Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Comisaría Octava de Minga Guazú reportó un caso de abuso sexual de una niña de diez años ocurrido el 9 de julio pasado a las 10:00 aproximadamente, en el interior de una vivienda. Los autores serían tres varones, menores de edad.
La denuncia fue realizada esta mañana por la madre de la víctima, quien manifestó que el pasado 9, su hija se fue a la casa de su hermana y por el camino fue interceptada por los supuestos autores, siendo llevada a la fuerza del brazo hasta la casa de una señora a quien identificó como Carmen, en cuya vivienda fue violentada la niña.
La madre dijo que tuvo conocimiento del hecho anoche cuando la víctima le contó lo ocurrido. Fue informado de la denuncia el fiscal de turno Édgar Torales. Un primer grupo llegó hasta la Fiscalía para declarar.
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Concepción: niña de 3 años falleció aplastada por estructura de metal en un surtidor
En el departamento de Concepción, una niña de solo 3 años falleció luego de que una estructura metálica le cayera sobre la cabeza en una estación de servicio. La menor, que llegó con su madre a bordo de una moto para cargar combustible, se agarró de la estructura que cayó sobre ella.
Según el reporte policial, el hecho se registró en un surtidor ubicado sobre la calle Teniente 1.° Florencio Gómez en el barrio Centro de la ciudad de Concepción. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que inició una investigación para determinar cómo ocurrió el terrible percance que se cobró la vida de la niña.
El playero que atendía en el surtidor indicó a los intervinientes que tanto la menor como su madre Nancy del Carmen Rojas Vera, de 26 años, llegaron para cargar combustible a bordo de una motocicleta. Ambas descendieron del biciclo para que el hombre pueda realizar su trabajo.
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Mientras esperaban, la niña de 3 años fue hasta donde estaba la estructura de metal tipo arco y comenzó a sujetarse de él. En un momento dado, esta estructura se vino abajo, cayendo sobre la menor. Rápidamente fue auxiliada por el trabajador y otras personas que estaban en el lugar.
La pequeña fue trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción e ingresada a la urgencia donde el doctor Víctor Páez confirmó que ya había llegado sin signo de vida. Según el reporte médico, la muerte fue por un traumatismo de cráneo encefálico grave con posible fractura de la columna cervical.
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Dalia López ya fue trasladada a la Fiscalía y descartan derivarla a centro asistencial
Tras su detención en el barrio Herrera de Asunción, Dalia López presentó un cuadro de inestabilidad, por lo que una ambulancia acudió en su asistencia.
La detenida padece diabetes y al ser inspeccionada no presentó problemas de salud, por lo que se decidió trasladarla a la Fiscalía barrial número dos, descartando que vaya hasta un centro asistencial.
Al respecto, el fiscal Federico Leguizamón indicó que López se encuentra estable y lúcida. Y que la misma manifestó que su fuga se debió a que temía por su vida ante presuntas amenazas.
“Ella va a ser puesta a disposición del Juzgado Penal de Garantías y ya dependería de lo que el juzgado determine”, dijo el agente fiscal a los medios de prensa.
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Confirmó que fueron incautados documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero. “Son documentaciones sobre la empresa y sobre propiedades que le corresponderían”, indicó.
No descartó incluir en la causa a la pareja de Dalia. Dijo que ambos se exponen a un proceso por lavado de dinero, si no pueden justificar los USD 220.000 y los G. 400 millones que fueron hallados en la residencia.
“Ella se mostró muy predispuesta desde un comienzo, dijo que estaba amenazada. No dijo por parte de quien, pero que su rebeldía se debió a que ella temía por su vida porque se sentía amenazada. En cuanto a su salud está estable, está lúcida”, remarcó.
El agente del Ministerio Público aclaró que su participación se limita a la aprehensión, mientras que la causa principal por crimen organizado está a cargo de otros agentes.
“El procedimiento de hoy es al solo efecto de la aprehensión, yo no soy el titular de la causa, es Crimen Organizado. Yo le pasaré todos los antecedentes a mis colegas de Crimen Organizado”, expresó.
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Fiscalía analiza denuncia por intervención equivocada en IPS Ingavi
Una denuncia penal por presunta negligencia médica fue presentada tras un grave hecho ocurrido en el IPS Ingavi, donde una paciente con diagnóstico de cáncer habría sido sometida a la extirpación de la mama incorrecta durante una intervención quirúrgica.
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la familia de Nancy Elizabeth Franco, de 62 años, señaló a la 1020 am que la denuncia apunta contra la médica María Paredes y su equipo, cuestionando tanto el procedimiento realizado como las condiciones profesionales en las que se habría llevado a cabo la cirugía.
Según indicó la representante legal, se tomó conocimiento de manera extraoficial de que la profesional habría obtenido recientemente su título de mastóloga, lo que, de confirmarse, abriría el debate sobre la responsabilidad institucional en la contratación y supervisión del personal médico.
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Por su parte, el fiscal Armin Echeguren, quien interviene en la causa, confirmó a la misma emisora que se trata de un caso en investigación por presunta mala praxis, y que actualmente se están analizando documentos y antecedentes para determinar posibles responsabilidades.
El agente del Ministerio Público también informó que, tras detectarse el error, se procedió a una segunda intervención quirúrgica inmediata con el objetivo de corregir la situación, en medio de un escenario de alta tensión para la paciente.
De acuerdo con los reportes, la mujer habría confrontado a la médica tratante al percatarse de lo ocurrido, evidenciando el impacto emocional y físico derivado del procedimiento.
El fiscal confirmó que la paciente ya fue dada de alta, mientras la investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer eventuales sanciones penales o administrativas en el caso.
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Causa Berilo: condenan a funcionarios y exagente fiscal a dos años de cárcel con suspensión
En el marco de la causa denominada Berilo, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución penal, los funcionarios fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, así como el exagente fiscal Gustavo Ramón Yegros.
El informe del Ministerio Público destaca que los mismos fueron hallados responsables de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y soborno agravado.
En el caso de Gustavo Ramón Yegros, además, fue condenado por cohecho pasivo agravado.
El incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas implicará la revocatoria de la suspensión y la ejecución de la pena privativa de libertad.
El juez penal de garantías n.º 7, Miguel Ángel Palacios Méndez, dictó la condena luego de que los acusados admitieran los hechos atribuidos en su contra.
La causa guarda relación con el denominado Operativo Berilo, que investiga un esquema criminal vinculado al tráfico de drogas desde el departamento de Alto Paraná.
En este proceso también se encuentran acusadas otras 22 personas, entre ellas un exdiputado, quienes deberán enfrentar juicio oral y público.
Yegros, quien se desempeñaba como fiscal en Ciudad del Este, fue acusado de haber recibido la suma de USD 20.000 en concepto de coima durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de las reglas de conducta impuestas, los condenados deberán realizar donaciones a las fundaciones Guadalupe, Asoleu y Rocío Róga, respectivamente, en concepto de reparación social. Asimismo, tienen prohibido cambiar de domicilio, salir del país y deberán comparecer ante el Juzgado en forma trimestral.
La investigación se inició el 5 de abril de 2018, a partir de la interceptación de llamadas, lo que permitió comprobar la existencia de una organización criminal dedicada al acopio y envío de drogas al Brasil.
En este caso, entre estas 22 personas, están procesados Reinaldo “Cucho” Cabaña, y el exdiputado Ulises Quintana, quienes recuperaron su libertad con medidas sustitutivas y aguardarán el juicio oral fuera de la Penitenciaría de Tacumbú.
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