rescatar a los menores.
De acuerdo a los datos, los niños eran constantemente golpeados con todo tipo de objeto por sus parientes. “Se constató, previa inspección médica, que los menores tienen rasgos de haber sido golpeados con algún objeto contundente, puesto que se encontraron cicatrices viejas y recientes en sus cuerpos”, explicó el Juez de la Niñez y la Adolescencia Elvio Insfrán, quien encabezó el operativo.
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Según el magistrado, los menores relataron con detalles la manera en que eran sistemáticamente sometidos a golpes.
De acuerdo a los datos, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia aplicó medidas de protección y apoyo a favor de los niños consistentes en la guarda provisoria a favor de una persona responsable.
Igualmente, dio intervención al consulado brasileño en la terraza del país a fin de que se inicien los trámites correspondientes para ubicar a la madre de esos menores que, según se informó, vive en la vecina ciudad de Ponta Porá.
Por disposición fiscal, la tía fue detenida y, en las próximas horas, sería imputada por los hechos punibles de lesión grave, violencia familiar y violación del deber del cuidado. Con relación al tío, se encuentra prófugo de la justicia.
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Ministro Diesel habilitó Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín
Con presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, y de los miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo el acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín.
La puesta en funcionamiento de esta sede se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el territorio nacional.
Durante el acto, el ministro Diesel señaló que uno de los objetivos centrales de la máxima instancia judicial es garantizar una justicia ágil, eficiente y cercana. Asimismo, exhortó al equipo de trabajo, liderado por la magistrada Gloria Liz González, a desempeñar sus funciones con atención a las necesidades de la ciudadanía.
A su turno, la jueza de Primera Instancia y encargada del despacho, Gloria Liz González, señaló que la habilitación de la sede judicial representa el fortalecimiento de la presencia institucional del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y refleja el compromiso con el acceso a la Justicia en la zona.
El inmueble, cedido a la Corte Suprema de Justicia mediante un contrato con sus propietarios, albergará las dependencias judiciales destinadas a fortalecer la atención y la prestación de los servicios de justicia en la zona.
Del acto oficial participaron también la intendenta municipal, Marta Santander de Correa, magistrados de diversas localidades, profesionales abogados y representantes de gremios de la región, quienes acompañaron la habilitación de esta nueva sede judicial, que permitirá acercar los servicios de justicia a la ciudadanía de Juan León Mallorquín y de su zona de influencia.
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Denuncian estafa inmobiliaria: ofrecían en alquiler una vivienda sin autorización del dueño
Un hombre denunció este jueves que desconocidos están ofreciendo su vivienda en alquiler sin su autorización. Según manifestó, los responsables incluso promocionan el inmueble a un precio muy inferior al valor real, situación que le genera preocupación y sospechas de una posible estafa.
Desde hace unos meses don Alberto Funes decidió poner en alquiler su vivienda en Asunción mediante una inmobiliaria, pero hace unas semanas vio que la misma propiedad es ofrecida por varias personas que desconoce. Estas comparten fotos y vídeos, pero presume que fueron captadas por personas que se hicieron pasar por clientes.
Además, denunció que retiraron el cartel que fue puesto por la inmobiliaria y que en redes sociales figuran varios números telefónicos, pero que ninguno es de una persona conocida o de la empresa encargada de administrarla. La casa es ofrecida por G. 6 millones al mes en alquiler, sin embargo, los extraños lo están ofreciendo por G. 3 millones.
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“Estas personas muestran todas las dependencias y publicaron fotos de todo tipo, se puede ver que pidieron ingresar a la propiedad para captar las imágenes. Además, comparten una serie de números de teléfonos, intenté hacerme pasar por interesado, pero no tuve retorno”, detalló don Alfonso, en entrevista con canal Trece.
Afirmó que junto a la inmobiliaria ya realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes. “El único requisito que piden estos desconocidos, en las publicaciones que circulan en redes sociales, es que deben abonar los 3 millones de guaraníes y ya la casa estaría disponible para la persona o familia”, indicó.
Confirmó que hasta el momento se desconoce si existen víctimas de estos estafadores e instan a la ciudadanía a realizar la denuncia en la comisaría 15 de Asunción en el caso de que hayan abonado por el falso alquiler para seguir con las investigaciones e intentar dar con los estafadores.
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Casa del Horror sería rematada de manera fraudulenta, según las herederas
La conocida como “Casa del Horror”, por un quíntuple homicidio ocurrido en el sitio en el año 2018, sería subastada este viernes de manera irregular, según denuncia de familiares del fallecido Néstor Andrés Macchi Amarolla.
El inmueble, ubicado sobre la calle Oliva casi Montevideo del barrio La Encarnación de Asunción, iría a remate, en detrimento de las herederas, la viuda y su hija, quienes denunciaron una supuesta manipulación en el sistema informático judicial para llevar a cabo la subasta.
De acuerdo a la denuncia de las afectadas, la jueza Mafalda Cameron Luque dispuso la subasta pública de tres inmuebles a nombre de Macchi Amarilla, entre ellos la “Casa del Horror”. Ante esta situación, la abogada Noelia Núñez presentó hoy una denuncia por prevaricato en contra de la jueza Mafalda Cameron.
La profesional refiere que el inmueble supera un valor de G. 1.200 millones. Sin embargo, la Justicia ordenó que sea subastado en un precio inicial de G. 208 millones, en base a una tasación fiscal. La medida también afecta a otros dos inmuebles.
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La jueza Mafalda Cameron ordenó el pasado 4 de agosto el remate público de los bienes –según la denuncia– a espaldas de las herederas María Marlyn Villagra Cantero y su hija, Marlyn Beatriz Macchi Villagra, ya que ellas no fueron debidamente notificadas.
A través de la abogada, las herederas denuncian “arbitrariedades procesales” y una grave manipulación del sistema informático judicial, ya que el expediente digital habría sido manejado de manera clandestina.
Poco tiempo después de su presentación, el escrito fue borrado u ocultado del sistema informático judicial, sin dejar rastro visible, lamentó la profesional.
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.